Introducción

Termina una peculiar legislatura en España. Con las Cortes disueltas, vamos a repasar algunos de los momentos más significativos que nos ha dado este periodo para tener una perspectiva de cara a las elecciones generales del 29N.

1. Narrativa de una investidura inesperada

Adelanto electoral

Los comicios no tocaban en julio del 2023, pero los malos resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese mismo año hicieron que, al día siguiente, Pedro Sánchez anunciara elecciones en verano. Tras unas extenuantes elecciones municipales y autonómicas, votar de nuevo en verano fue recibido con extrañeza.

Todas fuimos, en cierto modo, Angels Barceló procesando la noticia en directo.

Alberto Núñez Feijóo, con más votos y escaños

En las elecciones de julio de 2023, el Partido Popular fue el más votado: logró el 33% de los votos, sumando 137 parlamentarios. Mientras tanto, el PSOE quedó en segundo lugar, con el 31,6% de los votos y 121 diputados. Alberto Núñez-Feijóo se presentó a la investidura en septiembre con el apoyo de Vox, pero solo ganó el voto de 172 diputados, un respaldo insuficiente para formar gobierno. Fue entonces cuando Pedro Sánchez buscó el apoyo de otros partidos para llegar a la Moncloa. Fue un proceso de meses de negociaciones y pactos.

Sumar fue el principal aliado, con quien pactó acuerdos en materia laboral y salarial. Pactó también con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Coalición Canaria (CC), además de con el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. A estos partidos se sumaron los independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Cataluya (ERC) y Junts per Catalunya, lo cual cristalizó en la futura Ley de Amnistía para los juzgados por el Procés, el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, o las negociaciones en Waterloo.

De esta forma, Sánchez logró los socios suficientes para asegurar su investidura, con los 31 escaños de Sumar, los siete de ERC, los siete de Junts, los seis de EH Bildu, los cinco de PNV, el diputado de BNG y la diputada de Coalición Canaria. Así, con 179 votos a favor y 171 en contra, el 16 de noviembre de 2023, el Pleno del Congreso de los Diputados otorgó el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara a Pedro Sánchez. 

Tras lo sucedido, Núñez Feijóo realizó unas declaraciones que ha ido repitiendo durante la legislatura y que quedaron en el recuerdo popular: “No soy presidente del Gobierno porque no me vendo”. A partir de este momento, da comienzo una legislatura que traerá consigo algunos de los sucesos más significativos de la historia reciente de nuestro país. 

2. El comienzo de la legislatura: Cataluña y Amnistía

Uno de los eventos con mayor repercusión de esta legislatura fue la entrada en vigor, el 11 de junio de 2024, de la LO 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La norma se aplicaría a los actos llevados a cabo entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. De esta forma, se amnistían la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017, y los disturbios de 2019 tras conocerse la sentencia del procés.

El acuerdo firmado el 9 de noviembre de 2023 entre PSOE y Junts resultó un aspecto clave para que saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo del partido de Carles Puigdemont. Con esta ley serían amnistiados delitos de malversación de caudales públicos y usurpación de funciones, y los actos de desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación quedarían sin efecto, siempre que tengan relación directa con el procés catalán. 

Algunos nombres que se beneficiarían de esta ley serían el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresident Artur Mas, ambos condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia de octubre de 2019; además de los huidos de la justicia tras el referéndum de 2017 Carles Puigdemont, Marta Rovira y Anna Gabriel. También se amnistiaría a 50 policías nacionales procesados por las cargas del 1-O en Barcelona. 

Por tanto, la Justicia debería aplicar esta medida de forma preferente y urgente, tomando las decisiones en un plazo máximo de dos meses. Los tribunales deberían llevarla a cabo caso por caso, y cada juzgado debería pedir antes la opinión a la fiscalía y al resto de partes personadas en cada procedimiento. 

Con esta medida, el Gobierno buscaba la “normalización institucional, política y social en Cataluña”. Mientras tanto, desde la oposición, el Partido Popular defendió que se trataba de un “intercambio de poder” a cambio de “privilegios de impunidad”, reabriendo la polémica sobre su constitucionalidad y la igualdad ante la ley. 

La Ley de Amnistía sería uno de los primeros aspectos que marcaría la investidura de Pedro Sánchez en 2023, suponiendo un punto de inflexión en las relaciones del Gobierno con los partidos independentistas, e implantando un debate político y jurídico sobre la normalización de la situación en Cataluña. 

3. Política exterior: Oriente Medio y tensiones con Estados Unidos

El reconocimiento del Estado palestino

Uno de los momentos más sonados de esta legislatura en política exterior fue el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Pedro Sánchez. 

En una declaración institucional, el pasado 28 de mayo de 2024, el Presidente anunció que “el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina”, todo ello casi un año después de la escalada tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 -casi tres años después, el Ministerio de Salud de Gaza afirma que al menos 1.400 palestinos han muerto a pesar del alto al fuego de 2025-.

Así, España se sumó a los 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como estado. Esto fue concebido desde el Gobierno como la única forma de avanzar hacia la única solución posible para “lograr un futuro de paz”: “un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y seguridad”. De esta forma, España no reconocerá ningún cambio en las líneas fronterizas de 1967 que no responda a un acuerdo entre las partes.

La medida provocó una crisis diplomática con el gabinete de Benjamin Netanyahu, que retiró los embajadores tanto de España, como de Noruega e Irlanda, todos ellos países que se coordinaron en el reconocimiento. Además, el Ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, acusó a España de “incitar el genocidio judío”. Sánchez recordó que España también condenó los atentados de Hamás y aseguró que la decisión se basa en el “respeto al derecho internacional y al orden internacional basada en reglas, lo que nos guía siempre, tanto en Gaza, Palestina, como Ucrania”, reiterando en la exigencia de un alto al fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes. 

La cuestión del Sahara Occidental

Contrasta la actitud de este Gobierno sobre Palestina con la del Sáhara Occidental. Las tensiones de España con Marruecos comenzaron en abril de 2021, cuando el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue trasladado a España para recibir asistencia médica. En ese momento comenzaron a circular los rumores sobre su estado de salud. 

 Según los medios de comunicación, tras ser rechazado en Alemania y con la mediación del presidente argelino, el miércoles 21 de abril llegó a España con pasaporte diplomático argelino y una identidad falsa, y fue el jueves cuando llegó a Zaragoza. Según confirmaron fuentes a elDiario.es, Ghali fue ingresado en Logroño. La Presidencia del RASD informó que el líder ingresó debido a una infección por COVID-19. “El Sr. Ghali ha sido trasladado a España por razones estrictamente humanitarias”, confirmaron fuentes diplomáticas a EFE. 

La presencia de Ghali trajo consecuencias en el seno del gobierno de España, con la salida en julio de 2021 de Arancha González Laya del Ministerio de Asuntos Exteriores, y la entrada de José Manuel Albares en su lugar. A la exministra se le cuestionó la decisión de atender al líder del Frente Polisario, que abrió una crisis diplomática que acabó con Marruecos abriendo la frontera y permitiendo la entrada a Ceuta de miles de marroquíes por tierra y mar. Se le reprochó no haber sabido prever la reacción de Marruecos en un momento en el que las relaciones con Rabat ya estaban afectadas. 

En este contexto de deterioro en las relaciones bilaterales, el pasado 18 de marzo de 2022, Pedro Sánchez envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que declaraba que “España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, abriendo así una “nueva etapa” en las relaciones con el país. 

Fue entonces cuando se firmó una declaración conjunta con varios acuerdos, entre los que figuraba la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, y la recuperación progresiva de la circulación de personas y mercancías. A esto se añadían los preparativos para la operación Paso del Estrecho, el compromiso por construir una relación basada en el diálogo, la transparencia y el respeto mutuo -con una hoja de ruta “duradera y ambiciosa”-, y un refuerzo en materia migratoria, económica, comercial y energética, entre otros. Esta medida trajo como consecuencia una ruptura de las relaciones de Argelia y del Frente Polisario con el gobierno de Sánchez, además de las críticas por parte de la práctica totalidad del arco parlamentario. 

Posteriormente, en febrero de 2024 el presidente reafirmó su “común determinación por llevar adelante la hoja de ruta adoptada en 2022”, destacando la organización del Mundial de Fútbol de 2030 y a la evolución positiva tanto de los intercambios comerciales como de las inversiones. A esto añadió la cooperación en programas de migración circular y la lucha contra las redes criminales de migración irregular. En abril de 2025, José Manuel Albares se reunió con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en Madrid, donde hablaron de avances como la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, la cooperación migratoria y la importancia de iniciativas como la Unión por el Mediterráneo (UpM) y el refuerzo de la Vecindad Sur.

En línea con el acercamiento diplomático a Marruecos, en septiembre de 2026 el Congreso aprobó la Proposición de Ley de concesión de nacionalidad española a la población saharaui nacida bajo administración española, y de sus descendientes directos. Esta iniciativa salió con la abstención de PP y Junts y el voto en contra de Vox. El PSOE proporcionó su voto a favor, junto al de Sumar y el resto de socios parlamentarios, en un texto que concede la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. Sin embargo, el adelanto electoral ha disuelto las Cortes cuando la iniciativa se encontraba aún en el Senado, donde el PP introdujo nueve enmiendas para eliminar o modificar partes de la ley.

En este debate destacó la labor de Tesh Sidi, primera saharaui que accede al Congreso de los Diputados en 50 años. En una entrevista para El Pueblo de Ceuta, declaró que la norma no solo se trataba de facilitar el acceso a la nacionalidad de los saharauis que llevan años en España o de corregir situaciones de apatridia, sino también de reconocer una parte de la memoria española que ha estado fuera del debate público durante décadas. Según la diputada, es “la primera ley que emana del propio Parlamento español que reconoce la colonialidad en el Sáhara Occidental y reconoce su memoria”. 

La cuestión saharaui es muy relevante para el espacio de la izquierda, como lo es Palestina, y ambas situaciones han generado muchas tensiones internas.

Choques con Donald Trump y la OTAN

A los aspectos de política exterior se suman los choques de Pedro Sánchez con Donald Trump, especialmente en lo concerniente al incremento del gasto en defensa. Frente a las exigencias del líder estadounidense, el presidente socialista se presentó en la cumbre de la OTAN con un mensaje claro: no aumentará hasta un 5% del PIB el gasto en defensa. Entre sus principales argumentos se encontraban que España es el tercer país de la Unión Europea con más efectivos en misiones de la OTAN, y que en los últimos ocho años el gasto en defensa aumentó en más de un 150%. 

De esta forma, España determinó que los objetivos militares pueden cumplirse con un gasto aproximado del 2,1% del PIB. Trump calificó a España de “causa perdida”, llegando a plantear una ruptura de las relaciones comerciales. Sin embargo, unas horas después aseguró que el Gobierno de España “se redimió por completo” a la OTAN. A pesar de la negativa española, desde Washington sostienen que todos los aliados de la OTAN deben “pagar su parte” y asumir una mayor responsabilidad en la defensa europea. 

Estos choques se incrementaron con el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán en febrero, momento en que el Gobierno español vetó el uso de las bases de Rota y Morón en operaciones militares estadounidenses. Con ello presente, el foco del conflicto sigue en la inversión en defensa y el “no a la guerra” declarado por el líder español.

4. Gestión de crisis y emergencias

La DANA en Valencia

Se trata de uno de los mayores desastres naturales de la historia ocurridos en nuestro país. A finales de octubre de 2024, la Comunitat Valenciana sufrió los mayores daños de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que dejó a su paso más de 200 fallecidos, decenas de desaparecidos y miles de evacuados. En localidades del interior de Valencia se acumularon más de 600 litros por metro cuadrado entre el 29 y el 30 de octubre, lo que constituye más que los niveles de precipitación media anual de muchas zonas. La Rambla del Poyo rozó los 2.000 metros cúbicos por segundo, multiplicando su caudal por seis en apenas dos horas. 

Uno de los aspectos más señalados de esta catástrofe fue la falta de previsión. A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología elevó al máximo los niveles de alerta en la mañana del 29 de octubre, cuando llegó el aviso masivo a los móviles por parte de Protección Civil -a las 20:11 horas-, el agua estaba descontrolada en varios puntos, con personas aferradas a los árboles o refugiadas en los tejados de sus casas. A las cifras de fallecidos se suman las 115.000 personas que estuvieron durante días sin agua, sin electricidad, y muchos de ellos, sin casa, negocios, ni vehículos. 

El desastre trajo consigo el enfrentamiento político sobre el reparto de competencias. Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, al Gobierno del Estado Español no necesita la previa solicitud de la Generalitat Valenciana para actuar ante una catástrofe de estas dimensiones. Por ello, el Ministerio del Interior dispone de la competencia para enviar a las Fuerzas Armadas a la zona afectada.

En torno al papel de la Generalitat Valenciana, pronto comenzaron a salir datos que revelaban cómo, a pesar de los avisos de la AEMET en días anteriores, el Presidente Carlos Mazón estuvo en una comida con una periodista que se alargó hasta por la tarde, lo que hizo que llegase dos horas tarde a la reunión urgente programada. A esto se añaden las declaraciones de Pedro Sánchez, del día 2 de noviembre: “Si necesita más recursos, que los pida”. Por tanto, el cruce de acusaciones entre el gobierno central y el autonómico, junto a las carencias en la gestión de la catástrofe, pudieron provocar un retraso en la actuación por parte de ambas administraciones. 

Este caso trajo consigo la dimisión de Carlos Mazón el pasado 3 de noviembre de 2025, mientras que desde el PP nacional y sus socios parlamentarios, criticaron al Ejecutivo central por no haberse implicado más en la emergencia y haber tomado las riendas de la gestión.

