El pasado sábado por fin los titulares pudieron publicar “¡Tenemos Presidente!” y el viernes asistimos al juramento de los nuevos y no tan nuevos Ministros. Después de dos elecciones y más de 300 días con Gobierno en funciones, Mariano Rajoy fue investido por el Parlamento a escasas horas de expirar el plazo establecido por el artículo 99.5 de la CE.
Tras verse fracasa la anterior sesión de investidura de Mariano Rajoy, la Constitución establece un plazo de dos meses máximo para que las Cortes apoyen a un candidato. Dos meses que se han agotado hasta el último día, llegando incluso a presagiar la convocatoria de terceras elecciones.
Sin embargo, las presiones internas y externas al PSOE han modificado la decisión inicial del Comité Federal y del NO es NO pasaron a la abstención sin opción a libertad de votos de los diputados socialistas.
No es éste el artículo donde vayamos a entrar en analizar la decisión tomada por el PSOE, si es correcta o no, o si responde a sus expectativas a medio y largo plazo; ni responde a la pregunta que sirve de título a este análisis. El objeto de este artículo es orientar al lector sobre el complejo contexto político en el que nos encontramos y cómo afecta a la duración de esta recién iniciada XI Legislatura.
¿Y cuánto durará esta legislatura?
Lo primero que debemos tener en cuenta es que el bloqueo era preocupante, pero más lo eran las presiones que venían desde Bruselas. La prioridad del Ejecutivo es aprobar los Presupuestos Generales; el país lleva un año prorrogando los últimos Presupuestos de 2016 lo que perjudica gravemente a las partidas de nuevas inversiones, pensiones y por supuesto cumplir con las reglas fiscales impuestas por la Comisión Europea (el famoso déficit fiscal que España ha incumplido).
Una vez que los Presupuestos hayan sido aprobados, votación que no se presenta nada fácil dada la complejidad del Parlamento y la minoría simple del PP, llega el momento de las estrategias políticas.
En el contexto político actual, es el PP quien tiene el poder de marcas los plazos y decidir cuánto durará esta legislatura.
- En primer lugar, porque estando en el Gobierno la CE (art.115) le facilita al Presidente del Gobierno quien, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede proponer la disolución del Congreso de los Diputados, del Senado o de ambas Cámaras, y la convocatoria de elecciones antes de que concluyan los cuatro años de mandato.
- En segundo lugar, porque tiene enfrente una oposición (PSOE) con graves problemas internos. Que no se encuentra en disposición para ganar unas nuevas elecciones y que debe plantear un debate en profundidad para recuperar el liderazgo en la izquierda.
- En tercer lugar, porque pese a haber conseguido ser investido y formar un Gobierno, la legislatura no se presenta nada fácil. Con un Parlamento fragmentado y enfrentado, sacar leyes y mociones requerirá de un sobresfuerzo de negociación, que francamente ha brillado por su ausencia durante meses y que no avecina ningún cambio al respecto. Pese al acuerdo firmado con Ciudadanos y su apoyo a la investidura, el PSOE ha optado por la abstención más por una cuestión de debate interno que por haber negociado arduamente esta abstención con el PP. El PSOE colaborará en tanto así lo considere la gestora. Con Podemos y grupos nacionalistas, por razones obvias, no habrá negociación alguna.
- En cuarto lugar, no hay que obviar que tanto el PP como el PSOE deben celebrar sus Congresos. El PP lleva posponiendo la celebración de su Congreso desde 2004, y la militancia del PSOE ya exige poner fecha a uno para decidir quién tomará las riendas del Partido. Las fechas de los Congresos marcará las pautas a seguir por los distintos partidos del marco nacional.
- Y en quinto lugar, porque el contexto es aún favorable al PP. Si se hubieran proclamado terceras elecciones, el PP partía como favorito para ganarlas. “Pero no importa tanto ganarlas, sino por cuánto las gano”. El objetivo del “inquilino” de Moncloa es tener y “disfrutar” de la mayor gobernabilidad y estabilidad posible durante su estancia.
Los Presupuestos Generales, que deberán estar aprobados antes el 31 de diciembre de este año, más el “apaciguamiento de las aguas”, obligaran al Ejecutivo a permanecer en Moncloa mínimo un año hasta la aprobación de los siguientes Presupuestos. Cuanto días más decida quedarse dependerá de “cómo bailen los números de las encuestas a su favor”.
