Por Manu Benítez
Mucho se está hablando durante estos días de la deuda y el déficit público en España. La verdad es que no es para menos, pues según los últimos datos oficiales relativos al segundo trimestre del presente año la deuda pública del Estado español superó el 100% sobre el PIB. Dicho de otro modo, por cada euro que produce este país, el Estado está endeudado en otro euro. Una cifra que ha venido aumentando desde el año 2007 de manera galopante, incluso durante la época de moderación presupuestaria, en la que se ha tratado de reducir el déficit paulatinamente, consiguiéndose en parte. La gran pregunta es: si el déficit público está disminuyendo, ¿por qué la deuda sigue aumentando? ¿Son los recortes innecesarios e ineficaces para acabar con la deuda? ¿qué podemos hacer al respecto?
El objeto de este artículo es el de relacionar las dos variables que nos vienen trayendo de cabeza y explicar el motivo de tal comportamiento en las cuentas públicas.
Empecemos por el déficit público. ¿Qué es el déficit? Pues no es más que una situación presupuestaria en la que los ingresos son inferiores a los gastos. En otras palabras, tendremos déficit cuando un sujeto gaste más de lo que ingresa. Por otra parte, cuando se da la situación inversa (el sujeto ingresa más de lo que gasta) estamos en una situación de superávit.
Por lo tanto, el déficit público va a ser el desajuste negativo de los presupuestos públicos. Y aquí tenemos que hablar del presupuesto para entender la siguiente idea: el presupuesto público está constituido por los ingresos públicos y los gastos públicos. Los ingresos públicos pueden venir por dos fuentes: 1) los tributos que cobra el Estado a sus ciudadanos y 2) la deuda pública. Los gastos por su parte se determinan con anterioridad a su ejecución en el presupuesto, detallando las partidas a las que irán destinadas. En principio, ninguna persona con dos dedos de frente querría pedir un préstamo para sufragar sus gastos teniendo dinero disponible. Vemos entonces que la prioridad para cubrir los gastos son los tributos. Esa es la situación ideal, que el Estado se autofinancie con el dinero que sus ciudadanos pagan. El problema surge cuando esas previsiones de ingresos fallan y los ingresos no son los esperados. Entonces el Estado recurre a la segunda vía de financiación: la deuda pública. Pide prestado a los inversores para poder gastar en el presente a cambio de devolvérselo en el futuro con un interés. (Aquí se puede ver la evolución del déficit de España desde 1980)
Y esta es la cuestión clave de porqué aun disminuyendo el déficit sigue aumentando la deuda: el déficit será el ritmo de crecimiento de la deuda, pues la sola existencia del déficit traerá consigo la necesidad de endeudarse. Obviamente, cuando el déficit es del 10% sobre el PIB, el ritmo de aumento de la deuda será mucho mayor que cuando sea del 1%. Pero la deuda seguirá aumentando poco a poco.
Como dije antes, la deuda pública es un dinero que pide prestado es Estado ahora cambio de devolverlo en el futuro junto a un tipo de interés. Ese interés será un gasto que deba acometer el Estado en el futuro, y por lo tanto provocará que el gasto del presupuesto aumente, pudiéndose incrementar de esta forma el déficit público.
Quiero demostrar con esto que la relación déficit-deuda es un círculo vicioso: el déficit genera deuda, la deuda genera intereses, y los intereses generan más déficit. Una situación compleja a la que es necesario poner freno cuanto antes.
A mi juicio, existen tres caminos para atajar esta situación:
- Un incremento de los ingresos públicos, a través de subidas generales de impuestos, cotizaciones sociales, etc.
- Una disminución de los gastos públicos, mediante recortes presupuestarios en diferentes partidas.
- Una combinación de todo lo anterior, que es el camino que ha seguido el último gobierno de España.
El camino a elegir más eficiente desde mi punto de vista es el segundo. Es esencial eliminar el círculo vicioso de la deuda y el déficit, pero no podemos perder de vista que en el momento en el que se suben los impuestos a la renta y al consumo, estamos poniendo en riesgo el consumo privado, y si aumentamos los impuestos a las empresas estamos debilitando los beneficios empresariales y con ellos la inversión, que son los dos ejes fundamentales de una economía de mercado.
A mi parecer la salida óptima a este desajuste sería la reducción drástica del gasto público. La limpieza y la eficiencia deben primar ante todo. España es un país con una administración elefantiásica y sobredimensionada, no solo por ella misma, también por toda la estructura clientelar que la rodea y subsiste enchufada al presupuesto a base de subvenciones y privilegios que no hacen más que prolongar la vida de entes fantasmas que no generar ni riqueza ni bienestar real a la sociedad.
También deberíamos abrir el melón de la gestión de la sanidad y la educación. Es indiscutible que ambos son dos servicios que han de ser universales para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta o riqueza. La cuestión más bien será si el actual modelo de prestación del servicio público es el mejor posible, el más eficiente y el más eficaz. No se trata de impedir que los menos favorecidos dejen de ir a la escuela o al hospital, si no de cuál es mejor medio para que lo hagan en las mejores condiciones tanto para ellos como para la sociedad.
En definitiva, hablar sin tabúes y sin titubeos. Ninguna idea es sagrada, no existe dogma irrefutable. Para poder frenar la espiral en la que nos encontramos tenemos que coger el toro por los cuernos, porque de ello dependerá nuestro bienestar y el de las próximas generaciones.
