Introducción
Termina una peculiar legislatura en España. Con las Cortes disueltas, vamos a repasar algunos de los momentos más significativos que nos ha dado este periodo para tener una perspectiva de cara a las elecciones generales del 29N.
1. Narrativa de una investidura inesperada
Adelanto electoral
Los comicios no tocaban en julio del 2023, pero los malos resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese mismo año hicieron que, al día siguiente, Pedro Sánchez anunciara elecciones en verano. Tras unas extenuantes elecciones municipales y autonómicas, votar de nuevo en verano fue recibido con extrañeza.
Todas fuimos, en cierto modo, Angels Barceló procesando la noticia en directo.
Alberto Núñez Feijóo, con más votos y escaños
En las elecciones de julio de 2023, el Partido Popular fue el más votado: logró el 33% de los votos, sumando 137 parlamentarios. Mientras tanto, el PSOE quedó en segundo lugar, con el 31,6% de los votos y 121 diputados. Alberto Núñez-Feijóo se presentó a la investidura en septiembre con el apoyo de Vox, pero solo ganó el voto de 172 diputados, un respaldo insuficiente para formar gobierno. Fue entonces cuando Pedro Sánchez buscó el apoyo de otros partidos para llegar a la Moncloa. Fue un proceso de meses de negociaciones y pactos.
Sumar fue el principal aliado, con quien pactó acuerdos en materia laboral y salarial. Pactó también con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Coalición Canaria (CC), además de con el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. A estos partidos se sumaron los independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Cataluya (ERC) y Junts per Catalunya, lo cual cristalizó en la futura Ley de Amnistía para los juzgados por el Procés, el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, o las negociaciones en Waterloo.
De esta forma, Sánchez logró los socios suficientes para asegurar su investidura, con los 31 escaños de Sumar, los siete de ERC, los siete de Junts, los seis de EH Bildu, los cinco de PNV, el diputado de BNG y la diputada de Coalición Canaria. Así, con 179 votos a favor y 171 en contra, el 16 de noviembre de 2023, el Pleno del Congreso de los Diputados otorgó el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara a Pedro Sánchez.
Tras lo sucedido, Núñez Feijóo realizó unas declaraciones que ha ido repitiendo durante la legislatura y que quedaron en el recuerdo popular: “No soy presidente del Gobierno porque no me vendo”. A partir de este momento, da comienzo una legislatura que traerá consigo algunos de los sucesos más significativos de la historia reciente de nuestro país.
2. El comienzo de la legislatura: Cataluña y Amnistía
Uno de los eventos con mayor repercusión de esta legislatura fue la entrada en vigor, el 11 de junio de 2024, de la LO 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La norma se aplicaría a los actos llevados a cabo entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. De esta forma, se amnistían la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017, y los disturbios de 2019 tras conocerse la sentencia del procés.
El acuerdo firmado el 9 de noviembre de 2023 entre PSOE y Junts resultó un aspecto clave para que saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo del partido de Carles Puigdemont. Con esta ley serían amnistiados delitos de malversación de caudales públicos y usurpación de funciones, y los actos de desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación quedarían sin efecto, siempre que tengan relación directa con el procés catalán.
Algunos nombres que se beneficiarían de esta ley serían el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresident Artur Mas, ambos condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia de octubre de 2019; además de los huidos de la justicia tras el referéndum de 2017 Carles Puigdemont, Marta Rovira y Anna Gabriel. También se amnistiaría a 50 policías nacionales procesados por las cargas del 1-O en Barcelona.
Por tanto, la Justicia debería aplicar esta medida de forma preferente y urgente, tomando las decisiones en un plazo máximo de dos meses. Los tribunales deberían llevarla a cabo caso por caso, y cada juzgado debería pedir antes la opinión a la fiscalía y al resto de partes personadas en cada procedimiento.