Accidente ferroviario de Adamuz

El 18 de enero de 2026, se produjo en Adamuz uno de los accidentes ferroviarios más graves de nuestra historia reciente. Con 46 víctimas mortales, y más de un centenar de heridos, esta tragedia causó una gran conmoción en todo el país.

El tren Iryo 6189 salió de Málaga en dirección a Madrid a las 18:40, y sobre las 19:43, se produjo el accidente, en el que descarrilaron sus últimos vagones. Segundos después, el Alvia 2348, que se dirigía de Madrid a Huelva, impacta con los vagones descarrilados del Iryo, que invadieron su vía debido al accidente. Sus dos primeros coches caen por un talud de unos cuatro metros, dejando decenas de víctimas mortales y heridos. 

En torno a las llamadas, el maquinista del primer tren contacta con la estación de Atocha para informar de que había sufrido un “enganchón” con la catenaria. Aún no es consciente del choque del Alvia con los vagones traseros. El Centro de Regulación y Control de Adif (CRC) recibe una llamada del tren que venía detrás del Iryo, informando de que la catenaria no tenía tensión. Es entonces cuando el CRC trata de contactar con el maquinista del Alvia, con dos llamadas que no reciben respuesta. Finalmente logran contactar con la interventora, quien informa de que tiene un golpe en la cabeza, y que tratará de localizar al maquinista, que resultó ser uno de los 46 fallecidos en el accidente. Minutos después, el maquinista del Iryo llama de nuevo a Atocha e informa del descarrilamiento y de la invasión de la vía contigua. No fue hasta una hora después del accidente cuando llegó el primer despliegue de efectivos al Alvia, tras ser descubierto por el cabo primero del equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil, Arturo Carmona, y el agente Javier Ayala. 

Durante la investigación, las autoridades encontraron muescas en las ruedas de los cinco primeros coches del Iryo, y el ministro Oscar Puente afirmó estar buscando marcas parecidas en otros coches que transitaron anteriormente por el tramo de Adamuz. Fue entonces cuando comenzó la pregunta de si este accidente podría haberse evitado, y en su lugar, pedir las correspondientes responsabilidades políticas y administrativas. El Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente documentó una “fractura transversal completa” en el carril derecho de la vía 1, donde se encontraba la soldadura de dos tramos de raíles fabricados en distintas épocas. 

Desde el Gobierno afirmaron que la vía donde se produjo el accidente “cumplía rigurosamente todos los protocolos de control y mantenimiento establecidos por las autoridades españolas y europeas”. Sostuvieron que se renovó de manera integral en 2025, con una inversión de 780 millones de euros. Además, en el Ejecutivo nacional acordaron un incremento en 1.800 millones de euros a la inversión en mantenimiento, junto a unas tasas de reposición “no inferiores al 115% en los Presupuestos Generales del Estado” y un fortalecimiento de la Agencia Estatal de Seguridad ferroviaria con 50 profesionales adicionales. 

Recientemente, la jueza instructora de la causa decidió unificar la representación y defensa de las acusaciones populares en Vox, “al haber sido la primera acusación popular en personarse”. El presidente de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, censura la gestión del Ministerio de Transportes y reclama que se investigue el estado de la infraestructura, su mantenimiento y la respuesta a las advertencias previas. Este suceso abrió el debate sobre la seguridad de las infraestructuras ferroviarias, mientras la justicia trata de esclarecer lo ocurrido en esa jornada. 

La gestión de la DANA y del accidente ferroviario de Adamuz se suman a una larga lista de catástrofes sucedidas estos años, como la pandemia de COVID19, los incendios forestales, las inundaciones en Andalucía, el volcán de la isla de La Palma y los terremotos en Granada.

Crisis migratoria en Ceuta

En el tramo final de la legislatura, y siguiendo con los temas que marcaron la legislatura de Sánchez, encontramos la crisis migratoria en Ceuta.

El pasado 30 de julio de 2026, se produjo la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera de Marruecos para llegar a las calles ceutíes. Mientras que el Gobierno de España situó la cifra en 70.000 personas, desde el Ejecutivo ceutí se llegó a hablar de 80.000 migrantes. A esto se añaden los 141 fallecidos a ambos lados de la frontera de Ceuta que confirmaron las ONG de Marruecos. El origen del episodio se vinculó a una sentencia del Tribunal Supremo sobre las llamadas “devoluciones en caliente”. Según el fallo, no se podía realizar el rechazo en frontera a las personas que llegasen nadando, todo ello al no existir elemento físico que la limitase.

Ya el 27 de julio la Policía Nacional emitió un informe declarando la “entrada masiva a nado de migrantes” vinculada a la sentencia señalada anteriormente. Ese mismo día, el CNI envía un mensaje de WhatsApp al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que terminó dimitiendo de su cargo. El 28 de julio, una nota interna del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) avisa de un posible aumento en las entradas masivas, argumentando una relajación del control fronterizo marroquí con motivo de las festividades por el día del trono. 

Al día siguiente, se traslada a la Delegación del Gobierno de Ceuta que se estaban realizando llamamientos para “asalto por valla y mar” en grupos de Facebook de unos 180.000 seguidores. Entonces el CENIF alerta de posibles entradas para el 30 de julio, con una carta de carácter urgente remitida a la inteligencia marroquí. Ese día a las 11:00 horas, el Estado Mayor de la Defensa realiza un informe en el momento de la llegada masiva. El 31, el CENIF obtiene información para mantener la alerta de colapso en riesgo extremo por la entrada de migrantes en ambas ciudades autónomas. Finalmente, desde el 8 hasta el 31 de julio, decenas de miles de personas entraron en cuestión de horas a Ceuta, haciendo de esta la mayor crisis migratoria de la historia de España. 

En torno a la respuesta política, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, solicitó al Estado la declaración de emergencia nacional, el incremento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el cierre de la frontera. Entonces, el Ejecutivo pactó con Marruecos agilizar las devoluciones, desplegó al Ejército y realizó el cierre de la frontera. El presidente socialista calificó lo sucedido como una “violación a la integridad territorial” de España, y anunció que se instalarían boyas en el mar que ejercieran de frontera y permitieran las devoluciones de los migrantes. Al día siguiente, desde el Ministerio del Interior cifraron en 50.000 las personas que entraron en la ciudad, y sostuvieron que cerca de 48.300 regresaron al día siguiente a Marruecos. 

Desde Moncloa denunciaron la falta de “reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes”, aunque anunciaron que sus autoridades aceptarían las devoluciones de migrantes. Según recoge el informe de la Fundación para la Ciudadanía Global del pasado 10 de septiembre, el gobierno ceutí afirma que aún se encuentran más de 10.000 personas migrantes en situación irregular en Ceuta, cifra que choca con la proporcionada por el gobierno central -4.000 contabilizados solo en centros formales-.

Desde entonces, Ceuta se ha encontrado en una situación de crisis humanitaria, con migrantes asentados en las playas del Trampolín y Benítez, que el pasado 29 de septiembre fueron desalojados por la Policía Nacional y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). A esto se suma el impacto social en la ciudad autónoma, con un absentismo escolar histórico, del 30% de media; y la estrategia de desgaste, consistente en la oferta de lo mínimo indispensable para evitar muertes por inanición o epidemias, que ha provocado el retorno de unas 3.000 personas. 

Mientras tanto, Marruecos bloquea la regularización de inmigrantes que se encuentren dentro de Ceuta y Melilla, ya que supondría el reconocimiento implícito de la potestad legal y soberana del Gobierno de España sobre este territorio. Además, sus consulados dilatan la confirmación de la identidad de las huellas dactilares de los adultos que envían las autoridades españolas. La ley española prohíbe expulsar a un ciudadano indocumentado, por lo que se ha cronificado el colapso logístico de la ciudad. 

Tras conocerse que Marruecos envió un buque de guerra a aguas ceutíes durante los días de la crisis, el diario ABC ha publicado que una patrullera marroquí accedió a las costas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia, y que permaneció allí durante siete horas, hasta que acudió la Guardia Civil. Esto ha hecho que Alberto Núñez Feijóo reclame a Pedro Sánchez que despliegue la Armada en Ceuta, convoque a la embajadora de Marruecos y que llame al embajador español en Rabat.

Protestas por la vivienda

Todo comenzó con el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en un piso en el distrito de Retiro de Madrid. Llevaba más de 70 años en él bajo un contrato “de renta antigua”, que tras la muerte de su padre, se subrogó en su esposa, y después en Maricarmen. Aunque en los tribunales le dieron la razón a la mujer en un principio, el Tribunal Supremo finalmente falló en favor del inversor. Este fue el cuarto intento de desahucio de Maricarmen desde que la propiedad pasó en 2018 a Urbagestion, empresa que trató de aumentar el alquiler del mismo en un 275%. A pesar de las concentraciones producidas a las puertas del inmueble, finalmente la mujer fue desahuciada el 23 de septiembre y trasladada al hospital. 

El 24 y 25 de septiembre se extendieron las protestas por toda España, impulsadas por el Sindicato de Inquilinas; y el día 26 comenzaron a aparecer las primeras tiendas de campaña en la Puerta del Sol. De esta forma, empezaron a reclamarse respuestas inmediatas, y ese domingo 27 de septiembre, Pedro Sánchez compareció, dirigiéndose de forma directa a Maricarmen, y anunciando su intención de llevar ante el Consejo de Ministros un real decreto ley sobre vivienda. 

El 29 de septiembre fue cuando el Gobierno presentó dos decretos. El primero de ellos incluía novedades como:

• La limitación temporal de adquisiciones de vivienda por parte de fondos buitre hasta 2028.
• La figura de la enervación frente a los procesos de desahucio, que permite al inquilino paralizar el proceso si abona lo que debe al propietario.
• La regulación del alquiler de temporada y habitaciones para evitar que se utilicen esos formatos para eludir la ley, 
• La prórroga extraordinaria para los contratos vigentes de vivienda habitual de hasta dos años. También se limita la actualización anual de las rentas hata el 31 de diciembre de 2027, con un tope del 2% en caso de no superar los índices de referencia.
• Bonificaciones fiscales a los arrendatarios en función de su renta, 
• Medidas para impulsar la edifciación,
• Financiación para poder acceder a una primera vivienda con interés tipo cero. 

Mientras tanto, el segundo contemplaba la renovación automática de los alquileres, aspecto que no cuenta con el apoyo del PNV y Junts.

Sin embargo, el 2 de octubre los decretos fueron rechazados en el Congreso, con la negativa de PP, Vox y Junts. Este suceso empujó al presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. 

El martes 6 de octubre, Sánchez anunció la aprobación de los dos decretos en el Consejo de Ministros. Tras la disolución de las Cortes, toda la actividad parlamentaria queda supeditada a la Diputación Permanente, por lo que el Gobierno tratará de sacarlos adelante mediante este órgano. Lo intentará de esta manera porque en el Pleno la única forma de sacar adelante sus propuestas era sumando los apoyos de PSOE y Sumar con el resto de fuerzas de izquierda y las nacionalistas e independentistas. Sin embargo, en la Diputación Permanente el Gobierno no necesita a Junts para lograr más apoyos a favor que en contra. Y es que este órgano está formado por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Así, los decretos podrían ser consolidados tan solo con los votos a favor de PSOE, Sumar, PNV y el resto de fuerzas de izquierda, sumando 35 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Sin embargo, puede que el segundo decreto no sea aprobado, ya que contó con el rechazo también del PNV. 

A estos decretos se incluirán algunas modificaciones, aunque según el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, estos no serán cambios sustanciales, y “en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos”, afirma.

En medio del debate político sobre los decretos, el 7 de octubre, los medios informaron del fallecimiento de Maricarmen en el hospital, antes de poder volver al piso tras haber acordado un nuevo contrato de alquiler con la empresa. La mujer se convirtió en el símbolo de la protesta, y tras su muerte se convocó una marcha en su memoria que recorrió desde la Puerta del Sol hasta la casa en la que vivió durante siete décadas. 

Por su parte, otras políticas públicas que merecen atención durante esta legislatura fueron, en primer lugar, la revalorización de las pensiones. Estas se revalorizaron en 2024 con carácter general un 3,8%, tras aprobarse el 27 de diciembre de 2023 un Real Decreto-Ley en esta materia, y que fue convalidado el 10 de enero por el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, cabe destacar la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El 17 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esto supuso una subida del 3,1% respecto al año anterior y un 66% desde 2018. 

Por su parte, el 14 de abril de 2026 se aprobó el Real Decreto para realizar una regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que residan en España. Esto hace que personas en situación administrativa irregular y personas solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal si cumplen los requisitos necesarios. 

Además, el 16 de septiembre de 2026 se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Esto supuso una refundación del sistema de cuidados con más servicios, más prestaciones y una menor burocracia. Además, la reforma blinda la financiación del sistema de dependencia, e incorpora la obligación de que el Estado asuma el 50% de la inversión. 

Con ello señalado, y con el comienzo de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre, estos serían los momentos que más han marcado la legislatura de Pedro Sánchez durante el periodo 2023-2026. 

Por Emma Sebastián

La entrada La investidura de Pedro Sánchez 2023-2026: Claves para entender una legislatura de giros políticos se publicó primero en Cámara Cívica.

Por Mark Eliot Montegriffo

Lo más terrible se aprende enseguida
Y lo hermoso nos cuesta la vida,
Silvio Rodríguez

El miércoles pasado, el 15 de julio 2026, a las doce de la noche, estaba en la frontera. No hacía falta ser guionista de La Casa del Dragón o de Juego de Tronos para sentir la escena: un muro cayendo, una multitud esperando al otro lado, banderas ondeando bajo los focos. Decenas de personas con lágrimas de alegría cruzaron el paso fronterizo sin enseñar el pasaporte por primera vez en generaciones, marcando un momento histórico y catártico. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, soltó una frase que ya es titular: «Europa ha vuelto». 

