A la vista de los últimos resultados electorales y ante incapacidad manifiesta de nuestros partidos de ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno estable, ha sido necesario convocar nuevas elecciones. Nuevas elecciones implican nuevos carteles, nuevas promesas, y nuevos programas. En esto último me centraré a lo largo de estos días: trataré de explicar, de la forma más objetiva posible, en qué consisten los diferentes programas económicos de los principales partidos, sus debilidades, sus fortalezas, y sus puntos de conexión.
Quiero empezar con el PP. La razón: Es el partido saliente del gobierno y la lista más votada el 20-D. Lejos de ser una memoria económica extensa, el PP ha presentado para las elecciones del 26-J un mero recordatorio de su anterior programa, recopilado en el documento “26 medidas para el 26-J”.
A pesar de ser un programa escueto, es variado. Comienza proponiendo medidas para los asuntos que hoy más preocupan a los españoles: el empleo y la empresa. En el programa podemos encontramos sucintamente tanto políticas de oferta (aquellas que inciden sobre los oferentes) como de demanda (aquellas que buscan estimular la demanda del país). Entre las políticas de demanda podemos encontrar algunas como la exención de pago de IRPF para aquellos que encuentren su primer empleo durante el primer año, una bajada generalizada de dos puntos del IRPF o la eliminación del IRPF a aquellas personas que trabajen más allá de la edad de jubilación. Son políticas de demanda porque suponen una reducción de la presión fiscal, con el consiguiente aumento de la renta disponible. Por otro lado, entre las políticas de oferta encontraremos otras tales como la exención, durante los cuatro primeros años, del pago de los primeros 500€ en concepto de Seguridad Social, o extender la tarifa plana de autónomos de 50€ a todos los emprendedores durante el primer año. Este tipo de políticas se caracterizan pues, porque inciden sobre la estructura productiva del mercado, en este caso semiliberalizando temporalmente y suavizando las cargas fiscales a las empresas.
Si bien es cierto que, a mi modo de ver, a pesar de que son medidas que miran en la dirección correcta, son del todo insuficientes por dos motivos:
- Su carácter temporal, que por su propia naturaleza son finitas. Pretenden ser un estímulo a la demanda a corto plazo, un empuje. No obstante, estas medidas a mi juicio deberían ser permanentes. Un aumento de la renta disponible de las personas de forma permanente no solo puede tener efectos favorables en el corto plazo en relación al consumo, sino que también pueden tenerlo en el medio y largo plazo sobre el ahorro, que es la base del crecimiento económico.
- Su falta de consideración con la realidad empresarial. La contratación o no contratación de un trabajador por parte de una empresa depende, entre otras muchas variables, de las expectativas de crecimiento. En un contexto de fragilidad económica, las expectativas no son demasiado elevadas. Por lo tanto, la medida más efectiva para crear empleo es introducir medidas de flexibilización, mitigando así la aversión al riesgo. Si bien es cierto que tales estímulos pueden coadyuvar, no son la esencia de la solución: es necesaria una reforma del Estatuto de los Trabajadores que dote de mucha más autonomía a empresas y trabajadores para fijar las cláusulas del contrato de trabajo. La evidencia empírica nos lo muestra en la actualidad, pues son los países más libres los que tienen mercados laborales más sanos (Dinamarca, Reino Unido, Austria, etc). España tiene dos problemas en su mercado de trabajo graves y duraderos: la dualidad y la temporalidad. Y no son problemas aislados, uno va de la mano del otro. Hay trabajadores sobreprotegidos ante otros que tienen serias dificultades de acceso al mercado de trabajo ante otros que se encuentran en una situación de sobreprotección.
Quería poner el acento también en la breve propuesta que hace el PP sobre la sostenibilidad de las pensiones, un problema que no podemos obviar y cuyas consecuencias sufriremos a largo plazo. Afirma el punto 22 del programa que “Garantizaremos el sistema de pensiones para que sigan subiendo ahora y en el futuro”. Esto es todo un engaño a la población, desconocedora probablemente de la situación del sistema de pensiones, basado en el modelo de reparto en el cual los trabajadores actuales pagan a los pensionistas del momento. Un sistema de estructura piramidal que se convierte en estafa cuando la pirámide de población se invierte, tal y como está previsto que ocurrirá en España para los años 2030-2050. Con el sistema actual, y dadas las previsiones de crecimiento económico, del empleo, de los salarios y la natalidad (actualmente el gasto en pensiones representa en torno al 10% del PIB. Se espera que para 2050 ascienda al 15%), el sistema será por completo insostenible a no ser que se ejecuten medidas de recorte severas en las pensiones de los jubilados, sea por la vía de la reducción real de la cantidad que reciben o bien mediante el establecimiento de impuestos a los propios pensionistas. Quizás sea momento de remangarse y proponer alternativas al sistema consensuado en los pactos de Toledo, e introducir el elemento de la capitalización individual (ahorro personal) en la ecuación. De otro modo, las propuestas son mera retórica y un engaño a la gente.
En definitiva, el programa tiene algunas pinceladas de acierto, pero obvia los problemas estructurales de España, por lo que estamos en condiciones de afirmar que es un programa sin fundamento económico (que no político, ojo) orientado a las necesidades reales de los españoles, sino más bien una especie de lavado de cara psuedoliberal para recuperar los votos perdidos durante estos años tras el expolio fiscal.