Con esta medida, el Gobierno buscaba la “normalización institucional, política y social en Cataluña”. Mientras tanto, desde la oposición, el Partido Popular defendió que se trataba de un “intercambio de poder” a cambio de “privilegios de impunidad”, reabriendo la polémica sobre su constitucionalidad y la igualdad ante la ley.
La Ley de Amnistía sería uno de los primeros aspectos que marcaría la investidura de Pedro Sánchez en 2023, suponiendo un punto de inflexión en las relaciones del Gobierno con los partidos independentistas, e implantando un debate político y jurídico sobre la normalización de la situación en Cataluña.
3. Política exterior: Oriente Medio y tensiones con Estados Unidos
El reconocimiento del Estado palestino
Uno de los momentos más sonados de esta legislatura en política exterior fue el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Pedro Sánchez.
En una declaración institucional, el pasado 28 de mayo de 2024, el Presidente anunció que “el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina”, todo ello casi un año después de la escalada tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 -casi tres años después, el Ministerio de Salud de Gaza afirma que al menos 1.400 palestinos han muerto a pesar del alto al fuego de 2025-.
Así, España se sumó a los 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como estado. Esto fue concebido desde el Gobierno como la única forma de avanzar hacia la única solución posible para “lograr un futuro de paz”: “un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y seguridad”. De esta forma, España no reconocerá ningún cambio en las líneas fronterizas de 1967 que no responda a un acuerdo entre las partes.
La medida provocó una crisis diplomática con el gabinete de Benjamin Netanyahu, que retiró los embajadores tanto de España, como de Noruega e Irlanda, todos ellos países que se coordinaron en el reconocimiento. Además, el Ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, acusó a España de “incitar el genocidio judío”. Sánchez recordó que España también condenó los atentados de Hamás y aseguró que la decisión se basa en el “respeto al derecho internacional y al orden internacional basada en reglas, lo que nos guía siempre, tanto en Gaza, Palestina, como Ucrania”, reiterando en la exigencia de un alto al fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes.
La cuestión del Sahara Occidental
Contrasta la actitud de este Gobierno sobre Palestina con la del Sáhara Occidental. Las tensiones de España con Marruecos comenzaron en abril de 2021, cuando el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue trasladado a España para recibir asistencia médica. En ese momento comenzaron a circular los rumores sobre su estado de salud.
Según los medios de comunicación, tras ser rechazado en Alemania y con la mediación del presidente argelino, el miércoles 21 de abril llegó a España con pasaporte diplomático argelino y una identidad falsa, y fue el jueves cuando llegó a Zaragoza. Según confirmaron fuentes a elDiario.es, Ghali fue ingresado en Logroño. La Presidencia del RASD informó que el líder ingresó debido a una infección por COVID-19. “El Sr. Ghali ha sido trasladado a España por razones estrictamente humanitarias”, confirmaron fuentes diplomáticas a EFE.
La presencia de Ghali trajo consecuencias en el seno del gobierno de España, con la salida en julio de 2021 de Arancha González Laya del Ministerio de Asuntos Exteriores, y la entrada de José Manuel Albares en su lugar. A la exministra se le cuestionó la decisión de atender al líder del Frente Polisario, que abrió una crisis diplomática que acabó con Marruecos abriendo la frontera y permitiendo la entrada a Ceuta de miles de marroquíes por tierra y mar. Se le reprochó no haber sabido prever la reacción de Marruecos en un momento en el que las relaciones con Rabat ya estaban afectadas.
En este contexto de deterioro en las relaciones bilaterales, el pasado 18 de marzo de 2022, Pedro Sánchez envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que declaraba que “España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, abriendo así una “nueva etapa” en las relaciones con el país.