Pedro Sánchez, quien llegó a la frontera a las doce del mediodía, prefirió la metáfora médica: «las fronteras son las cicatrices de la historia», repitiendo también lo que ha dicho el Ministro Albares que «cae el último muro de Europa continental». Un muro, añadió, «es la decisión de mantener esa herida abierta». Antes de concluir con un mensaje de ánimo a la Roja, Sánchez declaró que “el Campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino: ser puente y no barrera. Ser horizonte y no frontera. Ser dueño y nunca más víctima de la historia».  

Cuatro días después, mientras escribo esto, España acaba de ganar su segundo Mundial tras 106 minutos de asedio a una Argentina que se cerró en banda con diez hombres sobre el campo. Y hace un par de horas, Andy Burnham pronunció su primer discurso como primer ministro británico desde el número 10 de Downing Street, proclamando que “convertiremos este momento en un punto de inflexión para Gran Bretaña, impulsando los mayores cambios de los últimos cuarenta años”. Todo esto en el mismo día que La Línea de la Concepción celebra su aniversario como ciudad. Cuatro acontecimientos, un mismo fin de semana, y ni un solo comunicador político en toda Europa debería dejar pasar la coincidencia sin analizarla.

La gramática de la reconciliación

Al corazón del amigo
Abre la muralla
Al veneno y al puñal
Cierra la muralla.
Nicolás Guillén

Gramsci acertó al decir que la hegemonía no se impone, se construye: se gana cuando el relato de un grupo se convierte en sentido común compartido, aceptado incluso por quienes no lo pensaron primero. Esta semana, viendo a Sánchez, Albares, Picardo y el alcalde de La Línea, Juan Franco, hablando prácticamente al unísono, presencié un ejercicio de libro sobre construcción de hegemonía discursiva. Pero no todos cantan la misma partitura con el mismo tono.

Albares es el estadista par excellence del grupo. En Bruselas, tras la firma, respondió a las críticas del PP y Vox con una frase de manual de comunicación política: «aunque ellos no lo sepan, ellos también han ganado». Su argumento es deliberadamente desideologizado: no pide a nadie que abrace la reconciliación por convicción, sino que constate el beneficio material, la «prosperidad compartida para los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar”, la fluidez de una frontera al estilo Schengen que «solo puede redundar en beneficio de España». Y sin embargo, en la misma rueda de prensa, se cuidó mucho de dejar intacto el otro pilar de su discurso: «España no cambia una coma en su reclamación de soberanía».

Es una pieza de comunicación extraordinariamente hábil, porque logra dos cosas que normalmente se excluyen mutuamente: vender la apertura como éxito económico, sin ceder ni un milímetro en el terreno simbólico e identitario donde PP y Vox necesitan encontrar una grieta para atacar. Vocabulario cuidadosamente neutro en temas ideológicos, pensado para posicionar a España como líder europeo sin incomodar a nadie en Reino Unido, que está en su propio proceso de reconciliación con la UE. 

Picardo, en cambio, se permite un registro auténticamente gibraltareño que ningún diplomático europeo se atrevería a firmar. Tras el acto, ante los periodistas, propuso llevarse las viejas vallas franquistas a la tumba del dictador y «ponerlas encima de Franco», para asegurarse de que «nunca se levanta ni él ni nadie como él». Tuvo el cuidado, eso sí, de distinguir entre la Verja histórica, levantada en 1909, y las estructuras añadidas tras el cierre decretado por el dictador en 1969, las que de verdad quería ver enterradas. Es un contraste de manual dentro del mismo bloque discursivo: el ministro de Exteriores construye consenso institucional; el líder gibraltareño, con menos que perder en Madrid y después de haber sido el primer ministro de Gibraltar por 15 años, se permite el golpe de efecto.

Españoles…Franco

Viva una Europa moderna, Viva la democracia
Podréis engañar a el mundo, pero aquí nadie se lo traga.
Adrian Pisarello

Y aquí llega el detalle que ningún guionista se atrevería a inventar: el alcalde que preside la reconciliación se apellida Franco. Juan Franco, líder de La Línea 100×100, recuerda perfectamente cómo su tocayo, el dictador, cerró esta misma frontera en 1969 y la mantuvo sellada durante más de una década. Aquella política condenó a la comarca a la pobreza, dividió a las familias transfronterizas y estranguló al pueblo gibraltareño con el fin último de forzar su conversión a la soberanía española.

Los años de frontera cerrada no consiguieron la rendición a la rojigualda, sino algo más duradero: una herida psicológica que convirtió a esas generaciones llanitas en las más escépticas ante cualquier gesto de buena voluntad del Estado español, por sincero que este parezca hoy. Que sea un Franco quien ahora reclama vivienda, pensiones e infraestructuras para una comarca históricamente ignorada por Madrid no es solo ironía histórica. Es, en términos gramscianos, la recuperación simbólica de un nombre secuestrado por la dictadura, devuelto ahora al servicio de la gente corriente del Campo de Gibraltar. 

La resistencia: quien no canta la misma canción

Lo niego todo

Aquellos polvos y estos lodos

Lo niego todo

Incluso la verdad.

Joaquín Sabina

Toda hegemonía tiene su contrahegemonía, y el PP y Vox no han tardado en ofrecer la suya. Génova calificó la aplicación del acuerdo de «fraude» por falta de aprobación parlamentaria. Vox fue más lejos: «infame», «una traición a España», con Sánchez convertido en «tirano» en boca de su portavoz. Es la otra cara de la misma guerra de posiciones: mientras el Gobierno construye un relato de sanación, la derecha y la extrema derecha insisten en mantener viva la herida, en términos casi idénticos a los que usaba el propio Sánchez, solo que invertidos. Donde él ve cicatriz cerrada, ellos ven rendición. 

Y sin embargo, el propio Juanma Moreno, presentado por Sánchez y Albares como el único barón del PP dispuesto a sumarse al relato de la reconciliación, firmó apenas unos días antes su pacto de gobierno con Vox, un acuerdo que compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica. Al día siguiente de firmarlo, Moreno presidió el homenaje institucional a Blas Infante, el padre del andalucismo fusilado por los franquistas y cuya fosa, noventa años después, sigue sin encontrarse, precisamente por la falta de voluntad política que esa ley trataba de corregir. Reconciliarse con Gibraltar mientras se archiva la reconciliación con las propias fosas de Andalucía no es solo contradictorio: es la prueba de que el relato de la concordia, cuando conviene, tiene fronteras muy selectivas. 

El contraste, para cualquier analista de comunicación política, es de manual: dos bandos usando exactamente el mismo campo semántico (herida, traición, soberanía) para construir mensajes opuestos. Ni siquiera el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, quiso sumarse al frente crítico de su propio partido, lo que Moncloa no dudó en explotar públicamente. Cuando tu propio barón territorial rompe la disciplina de mensaje, has perdido la batalla discursiva antes de empezarla.

El anhelo como forma política

Tiempo detente
Que es tan grande el consuelo
Que mi alma siente
Que duren mis anhelos eternamente.
José G. de Quevedo

El domingo, un día antes del aniversario de La Línea, asistí a una misa rociera en la ciudad que actúa como telonero tradicional de su feria fronteriza. La imagen del Rocío, la Blanca Paloma, avanza cada año por caminos de arena hacia Almonte, entre cánticos y polvo, en una peregrinación que no busca llegar rápido sino sostener el anhelo del camino. Me pareció, de pie entre los linenses aquella mañana, una metáfora perfecta e involuntaria de lo que ha sido esta comarca durante décadas: gente caminando hacia una resolución que tardaba generaciones en llegar, sosteniendo la fe en que el camino, algún día, terminaría en algo parecido a la reconciliación.

Ese mismo anhelo estructural conecta con otro hilo de este fin de semana insólito. Dentro de un par de horas, Burnham hablará desde Downing Street tras años reivindicando que Westminster devuelva poder a las regiones olvidadas del Reino Unido. Guardando las distancias evidentes, es difícil no pensar en Blas Infante, el padre del andalucismo (y, por cierto, antepasado mío), que un siglo antes defendió que Andalucía dejara de ser la periferia empobrecida de un Estado centralista en Madrid. Burnham e Infante obviamente nunca se habrían conocido, pero comparten la misma intuición política: que la dignidad de una región no depende de la capital, sino de que la capital finalmente escuche.

Fútbol como catarsis, frontera como catarsis

Saminaminá eh eh
Waka waka eh eh.
Shakira

Y luego está el fútbol, que en España nunca es solo fútbol. Anoche, España necesitó 106 minutos, una prórroga entera, para penetrar el muro defensivo de una Argentina reducida a diez jugadores. Ferrán Torres marcó el gol que desató la fiesta. No hace falta ser Zizek para notar que el guión es el mismo que el de la Verja: una barrera que parece infranqueable, una presión sostenida durante años (o, en este caso, minutos) y una liberación colectiva y catártica cuando finalmente cede. España lleva diez años de negociación desde el referéndum del Brexit; Argentina aguantó con uno menos hasta el minuto 106. La paciencia, al final, ganó ambos partidos.

Conclusión: la política también se juega en el relato

What’s the story, morning glory?
Need a little time to wake up.
Oasis

Lo ocurrido esta semana en el Campo de Gibraltar no es solamente un tratado internacional. Es un caso de estudio sobre cómo se construye, se disputa y se defiende una narrativa política compartida entre gobiernos que rara vez se ponen de acuerdo en nada, incluso cuando cada uno la canta con su propio acento: el técnico de Albares, el visceral de Picardo, el reivindicativo de Juan Franco. Mientras tanto, PP y Vox intentaban, con fortuna desigual, imponer el relato contrario.

La comunicación política no es un adorno (ni un Theodor Adorno) de la política real: es donde la política real se libra. Esta semana, en la Verja y en el discurso que Burnham está a punto de pronunciar desde Downing Street, ganó el bando que mejor supo contar su historia en el contexto del presente, que es la frontera del futuro (osea, metafóricamente). Que dure la convivencia lo que dure el relato que la sostiene.

La entrada Cae la verja: cómo Sánchez, Picardo y compañía ganaron la guerra de posiciones de Gibraltar se publicó primero en Cámara Cívica.

Akatsuki no Yona (La princesa del Amanecer) es un manga escrito por la artista japonesa Mizuho
Kusanagi (llevado al anime por Studio Pierrot), que se encuadra dentro del denominado «shôjo». El
shôjo es un estilo de manga y anime dirigido principalmente a mujeres jóvenes (aunque en los
últimos años, con el progresivo derribo de los roles tradicionales de género, ha alcanzado
popularidad también entre el público masculino). Generalmente, sus tramas están centradas en el
romance adolescente, mezclando amor, comedia, drama, y en ocasiones, incursionando también en
el universo de la fantasía (como en el caso de Akatsuki no Yona). Las temáticas políticas no
abundan en los clásicos del shôjo que nos marcaron la adolescencia a muchos jóvenes de la
generación milennial (Sailor Moon, Marmalade Boy, Fushigi Yügi, Vampire Knight),
probablemente debido a esos mismos estereotipos que antes señalábamos (según la visión
conservadora, a las chicas no les interesaría la política). Sin embargo, Akatsuki no Yona, una obra
más contemporánea, es una sana excepción, y su historia, aunque por supuesto esté centrada en un
relato romántico como todo buen shôjo que se precie (un triángulo amoroso formado por el valiente
guerrero, el astuto príncipe y la princesa adolescente), también es una compleja trama de guerras
feudales e intrigas cortesanas, logrando la autora combinar los juegos de poder de la fantasía oscura
con la estética elegante, suavizada y «kawaii» del shôjo manga. Por ello, desde la teoría de la ciencia
política y de las relaciones internacionales se pueden extraer de sus capítulos lecciones muy
valiosas sobre el poder, ayudando así a derribar los estereotipos que aún por desgracia siguen
rodeando a ambas esferas (la geopolítica y el shôjo), las cuales, como veremos, en ningún caso son
como el agua y el aceite. Aquí os presento las 5 más importantes (y obviamente, habrá spoilers).

1 – Juegos de poder: el reino de Kouka y el golpe de Estado del príncipe Soo-Won

La historia se desarrolla en el país de Kouka, un reino medieval fantástico (inspirado claramente en
la historia y la mitología de Japón, Corea y China) dividido en 5 grandes regiones, cada una de ellas
gobernada por un poderoso clan (Fuego, Agua, Tierra, Viento y Cielo). Este último clan es el que
ostenta además el trono imperial en el castillo Hiryuu, ocupado inicialmente por el afable rey Il. Se
trata de un soberano que rehuye a toda costa los conflictos y apuesta por la solución pacífica de
controversias, lo que queda claro en el discurso que da en los primeros compases de la historia: «El
reino de Kouka es pequeño, rodeado de dos imperios poderosos que tratan de involucrarle en
continuas guerras, pero durante este reinado, el reino ha logrado mantenerse al margen y estar en
paz». Los problemas de su política antibelicista y de apaciguamiento se plantean ya en un irónico
comentario de su general Hakk durante una conversación en el jardín del castillo Hiryuu: «¿Usted
odia las armas verdad alteza? Intente entonces encontrar a alguien que pueda proteger a los demás
sin ellas». Maquiavelo sostenía que el príncipe debe ser amado, pero también temido, y la debilidad
del rey Il le hace finalmente ser víctima de una conjura palaciega. El día del decimosexto
cumpleaños de su única hija y heredera, la princesa Yona (la protagonista de la historia), tras el gran
banquete de celebración, el príncipe Soo-Won (su sobrino), le asesina en mitad de la noche para
usurpar el trono y tomar violentamente el poder, aprovechando que la guardia real se encuentra en
estado de embriaguez. Para salvar su vida, Yona se ve obligada a huir del castillo junto a su
guardaespaldas Hakk (el único general del castillo que se ha mantenido leal a su padre), iniciando
así su arco narrativo, el cual la llevará a vivir emocionantes aventuras. Sin embargo, a efectos
politólogicos, lo que nos interesa de la lucha por el trono de Kouka es el conflicto de legitimidades.

