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La dependencia política

Si bien postulo a la miseria social como la principal forma de precariedad que existe en la sociedad, es menester puntualizar que no por ser parte de lo que Pablo Iglesias Posse hubo llamado burguesía se deja de estar precarizado.

Mi crítica al posmodernismo, cuando estoy en tertulias de bar o escribo comentarios en facebook, acostumbra a ser tan feroz como pueda, pero hay que reconocerle el mérito de que ha puesto encima de la mesa a colectivos y causas que no hubieran sido tomados en cuenta si no hubiera sido por susodicha corriente.

Efectivamente, existen colectivos que por su condición no tienen independencia política. Interpreto este concepto como la capacidad que tiene una ciudadana de ser representada por algún sujeto político de forma normal o, por lo menos, normalizada. Es decir, no es necesaria ninguna puntualización, ni ninguna clase de exposición o manifestación pública para que el hombre-blanco-heterosexual-de clase media se sienta representado. No obstante, parece mentira pensar que hasta la Ley Orgánica 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, el Código Civil no especificaba de forma escrita (y, por lo tanto, no era una ley como tal) que el hombre y la mujer son iguales en derechos y deberes.

El gran mérito de esta ley y de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es que siguió redondeando la maestría constitucional en materia de Derechos Fundamentales y, además, pone de relevancia un problema atroz para nuestra sociedad: Existe una desigualdad social entre el hombre y la mujer desde lo más íntimo de cada casa, es decir, el propio matrimonio, hasta la extroversión, lo que Hannah Arendt, con acierto heleno, llamó ágora: El espacio público donde la mujer vive y se expresa.

A su vez, bajo la capa de esta ley sale adelante otro reconocimiento: Y es que el colectivo LGTBI también tiene pleno derecho a acceder no ya a ese concepto jurídico-civil que es el matrimonio, sino que también tienen derecho a disfrutar de esa intimidad, de ese ámbito social, si lo prefieren, que para nosotras configura el matrimonio.

Por ende, El Partido Socialista debe seguir a este respecto la senda que ha tomado desde el Gobierno de Zapatero. Afortunadamente, hemos superado hace mucho problemas como el racismo o, al menos, la condena social es una condena sin matices. Si bien quedan restos de contaminación en chistes, complejos y prejuicios, nadie se atrevería a legislar contra una raza sin que le cayese encima toda nuestra legislación y toda nuestra repudia. No obstante, surgirán nuevos conflictos, nuevas identidades sociales y, como una consecuencia, nuevos derechos a los que el PSOE debe de estar abierto y, en cualquier caso, ante cualquier género de duda, situarse junto al débil.

De esa forma, conseguiremos que colectivos como el LGTBI sientan la parte política y la representación que entraña ser parte de la ciudadanía; seguir defendiendo la igualdad de derechos de todos los colectivos discriminados sigue siendo una misión ineludible.