Fue entonces cuando se firmó una declaración conjunta con varios acuerdos, entre los que figuraba la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, y la recuperación progresiva de la circulación de personas y mercancías. A esto se añadían los preparativos para la operación Paso del Estrecho, el compromiso por construir una relación basada en el diálogo, la transparencia y el respeto mutuo -con una hoja de ruta “duradera y ambiciosa”-, y un refuerzo en materia migratoria, económica, comercial y energética, entre otros. Esta medida trajo como consecuencia una ruptura de las relaciones de Argelia y del Frente Polisario con el gobierno de Sánchez, además de las críticas por parte de la práctica totalidad del arco parlamentario.
Posteriormente, en febrero de 2024 el presidente reafirmó su “común determinación por llevar adelante la hoja de ruta adoptada en 2022”, destacando la organización del Mundial de Fútbol de 2030 y a la evolución positiva tanto de los intercambios comerciales como de las inversiones. A esto añadió la cooperación en programas de migración circular y la lucha contra las redes criminales de migración irregular. En abril de 2025, José Manuel Albares se reunió con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en Madrid, donde hablaron de avances como la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, la cooperación migratoria y la importancia de iniciativas como la Unión por el Mediterráneo (UpM) y el refuerzo de la Vecindad Sur.
En línea con el acercamiento diplomático a Marruecos, en septiembre de 2026 el Congreso aprobó la Proposición de Ley de concesión de nacionalidad española a la población saharaui nacida bajo administración española, y de sus descendientes directos. Esta iniciativa salió con la abstención de PP y Junts y el voto en contra de Vox. El PSOE proporcionó su voto a favor, junto al de Sumar y el resto de socios parlamentarios, en un texto que concede la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. Sin embargo, el adelanto electoral ha disuelto las Cortes cuando la iniciativa se encontraba aún en el Senado, donde el PP introdujo nueve enmiendas para eliminar o modificar partes de la ley.
En este debate destacó la labor de Tesh Sidi, primera saharaui que accede al Congreso de los Diputados en 50 años. En una entrevista para El Pueblo de Ceuta, declaró que la norma no solo se trataba de facilitar el acceso a la nacionalidad de los saharauis que llevan años en España o de corregir situaciones de apatridia, sino también de reconocer una parte de la memoria española que ha estado fuera del debate público durante décadas. Según la diputada, es “la primera ley que emana del propio Parlamento español que reconoce la colonialidad en el Sáhara Occidental y reconoce su memoria”.
La cuestión saharaui es muy relevante para el espacio de la izquierda, como lo es Palestina, y ambas situaciones han generado muchas tensiones internas.
Choques con Donald Trump y la OTAN
A los aspectos de política exterior se suman los choques de Pedro Sánchez con Donald Trump, especialmente en lo concerniente al incremento del gasto en defensa. Frente a las exigencias del líder estadounidense, el presidente socialista se presentó en la cumbre de la OTAN con un mensaje claro: no aumentará hasta un 5% del PIB el gasto en defensa. Entre sus principales argumentos se encontraban que España es el tercer país de la Unión Europea con más efectivos en misiones de la OTAN, y que en los últimos ocho años el gasto en defensa aumentó en más de un 150%.
De esta forma, España determinó que los objetivos militares pueden cumplirse con un gasto aproximado del 2,1% del PIB. Trump calificó a España de “causa perdida”, llegando a plantear una ruptura de las relaciones comerciales. Sin embargo, unas horas después aseguró que el Gobierno de España “se redimió por completo” a la OTAN. A pesar de la negativa española, desde Washington sostienen que todos los aliados de la OTAN deben “pagar su parte” y asumir una mayor responsabilidad en la defensa europea.
Estos choques se incrementaron con el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán en febrero, momento en que el Gobierno español vetó el uso de las bases de Rota y Morón en operaciones militares estadounidenses. Con ello presente, el foco del conflicto sigue en la inversión en defensa y el “no a la guerra” declarado por el líder español.