Para Max Weber, existen tres tipos de legitimidad: tradicional, carismática y legal. Mientras el
pacífico rey Il basaba su poder únicamente en la tradición y en la legalidad (fue el heredero
designado por el rey Junam), Soo-Won lo usurpa en nombre de la legitimidad carismática (su padre
Yoo-Hong había sido el mejor general del ejército, victorioso en innumerables batallas y adorado
por el pueblo, y por lo tanto, a su juicio es la persona que debería haber gobernado el reino en lugar
del débil rey Il). Se descubre además que este último, aunque se nos muestre como bondadoso y
pacífico, mandó asesinar a Yoo-Hong debido a que sentía celos de su popularidad y quería librarse
de la competencia por el trono (aunque la propaganda oficial se encargó de presentarlo como un
desafortunado accidente). De este modo, el príncipe Soo-Won se presenta como un soberano que
desea emular a su padre, el gran general, recuperando la prosperidad del reino y protegiéndolo
frente a sus potenciales enemigos: el imperio Kai al norte y los reinos de Shin y Sei al sur.

Tras el magnicidio, el usurpador Soo-Won convoca un consejo extraordinario (el consejo es el
órgano en el que se reúnen los líderes de los cinco grandes clanes para tratar sobre las grandes
cuestiones de Estado). En él, trata de acusar del crimen al general Hakk para que acepten la
sucesión dinástica y su coronación como nuevo rey. Soo-Won sostiene que, a pesar del asesinato del
rey Il, las tribus deben permanecer unidas para defender al reino de Kouka de una agresión
extranjera (busca lo que los politólogos llamamos «la creación del enemigo exterior», para lograr el
cierre de filas en torno al poder). Durante el consejo, se nos rebela además que el rey Il cedió
provincias y pagó tributos a los imperios vecinos para evitar que éstos le declarasen la guerra, con
lo que el poder territorial, militar y económico de Kouka ha decaído considerablemente. En el
consejo, todos los líderes coinciden en que no es el momento de una guerra civil, y que con Yona
desaparecida, Soo-Won es el único candidato con sangre real, por lo que cierran filas con el
usurpador (excepto Mundok, el líder de la tribu del Viento, que comienza a sospechar y trata de
ganar tiempo, aunque Soo-Won en seguida le amenaza diciéndole que el clan del Viento será
considerado como enemigo del reino si no le reconoce como nuevo rey en la inminente ceremonia
de coronación; con ello, Soo-Won está reconociendo de facto que necesita el apoyo formal de todos
los clanes para que el traspaso de poderes sea jurídicamente impecable y que su golpe de Estado
adquiera legitimidad tradicional y legal, no sólo carismática). Para ello cuenta con la ayuda de su
fiel consejero Keishuk, un político inteligente y taimado que nos recuerda al cardenal Richelieu.

El trono del dragón rojo en el castillo Hiryuu. Fotograma del anime.

2 – El palacio y el templo: la leyenda del dios-dragón Hiryuu

Como señalaba el antropólogo Maurice Godelier, desde el origen de las primeras civilizaciones la
religión constituyó el principal pilar ideológico de los Estados, en una doble alianza entre los reyes
y los sacerdotes («el palacio y el templo»), en la que los sacerdotes legitiman el poder del rey, y a
cambio, el rey convierte a los sacerdotes en clase dominante. El reino de Kouka no es una
excepción, contando con una mitología política en forma de leyenda fundacional del reino (que en
la serie se encarga de relatarnos el monje Ik-Soo), que conecta genealógicamente al actual soberano
de Kouka con Hiryuu (el dios-dragón rojo que descendió del cielo para convertirse en humano y ser
el primer rey de Kouka, y que tras sufrir una rebelión, fue épicamente rescatado por los otros cuatro
dioses-dragón; el dragón blanco, el dragón, azul, el dragón verde y el dragón amarillo). Con su
inmenso poder, los cuatro dragones organizaron a sus respectivos clanes para proteger a Hiryuu, y
así, lograron estabilizar el reino. Años después, Hiryuu y los demás dragones desaparecieron, por lo
que sus clanes comenzaron a crecer de forma autónoma, dando lugar a los cinco clanes que forman
el reino de Kouka: Fuego, Agua, Tierra, Viento y Cielo).

La leyenda legitimadora del poder también incluye un mito apocalíptico, lo que mantiene la esperanza entre los plebeyos en aras del retorno de la edad dorada del reinado de Hiryuu: «De acuerdo al pacto ancestral, cuando los cuatro dragones se reúnan, la espada y el escudo que protegen al rey despertarán. Y entonces, el dragón rojo volverá al amanecer» (explica el monje con entusiasmo). Por ello, la princesa Yona, como descendiente de Hiryuu (su cabello rojo confirmaría la profecía), deberá buscar a los cuatro dragones.

No obstante, siempre existirá una tensión entre el palacio y el templo. Durante el reinado de Junam,
en el que se produjo la gran expansión militar de Kouka con las épicas victorias del general YooHong (el padre de Soo-Won), el poder de los monjes aumentó y debilitó el poder del rey (un monje
podía declarar la guerra e incluso censurar al rey si consideraba que había ofendido a los dioses), lo
que comienza a constituir una seria amenaza para el propio Estado. Por ello, Yoo-Hong llega hasta
el punto de expulsar al gran monje del castillo Hiryuu. Este recelo hacia la religión es heredado por
su hijo Soo-Won, que tras usurpar el trono, proclamará en un solemne discurso: «No quiero un cielo
que sólo observa, sino el poder de la gente», en respuesta a los consejeros que le aconsejan sobre la
necesidad de nombrar a un nuevo gran monje para el castillo Hiryuu. Acto seguido, incluso se
atreve a añadir estas amenazadoras palabras: «Restauraré la gloria del reino de Kouka, y si alguien
se interpone, incluso si es un dios, lo aplastaré». Esta propaganda de corte populista supone una
ruptura con la tradición, al cuestionar el poder del templo, y puede conllevar también sus peligros
ante la amenaza de ser censurado por los sacerdotes y ser acusado de infiel (como las excomuniones
de reyes en la cristiandad medieval). Ello además podría ser aprovechado por la princesa Yona, que
en alianza con el exiliado monje Ik-Soo en la búsqueda de los dioses-dragón, podría tratar también
de presentarse ante el pueblo, en su lucha por el trono, como la preservadora del orden celestial.

La leyenda de los dioses-dragón. Fotograma del anime.

3 – El realismo político: el bloqueo de la capital del clan del Viento

Tucídides, considerado el padre del realismo político, ilustra en el diálogo de los Melios como la
fuerza del poderoso siempre termina imponiéndose a la razón moral del débil (los melios desean ser
independientes y el derecho les ampara, pero los atenienses tienen la superioridad militar, por lo que
arrasan sin contemplaciones la isla de Melos y esclavizan a la población). En el reino de Kouka, el
realismo político aparece también con toda su crudeza en la trama de la ciudad de Fûga, la capital
del clan del Viento. Soo-Won, tras las reticencias iniciales de Mundok a aprobar su ascenso al trono,
comienza a sospechar del clan del Viento y le pide al general Kang Soo-Jin, el líder del clan del
Fuego, que movilice a sus tropas para prevenir una posible rebelión de la tribu del Viento. Justo en
ese instante, Mundok (temiendo tal vez ser también asesinado tras las amenazas de Soo-Won)
escapa a caballo de la capital imperial, rumbo a su feudo de Fûga (situado en una región montañosa
junto a la ribera de un caudaloso río), donde también llegan Yona y Hakk, para refugiarse tras sus
murallas. El clan del Viento es el único que apoya los derechos dinásticos de la princesa Yona.

Sin embargo, en seguida se produce el contraataque del poder imperial a través de una guerra
económica (lo que en la actualidad estudia la geopolítica de los recursos naturales). El río es
esencial para la vida en Fûga, pero su curso alto está controlado por la tribu del Fuego (partidaria de
Soo-Won), la cual ha desviado el curso fluvial y construido una enorme presa para dejar sin agua a
Fûga. Mundok, tras ser informado por Yona y Hakk del regicidio y ver confirmadas sus sospechas,
comprende enseguida que el desvío del río es una advertencia de Soo-Won para forzar al clan del
Viento a reconocerle como nuevo rey. Como solución de urgencia, Hakk sugiere comprar agua a los
mercaderes, ya que supone que deben disponer de reservas suficientes. Sin embargo, los soldados
de la tribu del Fuego se hacen pasar por bandidos y realizan una incursión contra los mercaderes (lo
que la doctrina militar denomina ataque de «falsa bandera»), para así evitar que puedan llegar a
Fûga, cortando los vitales suministros y comenzando el bloqueo económico de la capital del Viento.
Hakk y Mundok coinciden en que se trata de una provocación, pero que deben evitar la guerra a
toda costa, ya que detrás del clan del Fuego está el poder imperial de Soo-Won. Finalmente, Hakk le
pide a Mundok que acepte a Soo-Won como rey para que así la tribu del Fuego deje de desviar el
río y levante el bloqueo sobre Fûga. Como observamos, la realidad de la relación de fuerzas se
impone en la lógica de Tucídides (Yona es la legítima heredera y se ha producido un golpe de
Estado, pero el poder está ahora en manos del usurpador, que ha demostrado que puede asfixiar a la
capital Fûga. Por lo tanto, el realismo político obliga a renunciar a la justicia para salvaguardar la
propia existencia del clan del Viento (y que no les suceda como a los habitantes de la isla de Melos).

Hakk, Mundok y la princesa Yona en la capital del clan del Viento. Fotograma del anime.

4 – Alianzas estratégicas: la ceremonia de coronación y el festival de la Estrella

El príncipe Soo-Won es finalmente coronado en una ceremonia solemne en el castillo Hiryuu. En
sus pensamientos, se reafirma en que, a pesar de perder el amor de Yona y la amistad de Hakk (los
tres eran inseparables de niños), su traición era necesaria. Desde su perspectiva, «el fin justifica los
medios»; debía vengar a su padre, ocupar el trono y evitar que el reino de Kouka siguiera
hundiéndose en el abismo. Así, con la aprobación de las cinco tribus, es proclamado oficialmente
como rey y recibe los símbolos del poder. No obstante, Soo-Won, ya durante la misma ceremonia de
coronación, comienza a hacer cálculos políticos. Sabe que el respaldo sin fisuras del clan del Fuego
es fingido, ya que los Kang siempre han ambicionado el trono; de hecho, Kan Tae-Jun, el hijo del
general Kang Soo-Jin (líder de la tribu del Fuego) localiza a la princesa Yona gracias a sus espías y
organiza un pequeño ejército (sin avisar a Soo-Won) para tratar de capturarla por su cuenta (espera
poder contraer matrimonio con Yona para alcanzar el trono en un futuro).

El clan de la Tierra desea estabilidad ante todo, por lo que intuye que le apoyarán mientras demuestre ser un líder fuerte. El clan del Agua, por su parte, basa su política en la adaptabilidad, por lo que probablemente esperará para ver como se desarrollan los acontecimientos (siendo su apoyo incierto a largo plazo). Y obviamente, el clan del Viento (el clan de Mundok y Hakk, los protectores de Yona), a pesar de haberse visto obligado a doblegarse para detener la guerra económica contra su feudo de Fûga, siempre estará al acecho esperando el momento propicio para sublevarse. Pero es que además sus enemigos no son sólo internos: más allá de las fronteras de Kouka, los poderosos Estados de Kai,
Shin y Sei, probablemente aprovechen la inestabilidad política para invadir el reino. Soo-Won ha
logrado asaltar el trono, pero empieza a darse cuenta de una realidad: la precariedad de su poder.

Por ello, con el objetivo de apuntalar la lealtad del clan de la Tierra (el más poderoso militarmente,
y por tanto, cuyas tropas necesitará para las guerras venideras) Soo-Won decide organizar el festival
de la Estrella en Chishin, la capital de la tribu de la Tierra. El general Geun-Tea, el imponente líder
del clan de la Tierra, aún no respeta del todo al rey (piensa que se parece a un conejo por ser pálido
y delgado, y sobre todo, por no haber combatido aún en ninguna guerra). Además, el festival
también es una eficiente estrategia de lo que el sociólogo Jacques Ellul denominaba «propaganda
escapista»: canalizar las pasiones del pueblo a través de espectáculos de masas (el célebre «pan y
circo» de los romanos). No obstante, el espartano general Geun-Tea no lo entiende y, desde su
perspectiva, considera que el festival constituye un despilfarro innecesario para el tesoro público.
Este acto propagandístico organizado por Soo-Won consiste en una simulación de la guerra entre
dos ejércitos armados con platos, dirigidos respectivamente por el propio Soo-Won y el general
Geun-Tea, y divididos a su vez entre reyes, nobles y plebeyos, simbolizando así la estructura social
del poder (por ejemplo, el plato de cada plebeyo vale 1 punto, el de cada noble vale 5 y el de cada
rey vale 10). Además, los nobles pueden romper los platos de los plebeyos pero nunca el plato del
rey (Soo-Won pretende así reafirmar su poder, el poder real, frente al poder de los líderes de los
clanes, el poder nobiliario).

Cuando concluye el festival, Soo-Won no sólo ha logrado ganarse el respeto del general al demostrarle que también puede ser un rey guerrero, sino que además, debido al gran número de forasteros que han acudido al evento, logra iniciar la exportación del té de Sakura (un producto originario del clan de la Tierra) hacia el imperio Kai, vendiéndolo además como producto de lujo para evitar la fluctuación entre la oferta y la demanda. Con su calculado plan, SooWon comienza a perfilarse no sólo como un príncipe despiadado que asalta el poder, sino también como un hábil político capaz de aumentar su base social, un estratega militar capaz de hacer frente a agresiones externas y un gestor económico capaz de desplegar iniciativas que generen riqueza.

