Desde el 15-M, llevamos años debatiendo sobre cómo llevar a cabo una regeneración democrática. Desde propuestas más radicales como la wikidemocracia o el mandato imperativo a propuestas que proponen una reforma de las instituciones políticas para avanzar hacia una “política de cristal”.
Transparencia y rendición de cuentas parece que son dos políticas claras que todos los partidos aceptan naturalmente. Así, es normal publicar las nóminas de nuestros dirigentes políticos, hacer auditorías externas o justificar los gastos de campaña. A regañadientes algunos, van entendiendo que el dinero público es de todos y que la política no puede convertirse en una actividad insultantemente lucrativa.
Sin embargo, en materia de reforma institucional parece ser que hay menos avances. Los partidos siguen siendo reacios a reformar las leyes electorales para cambiar el sistema de reparto de escaños o desbloquear las listas. Además, tampoco se están dando pasos en la dirección de desprofesionalizar la política. La política puede perfectamente ser una forma de sustento para el afiliado de un partido, realizando un cursus honorum por todas las instituciones del Estado y desconectándose, de ese modo, del ciudadano de a pie.
En esta línea, además, los parlamentos (sobre todo los autonómicos) pueden parecernos caros y no merecer un gasto público elevado en sueldos y dietas. Además, de facto, la política parlamentaria sigue en manos de juristas y economistas, como ilustra esta noticia de Europa Press.
Podría existir, sin embargo, una fórmula de buscar la conciliación entre vida laboral y actividad parlamentaria, reducir el gasto de las cámaras, y, a su vez, no depreciar la política: parlamentos a tiempo parcial.
La siguiente propuesta está pensada, sobre todo, para los parlamentos autonómicos. La idea es muy sencilla: que los parlamentos tengan un período de sesiones ordinario de tan solo unos meses, cinco o seis, donde se debatan las leyes principales propuestas y se aprueben los presupuestos. El resto del tiempo, simplemente funcionaría una comisión permanente, como la que se queda en el Congreso una vez convocadas elecciones y disueltas las cámaras.
Concretamente, esta idea funciona en los parlamentos estatales de Estados Unidos. En la Asamblea General de Connectitut existen dos períodos de sesiones: uno largo de cinco meses, cada dos años, para aprobar presupuestos bianuales, y otro corto de tres meses, donde no se aprueban presupuestos. Así pues, sus señorías se reúnen un año cinco meses, al siguiente tres, al otro cinco y terminan la legislatura con una sesión corta de un trimestre.
La Asamblea General de la ONU tampoco se reúne de forma permanente: esta tiene una reunión ordinaria que va de septiembre a diciembre, y puede ser convocada de forma extraordinaria cuando sea necesario.
Este sistema podría ser adaptado a las necesidades de las comunidades autónomas españolas, pues a priori, tiene una serie de ventajas:
- Ahorro del gasto público, al pagar el sueldo y dietas de medio año o unos meses, y no una anualidad entera. Los salarios, además, se podrían mantener a un nivel que dignificase la actividad parlamentaria.
- Compatibilización entre el trabajo y la vida política, manteniendo políticos “conectados” a la sociedad civil y no al aparato del partido. Un político cuyo sustento no dependa de su cargo institucional, que en última instancia depende de las relaciones con su partido, será un político más combativo, más independiente y más dispuesto a rendir cuentas con sus electores, y no solo ante los cabezas del partido.
Y, como todo, el sistema tiene dos inconvenientes: la acumulación legislativa y la confusión entre la vida laboral (y privada) con la parlamentaria.
Respecto del primer problema, en Politikon ya nos advierten que tener un periodo de sesiones corto implica que exista una avalancha de proposiciones de ley que debatir y que el orden por el que se debata termina siendo fundamental. Y para influir en este orden hay toda una legión de lobbystas (el propio autor del artículo es uno de ellos) que busca que la ley impulsada su grupo de presión se debata cuanto antes, para que no se quede para el periodo de sesiones del curso siguiente. Para esto, sería necesaria una regulación fuerte de los lobbys y tener unos órganos parlamentarios que regulen al milímetro los debates para aprovechar bien el tiempo de cada sesión.
Sobre la confusión de la actividad parlamentaria y la profesional, hay que decir que hoy día ya sucede este fenómeno que generalmente termina en delitos de cohecho, prevaricación o malversación de fondos. Actualmente hay una larga lista de cargos públicos que han usado su poder para enriquecerse o beneficiar a amigos, socios o familiares. La pregunta es: ¿compatibilizar trabajo y actividad parlamentaría no fomentaría aún más estas prácticas? La respuesta es que no tiene que haber causalidad o correlación: la corrupción de las instituciones es una cuestión de incentivos y ética personal. Habría que implementar reformas para fomentar la transparencia, para evitar que haya incentivos a la corrupción y para que el votante pueda castigar eficazmente a estos parlamentarios.
Decir que, por último, y siguiendo el ejemplo de Connecticut, en dicho parlamento a tiempo parcial trabajarían una serie de funcionarios que ayudarían al desarrollo legislativo, generalmente politólogos, sociólogos y juristas. La desprofesionalización de la política, junto con períodos más cortos de tiempo para legislar, haría necesarias estos profesionales. Cosa de agradecer viendo la escasa calidad técnica de algunos textos legislativos menores, que necesitan de enmiendas y jurisprudencia prácticamente desde su publicación en el boletín oficial correspondiente.
Bibliografía
http://politikon.es/2015/05/28/aventuras-legislativas-edicion-connecticut/
http://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/full-and-part-time-legislatures.aspx#green