4. Gestión de crisis y emergencias
La DANA en Valencia
Se trata de uno de los mayores desastres naturales de la historia ocurridos en nuestro país. A finales de octubre de 2024, la Comunitat Valenciana sufrió los mayores daños de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que dejó a su paso más de 200 fallecidos, decenas de desaparecidos y miles de evacuados. En localidades del interior de Valencia se acumularon más de 600 litros por metro cuadrado entre el 29 y el 30 de octubre, lo que constituye más que los niveles de precipitación media anual de muchas zonas. La Rambla del Poyo rozó los 2.000 metros cúbicos por segundo, multiplicando su caudal por seis en apenas dos horas.
Uno de los aspectos más señalados de esta catástrofe fue la falta de previsión. A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología elevó al máximo los niveles de alerta en la mañana del 29 de octubre, cuando llegó el aviso masivo a los móviles por parte de Protección Civil -a las 20:11 horas-, el agua estaba descontrolada en varios puntos, con personas aferradas a los árboles o refugiadas en los tejados de sus casas. A las cifras de fallecidos se suman las 115.000 personas que estuvieron durante días sin agua, sin electricidad, y muchos de ellos, sin casa, negocios, ni vehículos.
El desastre trajo consigo el enfrentamiento político sobre el reparto de competencias. Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, al Gobierno del Estado Español no necesita la previa solicitud de la Generalitat Valenciana para actuar ante una catástrofe de estas dimensiones. Por ello, el Ministerio del Interior dispone de la competencia para enviar a las Fuerzas Armadas a la zona afectada.
En torno al papel de la Generalitat Valenciana, pronto comenzaron a salir datos que revelaban cómo, a pesar de los avisos de la AEMET en días anteriores, el Presidente Carlos Mazón estuvo en una comida con una periodista que se alargó hasta por la tarde, lo que hizo que llegase dos horas tarde a la reunión urgente programada. A esto se añaden las declaraciones de Pedro Sánchez, del día 2 de noviembre: “Si necesita más recursos, que los pida”. Por tanto, el cruce de acusaciones entre el gobierno central y el autonómico, junto a las carencias en la gestión de la catástrofe, pudieron provocar un retraso en la actuación por parte de ambas administraciones.
Este caso trajo consigo la dimisión de Carlos Mazón el pasado 3 de noviembre de 2025, mientras que desde el PP nacional y sus socios parlamentarios, criticaron al Ejecutivo central por no haberse implicado más en la emergencia y haber tomado las riendas de la gestión.
Accidente ferroviario de Adamuz
El 18 de enero de 2026, se produjo en Adamuz uno de los accidentes ferroviarios más graves de nuestra historia reciente. Con 46 víctimas mortales, y más de un centenar de heridos, esta tragedia causó una gran conmoción en todo el país.
El tren Iryo 6189 salió de Málaga en dirección a Madrid a las 18:40, y sobre las 19:43, se produjo el accidente, en el que descarrilaron sus últimos vagones. Segundos después, el Alvia 2348, que se dirigía de Madrid a Huelva, impacta con los vagones descarrilados del Iryo, que invadieron su vía debido al accidente. Sus dos primeros coches caen por un talud de unos cuatro metros, dejando decenas de víctimas mortales y heridos.
En torno a las llamadas, el maquinista del primer tren contacta con la estación de Atocha para informar de que había sufrido un “enganchón” con la catenaria. Aún no es consciente del choque del Alvia con los vagones traseros. El Centro de Regulación y Control de Adif (CRC) recibe una llamada del tren que venía detrás del Iryo, informando de que la catenaria no tenía tensión. Es entonces cuando el CRC trata de contactar con el maquinista del Alvia, con dos llamadas que no reciben respuesta. Finalmente logran contactar con la interventora, quien informa de que tiene un golpe en la cabeza, y que tratará de localizar al maquinista, que resultó ser uno de los 46 fallecidos en el accidente. Minutos después, el maquinista del Iryo llama de nuevo a Atocha e informa del descarrilamiento y de la invasión de la vía contigua. No fue hasta una hora después del accidente cuando llegó el primer despliegue de efectivos al Alvia, tras ser descubierto por el cabo primero del equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil, Arturo Carmona, y el agente Javier Ayala.