La coronación del rey usurpador Soo-Won. Fotograma del anime.

5 – Corrupción, resistencia y liderazgo femenino: los piratas del puerto de Awa

Tras encontrar a dos de los dragones, Yona llega al puerto de Awa (enclave comercial situado en las
tierras del clan del Agua y el lugar donde se supone que se oculta el dragón verde). Es una opulenta
ciudad portuaria gracias al comercio con el imperio Kai, de dónde importa sedas, gemas y especias
(se menciona que en el puerto de Awa se puede conseguir prácticamente cualquier producto). Sin
embargo, los años del débil reinado del rey Il han hecho que caiga en manos del gobernador local
Yang Kum-Ji, un político mafioso y corrupto que ha creado su propio imperio mercantil basado en
el tráfico de esclavos y el comercio con opio. Su régimen se sostiene gracias a la compra de
voluntades y a la represión interna, con una población aterrorizada a la que obliga a pagar elevados
impuestos y de la cual se nutre para su turbio negocio esclavista (secuestrando mujeres jóvenes y
atractivas). Ante la pasividad del trono imperial, una valiente mujer marinera, la capitana Gi-Gan,
ha creado un grupo de piratas destinado a sabotear las actividades de Yang Kum-Ji a través del
abordaje y hundimiento de sus barcos (en cuyo interior transportan a las mujeres, para venderlas en
el Imperio Kai, y el opio, para comercializarlo en el puerto de Awa).

El dragón verde colabora con estos piratas de la resistencia, y el hecho de que la líder sea una mujer nos deja alguna que otra reflexión en clave feminista: «las mujeres también podemos pelear, así que no nos subestiméis» (exclama en una ocasión la capitana Gi-Gan, que a lo largo de toda la trama demuestra ser una mujer fuerte y hecha a sí misma que, a pesar de las barreras estructurales de género, ha logrado ganarse el respeto de la tripulación y convertirse en su líder). La tripulación la idolatra, la considera como una madre y acata todos sus decisiones con entusiasmo. Y es que, el gobierno pirata (a
diferencia del estatal o el del esclavista Yang Kum-JI) se basa en la meritocracia, por lo que
cualquier nuevo tripulante debe ganarse el derecho a subir a bordo con su propio esfuerzo (como le
ocurre a la princesa Yona, que se ve obligada a embarcarse en una peligrosa misión para buscar la
planta medicinal «Senjusou», en una especie de ritual de iniciación organizado por la capitana GiGan). Por ello, la trama de los piratas de Awa plantea un debate muy interesante respecto a la
clásica distinción tripartita sobre la naturaleza del poder que planteó Aristóteles: monarquía,
oligarquía y democracia. El rey Il gobernaba por ser el hijo del rey Junam (monarquía), el esclavista
Kum-Ji gobierna el puerto de Awa porque es el hombre más rico de la ciudad (oligarquía), pero en
la república pirata, la capitana Gi-Gan gobierna por haber sido elegida por su tripulación
(democracia). Igualmente, el conocimiento y la información son claves para el ejercicio de su poder,
como le recuerda a Yona mientras estudia la cartografía con detenimiento en su camarote.

Finalmente, es justo durante esta trama de los piratas del puerto de Awa cuando se produce la
eclosión del carisma de la princesa Yona, ya que su sentido de la justicia la hace ganarse la
admiración del dragón verde (un dragón que hasta entonces mantenía una posición completamente
apolítica), tras arriesgar su vida para recoger el «senjusou». Es decir, Yona, poco a poco, va pasando
de ser una niña mimada de la realeza (absolutamente desconectada de los problemas del mundo) a ir
forjando nuevos y poderosos aliados (incluyendo los dioses dragón), a los cuales recluta a través de
su liderazgo inspirador, un concepto acuñado por el politólogo Joseph Nye que define a un líder que
obtiene seguidores gracias a tres cualidades: comunicación, visión de futuro e inteligencia
emocional. Es decir, ella logra el apoyo de los dragones por legitimidad carismática, no tradicional
(el dragón verde lo deja bien claro al mencionar que no desea seguir a Yona por ser la supuesta
heredera de la profecía, sino porque su determinación, su valentía y su defensa de los oprimidos le
han conmovido).

Paralelamente, Yona va experimentando el despertar de su conciencia política, un concepto que proviene de la teoría marxista y que podemos encontrar en autores como Antonio Gramsci o el propio Karl Marx. La princesa del Amanecer pensaba que el reino era próspero y feliz
simplemente porque escuchaba que había paz (el «sentido común» que toda clase dominante trata de
proyectar para así lograr el consentimiento de los dominados), pero en realidad no quería ver la
realidad material de lo que ocurría fuera del castillo Hiryuu (corrupción, desigualdad, miseria).
Aunque el rey Il era una buena persona, la estructura social del poder en el reino seguía siendo la
misma, y además, su pasividad provocó que surgieran poderes locales corruptos como el de Yang
Kum-Ji. Con esta toma de conciencia, Yona comienza así su «viaje del héroe», pasando de ser la
princesa inocente a la líder carismática, dispuesta no sólo a recuperar el trono que usurparon a su
padre, sino también a romper las cadenas de los oprimidos, en un proceso de empoderamiento
femenino desde el exilio que recuerda mucho al de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos.

La capitana pirata Gi-Gan y la princesa Yona a bordo del barco. Fotograma del anime.

Bibliografía

• Kelly, Paul. 2014: El libro de la política: grandes ideas, explicaciones sencillas. Madrid. Akal.
• MAQUIAVELO, Nicolás. 2012: El príncipe: el manga. Barcelona. La Otra H.
• BONIFACE, Pascal. 2024: Geoestrategix: un cómic sobre la geopolítica mundial. Barcelona.
  Lunwerg Editores.

La entrada Geopolítica y shôjo manga: 5 lecciones sobre el poder en Akatsuki No Yona se publicó primero en Cámara Cívica.

El conflicto entre Ucrania y Rusia, que se ha intensificado desde la anexión de  Crimea por parte de Rusia en 2014 y la posterior guerra en el este de Ucrania,  alcanzó un punto culminante con la invasión rusa de Ucrania en febrero de  2022. Este conflicto no solo ha tenido profundas implicaciones para las dos  naciones directamente involucradas, sino que también ha sacudido el orden  internacional y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad  tanto europea como global. Una valoración crítica de este conflicto puede  abordarse desde varios ángulos: las causas subyacentes, el desarrollo del  conflicto, las implicaciones regionales y globales, las posibles soluciones y una  perspectiva de futuro.

Causas subyacentes

 El conflicto tiene raíces históricas, políticas y culturales profundas. La historia  compartida entre Ucrania y Rusia está marcada por la dominación rusa sobre  Ucrania, especialmente durante la era soviética. Tras la disolución de la Unión  Soviética en 1991, Ucrania se convirtió en una nación independiente, pero la  influencia de Rusia nunca desapareció por completo.  

 La expansión de la OTAN hacia el este es otra causa significativa. Desde la  perspectiva rusa, la ampliación de la OTAN hacia las fronteras rusas representa  una amenaza directa a su seguridad. La posibilidad de que Ucrania se una a la  OTAN ha sido vista por Moscú como una línea roja que no están dispuestos a  tolerar. En contraste, muchos ucranianos ven la integración con Occidente  como una oportunidad para escapar de la órbita rusa y consolidar una  democracia estable y una economía de mercado.

Desarrollo del conflicto

 La invasión rusa de Ucrania en 2022 fue un punto de inflexión dramático. Las  fuerzas rusas lanzaron una ofensiva a gran escala con el objetivo de capturar  Kiev y derrocar al gobierno ucraniano. Sin embargo, la resistencia feroz y bien  organizada de las fuerzas ucranianas, combinada con un fuerte apoyo logístico  y militar de Occidente, impidió la rápida victoria que Moscú había anticipado. 

 Desde entonces, el conflicto ha evolucionado en una guerra de desgaste, con  combates intensos en varias regiones del este y sur de Ucrania. La guerra ha  causado devastación en las infraestructuras y un enorme sufrimiento humano,  con miles de muertos y millones de desplazados. Las violaciones de derechos  humanos y las acusaciones de crímenes de guerra se han convertido en una  característica trágica del conflicto.

Implicaciones regionales y globales

 A nivel regional, el conflicto ha reforzado la unidad de la OTAN y ha llevado a  un aumento significativo de la presencia militar de la Alianza en Europa del Este.  Países como Polonia y los Estados bálticos, que tienen una larga historia de  temores hacia Rusia, han intensificado sus preparativos defensivos y han  solicitado mayores garantías de seguridad por parte de sus aliados  occidentales. 

 En términos económicos, el conflicto ha tenido efectos dominó en todo el  mundo. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han aislado en gran  medida su economía de los mercados occidentales, afectando severamente su  industria y finanzas. Sin embargo, estas sanciones también han tenido  repercusiones en los mercados globales, especialmente en los precios de la  energía y los alimentos, ya que tanto Rusia como Ucrania son importantes  exportadores de petróleo, gas y productos agrícolas. 

 Geopolíticamente, el conflicto ha acelerado una bifurcación en el orden  internacional. Rusia ha buscado estrechar sus lazos con China, India y otros  países no alineados con Occidente, mientras que Estados Unidos y sus aliados  han reforzado sus alianzas y cooperación en respuesta a la agresión rusa. Este  realineamiento geopolítico podría tener consecuencias duraderas para la  estabilidad y la estructura del sistema internacional.

Posibles soluciones y perspectivas de futuro

La resolución del conflicto parece distante en el futuro cercano, dados los  objetivos incompatibles de las partes. Rusia busca al menos asegurar un  control sobre el Donbás y mantener a Ucrania fuera de la órbita occidental,  mientras que Ucrania exige la restauración de su integridad territorial completa  y la rendición de cuentas por los crímenes de guerra.

 Las negociaciones han sido intermitentes y hasta ahora infructuosas. Para que  cualquier acuerdo de paz sea duradero, deberá abordar no solo las cuestiones  territoriales, sino también las garantías de seguridad para Ucrania y  posiblemente un nuevo marco de seguridad europeo que tenga en cuenta las  preocupaciones de todas las partes implicadas.  

Opinión personal

Desde una perspectiva personal y crítica, la invasión de Rusia a Ucrania es una  violación del derecho internacional y de los principios de soberanía y  autodeterminación. Es un acto de agresión que ha desestabilizado la región y  ha traído un sinfín de sufrimiento a millones de personas. La respuesta de  Occidente, aunque solidaria y crucial para la resistencia ucraniana, también  plantea interrogantes sobre los límites y las consecuencias de la intervención y  el apoyo militar. La escalada continua del conflicto plantea riesgos  significativos, incluyendo un enfrentamiento directo entre las grandes potencias  y un mayor deterioro de las relaciones internacionales. 

 Es urgente que la comunidad internacional continúe presionando por una  resolución pacífica, apoyando a las víctimas del conflicto y buscando vías para  mitigar las repercusiones económicas y humanitarias del conflicto. Al mismo  tiempo, se debe trabajar para fortalecer los mecanismos internacionales que  prevengan futuras agresiones y promuevan la estabilidad y la cooperación  global. 

 En conclusión, el conflicto entre Ucrania y Rusia es una tragedia de múltiples  dimensiones, con profundas implicaciones históricas, políticas y humanitarias.  Su resolución requerirá no solo negociaciones cuidadosas y concesiones  difíciles, sino también un compromiso renovado con los principios  fundamentales del derecho internacional y la paz. 

Autor: Juan de Dios Mejías Aguilar.

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En la actualidad son varios los conflictos en que un Estado ocupa ilegalmente un territorio y somete a su población a numerosas violaciones de los derechos humanos. Estas  situaciones varían y se diferencian entre sí en función de aspectos como su duración o el  contexto regional y geopolítico en que se insertan. No obstante, también es posible  establecer una serie de similitudes entre ellas. En este sentido, destacan dos casos que han  tenido un recorrido histórico bastante parecido y que desde hace cuatro años se han visto  entrelazados por la colaboración entre sus perpetradores. 

Nos referimos a Marruecos e Israel, que ocupan, respectivamente, el Sáhara Occidental (a excepción de la Zona Libre, bajo control del Frente Polisario) y los territorios palestinos  de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Un primer punto de encuentro es que ambos  comenzaron el proceso durante la descolonización llevada a cabo por las potencias  administradoras (España y Reino Unido) con la aquiescencia o incluso el beneplácito de  la metrópoli, en el caso español debido a la debilidad del agonizante régimen franquista  y en el inglés, a la necesidad de contar con un aliado en una región de gran trascendencia 

dada su cercanía al canal de Suez y los campos petrolíferos del golfo Pérsico, donde el  Imperio todavía mantenía su presencia en territorios como Kuwait o los futuros Emiratos  Árabes Unidos. 

También cabe señalar paralelos entre las tácticas empleadas por ambas potencias  agresoras para eliminar o desplazar a la población autóctona y sustituirla por colonos.  Así, el sultán Hassan II organizó la Marcha Verde, en la que los civiles marroquíes,  supuestamente “armados sólo con el Corán”, cruzaron la frontera con la colonia española,  aunque en realidad lo hiciesen acompañados de tropas. Por su parte, los emigrantes judíos  llegados a Palestina y equipados con puntero armamento occidental contra sus rivales  árabes destruyeron poblados enteros y ocasionaron un éxodo masivo hacia países vecinos  como Líbano o Jordania, donde hoy en día habitan todavía sus descendientes en campos  de refugiados. 

