A raíz del artículo publicado en esta misma casa por el nuevo compañero Juan R. Jiménez (al que quiero agradecer la publicación de un artículo de tanta calidad), he sentido la necesidad de echar una ojeada sobre la situación laboral en España. No en vano, la situación que describe Juan es contradictoria con los mensajes que nos llegan constantemente desde el Gobierno. Por ello, he decidido buscar los datos por mi cuenta, extraer mis propias conclusiones y compartirlas para enriquecer (o al menos intentarlo) el debate público sobre este tema.
España es un país laboralmente disfuncional. Para comprobar la veracidad de esta afirmación no hay más que mirar nuestro pasado y comprobar que la tasa media de paro desde los años 80 hasta hoy se ha situado en torno al 18%. Entre otras causas[1], a mi juicio la que más valor tiene es la ineficiente y rígida legislación laboral, rémora del franquismo, que interviene demasiado en las relaciones laborales, decidiendo el Estado de esta manera lo que está bien y lo que no en materia de trabajo, y obviando en muchas ocasiones las realidad económica que, como es evidente, es infinitamente más amplia que la regulación jurídica, por muy extensa que sea casuística que esta pretenda establecer.
Entonces, en situaciones de crisis, la tasa de desempleo se dispara. En el primer trimestre de 2013 llegamos a alcanzar, según la EPA, una tasa de casi el 27%. Es decir, de cada 100 personas que buscaban un trabajo, casi 27 no eran capaces de conseguirlo. El trabajo es un factor productivo más, un servicio humano fundamental para los procesos productivos por lo que, si la cantidad de trabajadores disponibles en el mercado se dispara, la remuneración que estos estén dispuestos a recibir deberá disminuir necesariamente.
A simple vista, una primera conclusión que podemos extraer es que los trabajadores son un colectivo fuertemente castigado por la crisis, y es una conclusión cierta que Juan seguramente compartirá conmigo. No obstante, no han sido solo los trabajadores los que han sufrido. También las empresas han sufrido fuertes varapalos. Y es que la desastrosa regulación laboral provocaba que los costes laborales, aun aumentando el número de trabajadores en paro, se dispararan durante la crisis. Con una legislación laboral rígida como la que hemos tenido históricamente (tímidamente flexibilizada en 2012) y unos fuertes impuestos sobre el trabajo hemos conseguido exactamente lo contrario a lo que debería haber ocurrido. Y podríamos pensar que, a priori, esto podía ser beneficioso para los trabajadores ocupados[2]. Nada más lejos de la realidad: tal rigidez no trajo más que una sucesión de quiebras masivas, perdiéndose durante la crisis más de 300.000 empresas[3]. Para más inri, el valor de la producción durante estos años ha sido volátil e inestable, situándose en terreno negativo durante los primeros años de la crisis y durante la mitad de la misma.
Esto hace que las cosas no sean blancas o negras. No podemos concluir que las empresas se aprovechan de los trabajadores porque en muchas ocasiones, las situaciones de ilegalidad que denuncia Juan suponen una necesidad de supervivencia más que un abuso, determinado por la necesidad de competir en un mercado dañado y rígido. Paradójicamente, si aplicáramos rigurosamente la legislación laboral «protectora» de los trabajadores destruiríamos muchos más puestos de trabajo.
Dicho esto, también hemos de señalar un dato importante: en España se está creando empleo a un buen ritmo. No será hasta que consigamos reducir el paro a niveles como los de Alemania, EEUU o Irlanda cuando consigamos empoderar al trabajador de una forma efectiva. Pero para ello necesitamos dos cuestiones fundamentales: 1) Flexibilidad en las relaciones laborales para poder ajustar la realidad empresarial a las necesidades del mercado y 2) atraer flujos de inversión empresarial a nuestro país, para que aumente la demanda de trabajo y poder acabar con la bolsa de parados tan grande que tenemos. No será hasta entonces que no consigamos acabar con las horas extraordinarias no remuneradas.
[1] El modelo productivo, los impuestos al trabajo, etc.
[2] Podríamos pensar que esta situación les beneficia en tanto los costes laborales se traducen en buenos salarios que les permiten consumir.
[3] Fuente: DIRCE. Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España. 2015.