Durante la investigación, las autoridades encontraron muescas en las ruedas de los cinco primeros coches del Iryo, y el ministro Oscar Puente afirmó estar buscando marcas parecidas en otros coches que transitaron anteriormente por el tramo de Adamuz. Fue entonces cuando comenzó la pregunta de si este accidente podría haberse evitado, y en su lugar, pedir las correspondientes responsabilidades políticas y administrativas. El Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente documentó una “fractura transversal completa” en el carril derecho de la vía 1, donde se encontraba la soldadura de dos tramos de raíles fabricados en distintas épocas.
Desde el Gobierno afirmaron que la vía donde se produjo el accidente “cumplía rigurosamente todos los protocolos de control y mantenimiento establecidos por las autoridades españolas y europeas”. Sostuvieron que se renovó de manera integral en 2025, con una inversión de 780 millones de euros. Además, en el Ejecutivo nacional acordaron un incremento en 1.800 millones de euros a la inversión en mantenimiento, junto a unas tasas de reposición “no inferiores al 115% en los Presupuestos Generales del Estado” y un fortalecimiento de la Agencia Estatal de Seguridad ferroviaria con 50 profesionales adicionales.
Recientemente, la jueza instructora de la causa decidió unificar la representación y defensa de las acusaciones populares en Vox, “al haber sido la primera acusación popular en personarse”. El presidente de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, censura la gestión del Ministerio de Transportes y reclama que se investigue el estado de la infraestructura, su mantenimiento y la respuesta a las advertencias previas. Este suceso abrió el debate sobre la seguridad de las infraestructuras ferroviarias, mientras la justicia trata de esclarecer lo ocurrido en esa jornada.
La gestión de la DANA y del accidente ferroviario de Adamuz se suman a una larga lista de catástrofes sucedidas estos años, como la pandemia de COVID19, los incendios forestales, las inundaciones en Andalucía, el volcán de la isla de La Palma y los terremotos en Granada.
Crisis migratoria en Ceuta
En el tramo final de la legislatura, y siguiendo con los temas que marcaron la legislatura de Sánchez, encontramos la crisis migratoria en Ceuta.
El pasado 30 de julio de 2026, se produjo la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera de Marruecos para llegar a las calles ceutíes. Mientras que el Gobierno de España situó la cifra en 70.000 personas, desde el Ejecutivo ceutí se llegó a hablar de 80.000 migrantes. A esto se añaden los 141 fallecidos a ambos lados de la frontera de Ceuta que confirmaron las ONG de Marruecos. El origen del episodio se vinculó a una sentencia del Tribunal Supremo sobre las llamadas “devoluciones en caliente”. Según el fallo, no se podía realizar el rechazo en frontera a las personas que llegasen nadando, todo ello al no existir elemento físico que la limitase.
Ya el 27 de julio la Policía Nacional emitió un informe declarando la “entrada masiva a nado de migrantes” vinculada a la sentencia señalada anteriormente. Ese mismo día, el CNI envía un mensaje de WhatsApp al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que terminó dimitiendo de su cargo. El 28 de julio, una nota interna del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) avisa de un posible aumento en las entradas masivas, argumentando una relajación del control fronterizo marroquí con motivo de las festividades por el día del trono.
Al día siguiente, se traslada a la Delegación del Gobierno de Ceuta que se estaban realizando llamamientos para “asalto por valla y mar” en grupos de Facebook de unos 180.000 seguidores. Entonces el CENIF alerta de posibles entradas para el 30 de julio, con una carta de carácter urgente remitida a la inteligencia marroquí. Ese día a las 11:00 horas, el Estado Mayor de la Defensa realiza un informe en el momento de la llegada masiva. El 31, el CENIF obtiene información para mantener la alerta de colapso en riesgo extremo por la entrada de migrantes en ambas ciudades autónomas. Finalmente, desde el 8 hasta el 31 de julio, decenas de miles de personas entraron en cuestión de horas a Ceuta, haciendo de esta la mayor crisis migratoria de la historia de España.