Posteriormente, y continuando con su política de represión, los sucesivos gobiernos aplicaron medidas tendentes a separar a los pueblos oprimidos y dificultar sus  movimientos. Desde la década de los ochenta, Marruecos ha construido (con el  asesoramiento, no por casualidad, de funcionarios israelís y de Sudáfrica, otro Estado en  el que hasta los años noventa se mantuvo en vigor un sistema de apartheid) un muro de  arena y piedra que además está minado y discurre de norte a sur, dividiendo el territorio  controlado por Marruecos de los “Territorios Liberados” de la República Árabe Saharaui  Democrática. En cuanto al caso israelí, en 2002 comenzó la construcción de un muro de  hormigón que separa Cisjordania y está dividido en numerosos puntos de control que  entorpecen el tránsito de los palestinos y alargan durante horas viajes que no comprenden  distancias superiores a algunas decenas de kilómetros, y que en circunstancias normales  tomarían mucho menos tiempo. 

Además, como mencionamos al principio, en diciembre de 2020 ambos Estados  suscribieron un acuerdo de normalización de relaciones auspiciado por el presidente  estadounidense Donald Trump, que, a cambio, reconoció las pretensiones marroquíes de  soberanía sobre el Sáhara Occidental, aunque lo hiciese a través de un canal no oficial como la red social Twitter y contraviniendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de  Naciones Unidas. 

Tanto Palestina (a la que en los últimos tiempos han reconocido Estados europeos como  España o Irlanda) como la RASD (que, a lo largo de su historia, ha sido reconocida por  ochenta y cuatro países en total) cuentan con importantes aliados en la escena  internacional y, en el caso de la primera, el genocidio perpetrado por Israel desde el  pasado 7 de octubre (aunque la situación, como hemos visto, se retrotraiga a hace casi un  siglo) ha generado una oleada de solidaridad potenciada por las redes sociales y  manifestaciones en algunas de las principales ciudades de Europa. No obstante, y por  desgracia, la situación no tiene visos de cambiar, y no lo hará mientras desde Occidente  se soslayen o toleren estas violaciones y no se abogue por la plena aplicación del derecho  internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

Autor: Alfonso Alvero Roldán.

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Determinar el futuro de la propia nación es un derecho inherente reconocido en varios preceptos del derecho internacional, donde dicha decisión debe ser determinada por los propios nacionales del país, no por organizaciones internacionales o Estados ajenos al propio que escojan el camino del pueblo bajo su propio interés, como así es el caso del Sahara Occidental. 

El territorio del Sahara Occidental ha conllevado durante toda su historia, un camino de guerras basadas en la determinación del pueblo saharaui; donde en un primer lugar, España fue establecida como potencia administradora del territorio, bajo la espera de la proclamación de la autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, el derecho de determinación de los saharauis no ha sido desarrollado por diversos conflictos relacionados con la propia nación frente a los intereses económicos y sociales de otros Estados, como el Reino de Marruecos o Mauritania, a pesar de la clara declaración del Tribunal Internacional de Justicia de la no vinculación jurídica e histórica de estos Estados sobre el Sahara Occidental. 

Diversos supuestos han contemplado el futuro del pueblo del Sahara Occidental, como la misión creada por las Naciones Unidas denominada como MINURSO, con el objetivo de la aplicación del derecho internacional en el territorio y con ello, el respeto por los derechos humanos de los saharauis en suma de un referéndum con el fin de que los propios saharauis sean los que decidan su propio futuro. Es preciso mencionar en este orden de ideas, el Acuerdo Tripartido de Madrid (1975) entre España, Marruecos y Mauritania donde España, como potencia administradora, cedió la administración y gestión del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, actuando en contra, por tanto, del derecho internacional; así como la marea verde realizada por el Reino de Marruecos que conllevó la ocupación de una gran parte del territorio saharaui, y el comienzo de un nuevo conflicto entre la parte ocupada y gestionada por Marruecos, y el Frente Polisario. 

Con ello, podemos comprobar que a lo largo de la historia del Sahara Occidental y a pesar de que el derecho internacional recoja en numerosos preceptos y con precisión, la necesidad de establecer el derecho de autodeterminación en todos los territorios considerados como colonias, el Sahara Occidental ha sido siempre un territorio olvidado de la necesaria aplicación del derecho, tanto en el aspecto de la determinación definida por la Resolución 1514 (XV), como por la defensa de los derechos humanos violados en el territorio, con el continuo genocidio, asesinato selectivo, torturas, violaciones, migraciones forzosas, censura política y periodística, y con ello, innumerables delitos.

La censura de la voz del pueblo saharaui es un hecho discriminatorio creado por diversos países, pero mantenido por otros, por lo que conlleva una situación olvidada por la gran mayoría de la población. Atender a las necesidades de los saharauis tanto en su determinación como pueblo, así como en el respeto por los derechos humanos y proclamar el fin de una guerra que lleva años librándose, es un imperativo de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo, de los magnates de las relaciones internacionales que deben frenar de forma imperativa el interés continuo de la inestabilidad del Sahara Occidental como beneficio propio, para pasar a establecer y mantener el derecho humano y el derecho internacional en el territorio. 

Autora: Elena Morata Almagro.

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Introducción. 

El pasado 10 de julio de 2024 tuve la oportunidad de asistir a la última de las sesiones del curso de verano de la UCA dedicado a los conflictos armados en este primer cuarto del siglo XXI, coordinado por Jesús García García, Manuel Rodríguez Morillo y José Marchena Domínguez. 

Reflexionaremos sobre la conferencia Cómo contar la “guerra de los vivos”: experiencias desde Ucrania, desarrollada por Ebbaba Hameida. Ebbada, como reportera de RTVE en la zona nos trasladó su enfoque y su trabajo en relación a la vida de los habitantes de las zonas azotadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, al hilo del relato de Ebbaba, de su experiencia y por ende de su perspectiva, trataré de exponer el rol que desempeña –a mi juicio- la información veraz en la sociedad actual y muy especialmente en el contexto de la gestión política de los conflictos armados.

Empecemos diciendo una obviedad necesaria, importante: La guerra es uno de los tres principales negocios en el mundo actual. Favorece además otros que también son negocios principales, como son la trata de blancas y el narcotráfico. Estos tres áreas de negocio comparten varios rasgos: tienen una visión muy negativa por parte de la población civil, tienden a escapar del control de las leyes internacionales y de los estados, la democracia y la información veraz les resultan inconvenientes y, en conclusión de lo anterior, necesitan intervenir en la información para generar un discurso favorable a sus operaciones. Suele atribuirse a Esquilo esta máxima: La Verdad, primera víctima de la guerra. 

Durante su intervención la periodista Ebbaba Hameida planteó los que a su juicio son los horizontes posibles para el suministro de una información veraz en la sociedad actual.  En dicha reflexión señaló que quizás en un futuro próximo el acceso a una información veraz estaría vinculado a la suscripción bajo pago a pequeños medios alternativos de información. 

A mi juicio esta disyuntiva es ya en sí misma contraria a la pervivencia de las sociedades abiertas y democráticas. No ya las sociedades democráticas, sino cualquier comunidad política requiere de un bien básico para un funcionamiento coherente y para que exista la posibilidad de que el ciudadano pueda comprender y operar en un estado de derechos y deberes. 

Hameida se refirió a que en ese modelo habría que pagar la información. Se hace necesario aquí recordar que los ciudadanos ya pagamos por ella. De hecho los medios públicos como RTVE, RTVA, RNE, etc. cuenta con una gran financiación desde los Presupuestos Generales del Estado. Esta financiación se justifica en el objetivo de que dichos medios garanticen funciones públicas necesarias en un estado democrático. 

La Verdad en un mundo virtual. 

La gestión de la información se ha convertido en los últimos años en un controvertido eje central para las sociedades tecnológicamente desarrolladas. Gracias al espectacular despliegue de las nuevas tecnologías se ha producido la constatación de un salto exponencial en la capacidad de comunicar –con el consiguiente aumento del número de impactos percibidos diariamente-, incluyéndose una nueva dimensión en la capacidad de divulgar bulos, crear y difundir “postverdad” (el “mentir” de nuestros abuelos) y crear percepciones de la realidad que se fundan en un relato, no ya parcial o de parte, sino manifiestamente falso.  

En Telépolis, como Javier Echeverría denominaba a la sociedad actual, la realidad se construye por la suma de informaciones que recogemos de diferentes medios que intermedian entre nosotros y la realidad. Estamos por tanto en una nueva dimensión del mito platónico de La Caverna, que magistralmente ilustraron las hermanas Wachowski en su trilogía The Matrix. Previamente fue ya anticipado por Orwell en su célebre 1984.

En síntesis podríamos señalar la facilidad, en un mundo virtual, para general una percepción virtual del mundo, y por ello parcial o totalmente desvinculada de la realidad, que condicione –o controle- nuestro comportamiento y nuestras decisiones más trascendentes. 

La información veraz, bien público y premisa de libertad.

La información para quien la pague. La sanidad para el que la pague. El agua para el que la pague. Los bancos del parque para el que lo pague. El aire para el que lo pague. ¿Hasta cuando es necesario seguir ejemplificando una lógica insostenible en cualquier comunidad política? 

Decía Montanari en La pietre e il popolo (2013), que si el patrimonio no genera futuro en términos de ciudadanía, integración e igualdad constitucional y en la vida social, no sirve de nada y no merece la pena conservarlo. En el mismo sentido debemos sostener la importancia de la conservación de lo público, no ya en referencia con el espacio público o social, sino con elementos quizás menos visibles –como el aire- pero vitales para poder respirar y ejercer una vida democrática. 

En el contexto político postsoviético, la doctrina del capitalismo salvaje neoliberal ha impuesto como dogma la reducción a la mínima expresión o la desaparición de lo público. Observamos e identificamos con facilidad la destrucción de los sistemas públicos de Salud, Educación, Transportes, etc. Sin embargo nos resulta más difícil identificar otros procesos menos evidentes. 

Asistimos con “naturalidad” a un proceso en el que los bienes básicos para la vida han sido privatizados, convertidos en mercancía y alienados de sus comunidades naturales y aún antes de su biotopo original. En este proceso perverso –en términos de la lógica del funcionamiento de la Naturaleza, del espacio vital del que dependemos- el primer paso fue patentar remedios naturales y tradicionales como principios activos propiedad de una marca farmacéutica. De este modo se convirtió en propiedad privada la medicina natural y con ello todo uso comercial de los parabienes de las plantas. Un siguiente paso reseñable ha sido la patrimonialización de los acuíferos, es decir, la conversión del agua –un recurso crucial para la vida- en una propiedad privada. Así encontramos acuíferos, que son fundamentales para el funcionamiento de un gran ecosistema, gestionados al socaire del interés de corporaciones transnacionales. Asistimos pues a la conversión de los derechos en una mercancía para el beneficio de las grandes corporaciones.

Uno de los grandes triunfos del discurso neoliberal ha sido la asunción por parte de la población de la idea de que todo es una mercancía en un sistema de mercado. Y este “todo” ha llegado a las más insospechadas latitudes mentales. 

Un ejemplo muy gráfico en nuestra Andalucía es como se producen quejas de vecinas y vecinos por el uso de fuentes públicas cuando acuden familias en riesgo de exclusión (de pobreza miserable, que dirían nuestros abuelos) a proveerse de agua, para poder vivir, lavarse, beber, cocinar, etc. El argumento de las quejas es “si quieren agua que la paguen”. Tan crudo y duro argumento, que condenaría a estas familias a una desesperación insospechable, se basa en la falsa idea de que el agua es un producto, ya que confunden en la factura el coste del transporte y suministro con el coste del agua. El agua en sí no es un producto y no tiene precio, sino que se factura su abastecimiento. Es decir, se cobra por llevarla a tu casa para que no tengas que acudir a la fuente a recogerla, donde siempre, desde el principio de los tiempos, en cualquier comunidad humana, fue gratis, libre y de todos. 

En esta lógica, la información no es sino el siguiente y necesario paso en el proceso. Sin embargo no podemos entender este interés comercial por la información como algo nuevo, ni tampoco vinculado principalmente al negocio. El primer interés del control de la información es el control de la opinión pública: la labor intensiva de hacer coincidir la opinión pública con la opinión publicada, atendiendo esta última, antes que a criterios de profesionalidad o interés público, a los intereses comerciales de las corporaciones propietarias de los medios de masas, a los que hay que añadir recientemente a las redes sociales, dotadas de un mayor potencial alienador.

Históricamente este interés por el control del relato –algo que se nos dice moderno- hunde sus raíces ya en el Mundo Antiguo, en la Grecia clásica y en la propia Roma republicana. En el siglo I a.C. tanto Mario como César hicieron campaña al consulado in absentia mediante la publicación de cartas o escritos en los que narraban sus logros militares y sus planteamientos políticos. De esta acción nace la celebérrima Guerra de las Galias. Pero sin duda vivió un auge insospechado durante el siglo XIX con el despliegue de la prensa como herramienta de difusión de las ideas liberales. 

¿Qué fue de Anita Pastor? 

No es que consideremos que en la profesión periodística no haya personas dedicadas y comprometidas con facilitar una información veraz como servicio público fundamental para las sociedades plurales y conectadas con la realidad. En España podemos relatar un rosario de ceses de profesionales cuya única falta fue tener éxito comunicando una información de interés público y con un enfoque plural. Resulta evidente que existe una resistencia, minoritaria, que intenta ejercer un periodismo al servicio del público. La cuestión es que este no está al servicio del juego que domina y controla los medios y la profesión, y por ello acaban, tarde o temprano siendo purgados. Como dijo Napoleón en el incendio de Moscú: “Lo que no contribuye al incendio, no está en su sitio”. 

Como defendía Orwell, “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Lo demás es Relaciones Públicas”. Y es en esencia lo que tenemos, relaciones públicas. Periodismo, según esta definición fue lo que hizo Julian Assange y ha pagado por ello un alto precio. 

Por tanto, el relato de Hameida es desde su perspectiva un discurso coherente y honesto. De sus palabras se evidencia que vive y cree aquello que nos relata en relación con su labor. Sin embargo, su voz, su “verdad” en el relato de las víctimas de un terrible conflicto, queda insertado en un marco mayor en el que, lejos de su intención, acaba por complementar un discurso totalizante. En él, por ejemplo, su labor sirve de base para justificar la participación de la UE en la guerra, el auge de discursos de la extrema derecha, el militarismo, etc.

En 1996 durante una entrevista en la BBC Noam Chomsky realizó una sintética explicación de por qué los medios de comunicación son una farsa. Para ello acudió al trabajo de Orwell sobre la censura en la literatura británica, encontrando dos factores fundamentales: La propiedad privada de la mayoría de los medios y la producción y selección de los perfiles adecuados para ser utilizados como profesionales en dichos medios. Ante esto el periodista se defendió: “¿Cómo puedes saber que me estoy autocensurando?”. La respuesta resulta demoledora: “No digo que te autocensures. Estoy seguro de que crees todo lo que dices. Lo que estoy diciendo es que no si creyeras algo diferente no estarías ahí sentado”. 

Durante la visita de Rafael Correa –presidente de Ecuador- a España fue entrevistado por Ana Pastor, en una de sus habituales incisivas actuaciones. La periodista señaló una supuesta campaña de acoso del gobierno ecuatoriano. El presidente Correa refutó este planteamiento refiriendo como los medios de comunicación eran los grandes electores, como difundían bulos, hacían campañas y como habían apoyado a dictaduras. Aclaró que las sanciones contra medios estaban relacionadas con la emisión de noticias falsas, actuando en contra de su código deontológico. Correa comentaba como el interés del propietario –línea editorial- se impone por encima del criterio del periodista. Pastor defiende que la profesionalidad se impone. Correa regresó poco después a España, tras la llegada a la Moncloa de Rajoy. En la entrevista en RTVE preguntó a la nueva periodista dónde estaba Pastor. La respuesta fue lacónica: “Ya no está”. 

La necesidad de respirar… democracia.

En la comedia de Spaceballs (1987) de Mel Brooks, el dictador del imperio galáctico negaba la falta de oxígeno mientras consumía Perri-air, aire fresco embotellado. Tan básico como el derecho a respirar –a vivir- es el derecho a conocer la realidad que nos rodea y en la que debemos desenvolvernos como ciudadanos. 

Dejar un bien de interés público en manos de la gestión privada –de intereses privados- conlleva una contradicción de base –un conflicto de intereses evidente- que pone en manifiesto riesgo la seguridad de la comunidad. 

Por tanto, como bien de necesidad pública la información veraz, puede ser teóricamente proveída complementariamente por corporaciones, pero debe ser garantizada por las instituciones públicas que son propias de la comunidad y que la salvaguardan. 

Debemos en consecuencia evitar entregarnos a la dinámica de una lógica neoliberal en la que los derechos se convierten en mercancía y se pervierten su sentido y su contenido, transmutando la medicina en veneno, y la información en desinformación. 

Los conflictos armados requieren de una fase previa generadora del clima que los hace posibles y tolerables. Para ello es crucial la hegemonía en el relato mediático de los argumentos que favorecen el belicismo y conducen a aceptar la renuncias en bien de conseguir el objetivo militar. Así se desencadena una amplia e intensa campaña de contaminación comunicacional con el objetivo de conducir al pueblo a tomar la decisión más tendente a los intereses belicistas. 

El más célebre de estos procesos de adulteración del libre pensamiento en las sociedades llamadas democráticas es el caso de la campaña previa a la intervención estadounidense en Cuba, con aquel célebre “Yo pondré la guerra” de Randolf Hearst. Pero quizás uno de los casos más paradigmáticos fue la sumisión y alienación de la propia prensa estadounidense en el marco de la Primera Guerra de Irak, como se denuncia en el documental producido por Channel Four y dirigido por la periodista Maggie O’Kane, Cabalgando sobre la tormenta: como contar mentiras y ganar guerras. 

Lo que se evidencia en estos procesos, y queda desnudado en el citado documental, es como la generalidad de periodistas y los medios se pliegan e incluso colaboran abiertamente con la difusión del discurso belicista, hasta el punto que la información se convierte en intoxicación del debate público, cuando no en su secuestro. En este proceso rápidamente se pasa a una ofensiva de acoso y derribo contra las voces críticas, favorecido por un ambiente de caza de bruzas (Assange o Snowden) que ya evidencia una carga de violencia verbal hacia la disidencia contra la causa bélica. 

El resultado de esta terrorífica deriva es una radicalización de la autocensura, la consiguiente intoxicación informativa y la imposición desde los medios de comunicación de un discurso falso, interesado y de rasgos autoritarios, que lleva al ridículo de ondear banderas ucranias –pero no palestinas- en gasolineras e instituciones de España. El clima social en el que deriva es más propio de las dictaduras fascistas que de un estado democrático, y por consiguiente las mecánicas que se reproducen, no sólo nos conducen a la participación en un conflicto armado, sino que además erosionan profundamente a las instituciones democráticas y la fe del pueblo en la democracia. Todo ello resulta en la reproducción de una cultura belicista y autoritaria que nos acerca a revivir periodos oscuros como el vivido en Europa con el ascenso del nazismo. 

Todo ello sería imposible si una prensa de libre y plural, de corte democrático, ejerciera las funciones sociales que descansan en el correcto ejercicio de su profesión. Por esto nos preguntamos, siguiendo con la definición de Orwell sobre el Periodismo, ¿existe el Periodismo o es todo Relaciones Públicas?

Autor: Vicente Terenti Cordero.

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El día 08 de julio de 2024 asistí a la ponencia del contratado predoctoral Jesús García García, experto en la ideología de extrema derecha y en concreto en posturas islamófobas. Su intervención se enmarca dentro de la 74ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, concretamente el dedicado a los conflictos bélicos abiertos en el S.XXI. 

Durante este curso realizó una ponencia titulada “Electoralismo, geopolítica, democracia y terrorismo” en la que analizó diferentes declaraciones y posturas de personalidades pertenecientes a la política española e hizo una crítica sobre el uso de la palabra “terrorismo” desde el punto de vista de la filosofía. 

Mi reflexión estará enfocada en poner en valor la crítica del ponente y en indagar en la cuestión con el objetivo de arrojar luz en cómo este término se ha convertido en un instrumento político para excusar y perpetuar la violencia de los Estados. 

Hoy en día prácticamente cualquiera puede ser tachado de terrorista. Todo depende de que sea lo más conveniente para el discurso y los intereses del momento. 

Vivimos un tiempo en el que la palabra “terrorismo” se ha convertido en un arma arrojadiza de tan frecuente uso, que su significado se ve cada vez más distorsionado. Pero para comprender cómo hemos llegado hasta este punto es necesario que nos remontemos a finales del siglo pasado y analicemos las transformaciones que han sufrido las relaciones entre Estados desde entonces, y demos con las claves que nos han llevado a ver terroristas en cada hospital de Gaza. 

Contexto: el cambio de etapa y el fin de la historia

A finales de la década de los 80´s con la caída del muro de Berlín comenzaba el proceso que llevaría a la disolución del bloque socialista y junto con él del mundo bipolar. Este cambio radical llevaría a la transformación de las relaciones internacionales que, hasta el momento, se habían regido por la separación entre bloques en los que los diferentes estados se situaban como aliados, satélites, clientes o no alineados en relación con las dos superpotencias. 

Con la caída del bloque socialista, se comenzaba una nueva etapa, se había producido lo que el politólogo Francis Fukuyama entendió cómo el fin de la historia. 

Fukuyama publica en 1992 el libro El Fin de la Historia y el Último Hombre, donde defiende la tésis de que se había alcanzado el fin de la historia en el sentido hegeliano del término, la lucha entre ideologías ha terminado y hay un claro ganador, la democracia liberal, por lo que, a partir de ese momento se ha alcanzado el “mejor modelo posible”, las ideologías ya no son necesarias y han sido sustituidas por la economía liberal, el pensamiento único en un mundo unipolar. 

Pero conllevaba un problema para la superpotencia restante. La Guerra Fría había creado un ambiente que permitía la intervención en terceros países para su control y el abastecimiento de sus recursos por parte de EE.UU y de la URSS con el pretexto de la constante amenaza que suponía la expansión de la potencia contraria o el terror a un ataque nuclear. 

En éste nuevo contexto, EE.UU perdía su “excusa” para seguir explotando sistemáticamente los recursos de terceros países mientras mantenía su control militar sobre otros tantos. Ya no existía esa gran amenaza externa que justificara sus acciones. Y es entonces cuando se vuelve fundamental la creación de una nueva. 

La creación del nuevo enemigo

Francis Fukuyama escribió en El Fin de la Historia y el Último Hombre algo que sería fundamental para la resolución de éste problema. Para Fukuyama el fin de la historia solo había llegado para Occidente, y es que Fukuyama compara el fundamentalismo islámico, por su fundamento religioso y su defensa nostálgica de los valores tradicionales frente al estilo de vida occidental, con el fascismo europeo. 

Por otro lado, Huntington sería incluso más claro a la hora de designar el papel del “nuevo enemigo de la libertad” con su teoría del “Choque de Civilizaciones” defendida en su libro de mismo nombre y publicada en respuesta a la obra de Fukuyama. En dicha teoría Huntington establece una clasificación de los estados en diferentes civilizaciones que los agrupan y afirma que no se ha llegado al fin de la historia y que ésta continuará como conflictos entre civilizaciones y no entre ideologías. Citando su artículo: 

“Los Estados-nación seguirán siendo los actores más poderosos del panorama internacional, pero los principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque de civilizaciones dominará la política global. Las fallas entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro.” 

De la misma forma afirma que el crecimiento de las ideas de democracia y libre comercio sólo han crecido en la “cristiandad occidental” y clasifica a las civilizaciones sínica (China, Coreas y Vietnam) e Islámica cómo rivales directos de la civilización occidental, y estima un futuro enfrentamiento entre estas. 

Su acción no se limitó a la teoría, sino que promovieron de forma directa la intervención americana como miembros de grupos neoconservadores colaboradores del gobierno estadounidense, cómo se refleja en la firma de Fukuyama junto a la de otros intelectuales de una carta al presidente Clinton a favor de la segunda guerra contra Irak, cómo confirma la obra Imperialismo Humanitario de Jeac Bricmont.

Las teorías de ambos intelectuales son el reflejo de la nueva estrategia americana cuyo objetivo es reforzar la hegemonía estadounidense mediante la captación de recursos fósiles. Y se utilizarían para construir el discurso que convenciera a la ciudadanía americana de apoyar las posteriores intervenciones en países de Oriente Medio cómo Irak y Siria. 

Para justificar esta hipótesis nos apoyaremos en dos testimonios de gran importancia y de carácter revelador. Por un lado el testimonio de Robert Gray en el documental Cabalgando sobre la tormenta, y el ex-comandante de la OTAN, Wesley Clark en el programa Democracy Now. 

En el contexto de la invasión de Kuwait por parte de Irak, la hija del embajador kuwaití en Washington contaba en la cámara del congreso su experiencia vivida en un hospital el día de la invasión irakí, su testimonio decía asi: “Cuando me encontraba allí vi cómo entraban en el hospital soldados iraquíes, sacaron a los bebés de las incubadoras y los dejaron morir sobre el suelo helado. Fué horrible.” 

Este testimonio fue decisivo para convencer a los senadores que acabarían votando a favor del uso de la fuerza en Irak. Pese a ésto, posteriormente se demostró que su testimonio era falso, puesto que la hija del embajador nunca estuvo allí. Su testimonio ante el congreso fue preparado por Hill and Knowlton, empresa contratada por la administración americana para conseguir el apoyo de la ciudadanía a la guerra. 

Robert Gray, hombre a cargo de ésta tarea, declaró: “Siempre resulta difícil por supuesto en una democracia cómo usted sabe, conseguir el apoyo masivo de la opinión pública a la decisión de participar en la guerra, la administración había decidido eso y nuestro trabajo era educar el pueblo americano en las ventajas que conllevaba tal decisión para conseguir ese apoyo” 

Se podría pensar que ésto fue un caso aislado, sin embargo los testimonios de Wesley Clark apuntan lo contrario. Durante su entrevista en 2007 con Amy Goodman en el programa Democracy Now el excomandante de la OTAN explica como fue al Pentágono 9 días después del atentado a las torres gemelas y uno de los principales generales le explica que se había tomado la decisión de ir a la guerra con Irak sin que se hubieran encontrado ninguna prueba que relacionara a Saddam con Al Qaeda, además cuenta cómo unas semanas más tarde éste mismo general le muestra un memorando del entonces secretario de defensa Donald Rumsfeld, explicando cómo EE.UU iba a invadir a 7 países en 5 años, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. 

Estados Unidos ha hecho uso desde el atentado del 11 de septiembre de una narrativa del terror que afirmaba la existencia de terroristas o la colaboración con ellos por parte de diferentes países, bajo éste pretexto de la “guerra contra el terrorísmo” o contra el llamado “eje del mal” Estados Unidos ha intervenido desde 2001 en; Filipinas (2002), Irak (2003-2011), Somalia (2007), Libia (2011), Yemen, Pakistan y Somalia (2011-2012) y Siria (2014) 

Desde entonces se ha continuado con éste discurso en el que los terroristas parecen estar hasta debajo de las piedras, hoy éste mismo discurso es el utilizado por Netanyahu, que bombardea los hospitales, escuelas, templos, ambulancias y zonas de ayuda humanitaria en Gaza bajo las afirmaciones de que ahí se esconden los soldados de Hamás. 