En torno a la respuesta política, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, solicitó al Estado la declaración de emergencia nacional, el incremento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el cierre de la frontera. Entonces, el Ejecutivo pactó con Marruecos agilizar las devoluciones, desplegó al Ejército y realizó el cierre de la frontera. El presidente socialista calificó lo sucedido como una “violación a la integridad territorial” de España, y anunció que se instalarían boyas en el mar que ejercieran de frontera y permitieran las devoluciones de los migrantes. Al día siguiente, desde el Ministerio del Interior cifraron en 50.000 las personas que entraron en la ciudad, y sostuvieron que cerca de 48.300 regresaron al día siguiente a Marruecos.
Desde Moncloa denunciaron la falta de “reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes”, aunque anunciaron que sus autoridades aceptarían las devoluciones de migrantes. Según recoge el informe de la Fundación para la Ciudadanía Global del pasado 10 de septiembre, el gobierno ceutí afirma que aún se encuentran más de 10.000 personas migrantes en situación irregular en Ceuta, cifra que choca con la proporcionada por el gobierno central -4.000 contabilizados solo en centros formales-.
Desde entonces, Ceuta se ha encontrado en una situación de crisis humanitaria, con migrantes asentados en las playas del Trampolín y Benítez, que el pasado 29 de septiembre fueron desalojados por la Policía Nacional y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). A esto se suma el impacto social en la ciudad autónoma, con un absentismo escolar histórico, del 30% de media; y la estrategia de desgaste, consistente en la oferta de lo mínimo indispensable para evitar muertes por inanición o epidemias, que ha provocado el retorno de unas 3.000 personas.
Mientras tanto, Marruecos bloquea la regularización de inmigrantes que se encuentren dentro de Ceuta y Melilla, ya que supondría el reconocimiento implícito de la potestad legal y soberana del Gobierno de España sobre este territorio. Además, sus consulados dilatan la confirmación de la identidad de las huellas dactilares de los adultos que envían las autoridades españolas. La ley española prohíbe expulsar a un ciudadano indocumentado, por lo que se ha cronificado el colapso logístico de la ciudad.
Tras conocerse que Marruecos envió un buque de guerra a aguas ceutíes durante los días de la crisis, el diario ABC ha publicado que una patrullera marroquí accedió a las costas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia, y que permaneció allí durante siete horas, hasta que acudió la Guardia Civil. Esto ha hecho que Alberto Núñez Feijóo reclame a Pedro Sánchez que despliegue la Armada en Ceuta, convoque a la embajadora de Marruecos y que llame al embajador español en Rabat.
Protestas por la vivienda
Todo comenzó con el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en un piso en el distrito de Retiro de Madrid. Llevaba más de 70 años en él bajo un contrato “de renta antigua”, que tras la muerte de su padre, se subrogó en su esposa, y después en Maricarmen. Aunque en los tribunales le dieron la razón a la mujer en un principio, el Tribunal Supremo finalmente falló en favor del inversor. Este fue el cuarto intento de desahucio de Maricarmen desde que la propiedad pasó en 2018 a Urbagestion, empresa que trató de aumentar el alquiler del mismo en un 275%. A pesar de las concentraciones producidas a las puertas del inmueble, finalmente la mujer fue desahuciada el 23 de septiembre y trasladada al hospital.
El 24 y 25 de septiembre se extendieron las protestas por toda España, impulsadas por el Sindicato de Inquilinas; y el día 26 comenzaron a aparecer las primeras tiendas de campaña en la Puerta del Sol. De esta forma, empezaron a reclamarse respuestas inmediatas, y ese domingo 27 de septiembre, Pedro Sánchez compareció, dirigiéndose de forma directa a Maricarmen, y anunciando su intención de llevar ante el Consejo de Ministros un real decreto ley sobre vivienda.