A la luz de estos argumentos, sostenemos que el término “terrorismo” se ha convertido en una herramienta política utilizada para justificar los actos de violencia perpetrados por los estados, bajo sus propios intereses monetarios y o territoriales, creando una situación en la que parece no discernirse un límite para las acciones de violencia, esto puede llevarnos a las preguntas de ¿Hasta donde llegarán?, ¿Cuál será el próximo lugar al que apunten?, ¿Seré yo un terrorista?

Autor: Sergio Terenti Moreno.

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Introducción: La ocupación en el Sáhara y el Frente Polisario

El conflicto del Sáhara Occidental representa una de las disputas territoriales más prolongadas y complejas del siglo XX y XXI. Resulta imperante para esclarecer dicho conflicto, mostrar brevemente su contexto histórico. Este territorio, el cual, era anteriormente una colonia española, fue objeto de reclamos territoriales tras la retirada de España en 1975. La Conferencia de Berlín de 1884, que legitimó la ocupación europea en África, no previó adecuadamente el destino de las colonias post-independencia, lo que contribuyó a las disputas territoriales modernas. Tras la retirada española, Marruecos y Mauritania reclamaron el territorio, lo que llevó al estallido del conflicto con el Frente Polisario, que busca la autodeterminación, y la potestad sobre la tierra del pueblo saharaui.

Derecho Internacional y Autodeterminación

El principio de autodeterminación es central en el derecho internacional, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en varios pactos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Según estos instrumentos, todos los pueblos tienen el derecho a determinar libremente su estatus político y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural. La Asamblea General de la ONU ha reafirmado este derecho en múltiples resoluciones, instando a la realización de un referéndum en el Sáhara Occidental para que su población determine su futuro. En este sentido el problema implantado, es que este derecho, hasta ahora negado al pueblo saharaui, depende entonces de terceros. Sin embargo, si este derecho que debe darse por antonomasia, habría que replantear hasta qué punto la libre determinación del pueblo saharaui depende de una situación específica o de los mencionados terceros, o si verdaderamente subyace la responsabilidad de algunas instituciones respectivas, como el caso de la ONU.

Soberanía y Ocupación

Marruecos basa su reclamo en vínculos históricos y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1975, que reconoció ciertos lazos históricos entre Marruecos y algunas poblaciones saharauis, pero también subrayó que estos no eran suficientes para alterar el derecho a la autodeterminación. La ocupación de Marruecos ha sido vista por muchos como una anexión de facto, contraviniendo el principio de uti possidetis juris, que sostiene que las fronteras coloniales deben ser respetadas post-independencia. La ocupación marroquí es en todo caso, una violación de estos principios, al negar al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación y a participar equitativamente en su propio gobierno. Recurriendo a Robert Nozick, en su teoría del estado mínimo, sugiere que cualquier acción estatal debe ser justificada en términos de derechos individuales y consentimiento. La ocupación sin el consentimiento de los saharauis puede ser considerada ilegítima bajo este marco. La falta de un referéndum libre y justo representa una negación de la agencia individual y colectiva del pueblo saharaui. En este sentido, el pueblo saharaui está en todo el derecho de luchar en favor de la protección y recuperación de su territorio, esto, viéndolo desde un enfoque liberal. 

Explotación del territorio

El interés marroquí en extenderse y apropiarse de la tierra saharaui tiene, evidentemente, relación con las posibilidades de explotación de la tierra misma y de sus recursos. A su vez también despierta el interés de países con los que Marruecos sostiene arreglos de libre comercio, como lo es España, el cual, apoyaba con anterioridad la soberanía del pueblo saharaui, pero ahora despierta un ligero interés en la tierra del Sáhara Occidental. 

Algunos ejemplos de la explotación de este territorio son:

• Plantaciones de tomates y melones, las cuales Marruecos vende como suyos a la Unión Europea. En este sentido, no solo se violan los derechos del pueblo saharaui, sino que también se contribuye a la economía marroquí mientras el pueblo saharaui sigue viviendo en condiciones de pobreza y desplazamiento.
• Intereses por las aguas canarias 
• Pesca: Los acuerdos de pesca entre Marrueco y la Unión Europea, incluyen también las aguas pertenecientes al Sáhara Occidental, esto, sin el consentimiento por parte del pueblo saharaui, representando así una más de las tantas explotaciones ilegales.
• Explotación de varias reservas minerales “el nuevo petróleo”. La explotación de estos recursos beneficia a Marruecos y consecuentemente al pueblo saharaui no se le atribuye o reconoce nada, perpetuando la impotencia de no poder utilizar los recursos de su propia tierra. 

Implicaciones Jurídicas y Políticas

La situación actual en el Sáhara Occidental también tiene importantes implicaciones jurídicas y políticas. La MINURSO, establecida para supervisar el alto el fuego y organizar un referéndum, ha sido incapaz de cumplir su mandato debido a la falta de cooperación y consenso entre las partes. Esto plantea preguntas sobre la efectividad de las misiones de paz de la ONU y la responsabilidad de la comunidad internacional para resolver conflictos prolongados.

Además, el reconocimiento diplomático de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por varios estados y su membresía en la Unión Africana refuerzan la legitimidad del reclamo saharaui a la autodeterminación. Sin embargo, la posición de Marruecos ha sido fortalecida por el apoyo de varios países y la reciente reanudación de relaciones diplomáticas con Israel, lo que subraya las complejidades geopolíticas del conflicto.

Conclusión

El conflicto del Sáhara Occidental se inscribe en un contexto más amplio de disputas territoriales y luchas por la autodeterminación que han caracterizado el siglo XX y XXI. Este conflicto refleja las tensiones postcoloniales y legados de la descolonización, pero también la persistencia ante desafíos implantados por la soberanía, la explotación de recursos naturales y demás intervenciones geopolíticas.

La ocupación marroquí del Sáhara Occidental y la lucha del Frente Polisario por la autodeterminación de los saharauis son emblemáticas de los problemas más amplios que enfrentan muchas regiones en el mundo contemporáneo. La incapacidad de la comunidad internacional para resolver este conflicto, a pesar de las claras directrices del derecho internacional, pone de relieve las limitaciones de los mecanismos globales de resolución de disputas y de la efectividad de las misiones de paz de la ONU. Además, la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y la implicación de otros actores internacionales, como la Unión Europea y Estados Unidos, ilustran los complejos conflictos territoriales modernos. El conflicto del Sáhara Occidental se asemeja a otros conflictos del siglo XXI donde la riqueza natural se convierte en una fuente de contienda, como en el caso de la República Democrática del Congo y sus minerales o las disputas en el Mar de China Meridional por sus recursos marítimos.

Para avanzar hacia una resolución justa y duradera del conflicto del Sáhara Occidental, es esencial que la comunidad internacional renueve su compromiso con los principios de autodeterminación y soberanía establecidos en el derecho internacional. Esto implica no solo la organización de un referéndum libre y justo, sino también el reconocimiento y respeto de los derechos del pueblo saharaui a gestionar sus propios recursos naturales y a desarrollarse de manera autónoma.

OBRAS CITADASNozick, R. (2014). Anarquía, estado y utopía. Editorial Innsfree

Autora: Isabella Gordillo Ordóñez. Universidad de Cádiz.

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Los conflictos actuales son herederos del corto siglo XX, como el tiempo de grandes contrastes que ha sido. El inicio del nuevo siglo ha estado siendo testigo de cómo las ideas, procesos y hechos han generado un amplio marco contemporáneo, ahora ya globalizado, en el que los ecos de las guerras del ayer generan los sonidos del mañana. La melodía que compone la música de hoy tiene características añejas, por ejemplo, el genocido contra el pueblo palestino recuerda demasiado al holocausto armenio a principios del siglo XX: una política genocida basada en deportaciones forzosas e intento de exterminar una cultura; así como además venideras, otro ejemplo, la redefinición de las fronteras políticas establecidas en el siglo veinte a partir de la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022, evocando el equilibrio de poder que significó ante la OTAN el hinterland del Pacto de Varsovia (1955) como la excusa que supuso el Tratado de Versalles (1919) para que el nazismo tomase el poder y ejecutase una política expansionista. Este marco contemporáneo supone la inmersión en una reordenación integral de todas las estructuras de la actividad humana, desde las condiciones materiales hasta conceptos abstractos, como el derecho internacional o los derechos humanos, afectan ya a la vida cotidiana de cualquier ciudadano de la aldea global mediante una naturaleza interconectada. Desafortunadamente, la ciudadanía europea no es ajena a ello, el conflicto ucraniano ha despertado la conciencia de lo que supone una herida abierta en un territorio comunitario, así como otros problemas que orbitan las fronteras de la Unión. Sírvase el caso del Sáhara Occidental (1975), en el que hay una descolonización pendiente cuya administración compete a un país europeo pero gestionada por un país árabe ocupante. 

De este modo es posible observar el conflicto palestino-israelí (1948) como la herida abierta más representativa que deja el breve siglo. En principio tuvo su origen en motivos políticos (Theodor Herzl, Der Judenstaat, 1896; Arthur Balfour, la Declaración Balfour, 1917) aunque pronto llevaría a una disputa sobre el territorio: los judíos deseaban una tierra sin población árabe, y éstos se negaban a dividir la tierra para una comunidad que buscaba desarabizarla mediante un modelo colonial occidental. La nakba supuso la movilización de alrededor de 800.000 personas –árabes y cristianas– que se vieron despojadas de su patrimonio personal. Desde entonces ha sido un conflicto intermitente bajo un régimen de dominación que recuerda lo peor del siglo XX, siendo capitalizado por otros actores geopolíticos a favor de sus propios intereses en materia de recursos naturales (gas natural). El espacio cerrado por tierra, mar y aire en la Franja de Gaza continúa constituyendo un drama humanitario que se podría considerar un moderno campo de concentración. Un sombrío legado en el que se tiene por el respeto y ejercicio de los derechos humanos en esta nueva centuria. 

Volviendo la vista al Sáhara Occidental este ha ido presentando problemáticas similares, con Marruecos gestionando la ocupación de un territorio pendiente de descolonización, usando como instrumento de chantaje la migración, mientras se ampara bajo actores geopolíticos como EE.UU. e Israel. El motivo de la ocupación se halla en el aprovechamiento de los recursos naturales (minas de fosfatos, pesca y “tierras raras”) en ese territorio mientras ejerce sistemáticamente violaciones sobre los derechos humanos. Sin embargo la República Saharaui, aunque ha sido reconocida por 84 países, sigue estando dividida entre un Estado, la consideración de un territorio autónomo para España y un territorio ocupado para Marruecos. En este escenario el pueblo saharaui desarrolla la reclamación de su independencia a través del derecho internacional. Por su lado España, como potencia administradora, ha demostrado una falta de importancia estratégica en su política norteafricana, revelando una incoherencia en su política exterior mientras se presiona las fronteras europeas con la migración, el narcotráfico y el terrorismo. 

El contexto de la situación de Ucrania cambió a partir de 2022 pero sus antecedentes más inmediatos se pueden encontrar en 2014. Resulta interesante que Rusia no se considere una guerra sino una Operación Militar Especial mientras intenta explicar la ocupación a través del derecho internacional por medio del artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este sentido las Repúblicas de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) han sido respectivamente consideradas como territorios autónomos no reconocidos por la Unión Europea y Ucrania, pero sí como Estado mediante referendum por Rusia. Sólo tres miembros de la ONU reconocen dichas repúblicas. La anexión ilegal de territorios, como RPD, RPL, Zaproriya o Jersón, supone un problema de derecho internacional: regulación del derecho de ocupación al amparo de unos derechos humanos restringidos. Un problema de carácter político en el que los convenios de La Haya y Ginebra se hayan obsoletos cuya dificultad reside en el enmascaramiento de una guerra proxy. Todo ello mientras los recursos naturales (petróleo) están siendo explotados en la plataforma continental situada entre Odesa y Crimea en el Mar Negro. Un territorio ocupado por Rusia por valor estratégico en mitad de un contexto hostil por parte de la OTAN. 

Pese a todas las problemáticas derivadas de los conflictos existentes, las tecnologías de la comunicación han sido las herramientas que han permitido crear un espacio de conciencia interconectada sobre las guerras de nuestro tiempo debido a la red de información creada por profesionales del periodismo, donde la figura del reportero local en territorio amenazado tiene especial interés al relatar su propia perspectiva, los cuales informan con el objetivo de esquivar la propaganda de los intereses geoestratégicos y generar debate al documentar y humanizar todos los conflictos actuales posibles. Sin embargo, este importante vehículo informativo expone el estado y relación casi a tiempo real de las estructuras militares, económicas, sociales, ambientales y legales que se están produciendo a causa o como consecuencia de determinados procesos. Este rasgo cualitativo de la Era de la Comunicación posee la capacidad de atender a los cambios que se producen en el mundo y que condicionan directa o indirectamente al individuo. En este sentido hace adquirir a la política, en su aspecto geoestratégico, un valor total que posee la potestad de formar a mejores ciudadanos del mundo.  Para terminar, a modo de conclusión, se puede observar que las tendencias de los conflictos actuales en el siglo XXI derivan hacia una ocupación prolongada en territorios tan distantes y, al mismo tiempo, similares como pueden ser Sáhara Occidental, Palestina o Ucrania. Esta herencia de la centuria anterior condiciona tanto el tablero geopolítico actual como las condiciones de vida y la opinión pública mundial. Las consecuencias de sus efectos se sienten como el peso sobre una mina de acción retardada. En el preciso momento que la contemporaneidad avanza hacia un paradigma multipolar resulta inevitable recordar las palabras de Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.

Autor: José Martín León de Alda.

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