El 29 de septiembre fue cuando el Gobierno presentó dos decretos. El primero de ellos incluía novedades como:
- La limitación temporal de adquisiciones de vivienda por parte de fondos buitre hasta 2028.
- La figura de la enervación frente a los procesos de desahucio, que permite al inquilino paralizar el proceso si abona lo que debe al propietario.
- La regulación del alquiler de temporada y habitaciones para evitar que se utilicen esos formatos para eludir la ley,
- La prórroga extraordinaria para los contratos vigentes de vivienda habitual de hasta dos años. También se limita la actualización anual de las rentas hata el 31 de diciembre de 2027, con un tope del 2% en caso de no superar los índices de referencia.
- Bonificaciones fiscales a los arrendatarios en función de su renta,
- Medidas para impulsar la edifciación,
- Financiación para poder acceder a una primera vivienda con interés tipo cero.
Mientras tanto, el segundo contemplaba la renovación automática de los alquileres, aspecto que no cuenta con el apoyo del PNV y Junts.
Sin embargo, el 2 de octubre los decretos fueron rechazados en el Congreso, con la negativa de PP, Vox y Junts. Este suceso empujó al presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.
El martes 6 de octubre, Sánchez anunció la aprobación de los dos decretos en el Consejo de Ministros. Tras la disolución de las Cortes, toda la actividad parlamentaria queda supeditada a la Diputación Permanente, por lo que el Gobierno tratará de sacarlos adelante mediante este órgano. Lo intentará de esta manera porque en el Pleno la única forma de sacar adelante sus propuestas era sumando los apoyos de PSOE y Sumar con el resto de fuerzas de izquierda y las nacionalistas e independentistas. Sin embargo, en la Diputación Permanente el Gobierno no necesita a Junts para lograr más apoyos a favor que en contra. Y es que este órgano está formado por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Así, los decretos podrían ser consolidados tan solo con los votos a favor de PSOE, Sumar, PNV y el resto de fuerzas de izquierda, sumando 35 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Sin embargo, puede que el segundo decreto no sea aprobado, ya que contó con el rechazo también del PNV.
A estos decretos se incluirán algunas modificaciones, aunque según el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, estos no serán cambios sustanciales, y “en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos”, afirma.
En medio del debate político sobre los decretos, el 7 de octubre, los medios informaron del fallecimiento de Maricarmen en el hospital, antes de poder volver al piso tras haber acordado un nuevo contrato de alquiler con la empresa. La mujer se convirtió en el símbolo de la protesta, y tras su muerte se convocó una marcha en su memoria que recorrió desde la Puerta del Sol hasta la casa en la que vivió durante siete décadas.
Por su parte, otras políticas públicas que merecen atención durante esta legislatura fueron, en primer lugar, la revalorización de las pensiones. Estas se revalorizaron en 2024 con carácter general un 3,8%, tras aprobarse el 27 de diciembre de 2023 un Real Decreto-Ley en esta materia, y que fue convalidado el 10 de enero por el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, cabe destacar la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El 17 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esto supuso una subida del 3,1% respecto al año anterior y un 66% desde 2018.
Por su parte, el 14 de abril de 2026 se aprobó el Real Decreto para realizar una regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que residan en España. Esto hace que personas en situación administrativa irregular y personas solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal si cumplen los requisitos necesarios.
Además, el 16 de septiembre de 2026 se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Esto supuso una refundación del sistema de cuidados con más servicios, más prestaciones y una menor burocracia. Además, la reforma blinda la financiación del sistema de dependencia, e incorpora la obligación de que el Estado asuma el 50% de la inversión.
Con ello señalado, y con el comienzo de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre, estos serían los momentos que más han marcado la legislatura de Pedro Sánchez durante el periodo 2023-2026.
Por Emma Sebastián
