Tal fue el título de mi ponencia impartida en el marco de las XI Jornadas sobre el Sahara Occidental y Derechos Humanos organizadas por Um Draiga, amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, celebradas durante último fin de semana de noviembre, en la ciudad de Zaragoza.
Escrito por Alberto Maestre, Doctor en Historia.
En ella desglosé toda una serie de contradicciones y despropósitos que realizó España, en todo el proceso de descolonización.
Decreto de provincialización del Sáhara Español
Con la provincialización en 1958 y 1961 los saharauis pasaban a ser españoles de pleno derecho, aunque se respetaba su singularidad cultural y religiosa.
A partir de ese momento, tanto las autoridades españolas como sus medios, se lanzarán a una campaña sin precedentes defendiendo la supuesta españolidad de los saharauis.
Pero este proceso español se efectuó justo cuando comenzaba el proceso de descolonización a escala mundial.
España iba a contracorriente como si todos estos procesos de descolonizaciones no fueran con ella.
España se verá obligada, aunque solo sea de cara a la comunidad internacional, a reconocer que el Sahara Occidental era una colonia mientras que, internamente, seguirá actuando como si fuera una provincia más.
En diciembre de 1967 la Asamblea General aprobó una Resolución para que España preparase un referéndum de autodeterminación. Esta Resolución fue votada afirmativamente por la delegación española. Con su voto afirmativo, España aceptaba por primera vez las exigencias de las Naciones Unidas para la descolonización del Sahara Occidental.
Según la legislación española, el Sahara era una provincia más del Estado, por otra, España reconocía ante la comunidad internacional que era una colonia. Primera contradicción española de las muchas que luego seguirán.
A la vista de las presiones que recaían sobre España para que descolonizase el Sahara Occidental ya fuera mediante Resoluciones de la ONU, acciones del Polisario o por las declaraciones y/o amenazas de los países vecinos, el Gobierno de España se verá forzado a realizar una serie de cambios políticos en su provincia.
El 21 de septiembre de1973, el general Franco comunicaba que el Consejo de Ministros del Gobierno consideraba que “el pueblo saharaui era el único dueño de su destino; España defendería la libertad y voluntad de libre decisión del pueblo saharaui y su integridad territorial; se reconocía al pueblo saharaui la propiedad de sus recursos naturales y los beneficios de su explotación; España reiteraba y garantizaba solemnemente que la población del Sahara determinaría libremente su futuro, se remarcaba que esta autodeterminación tendría lugar cuando lo solicitase la población”.
Se llegó a elaborar un proyecto de Estatuto de Autonomía.
Finalmente, debido a las presiones marroquíes, España no se atreverá a promulgarlo y lo retiró, aunque de cara a los saharauis seguirían actuando como si realmente dicho Estatuto hubiese sido sancionado y publicado. Nueva contradicción.
Referéndum de independencia y ‘Marcha verde’
España intentará seguir, o eso parece que quiere hacer, la vía establecida por la ONU para dicho territorio y así, el 21 de agosto de 1974, comunicaría oficialmente al secretario general de la ONU que aceptaba la autodeterminación del Sahara mediante referéndum.
En octubre de 1974, se crearía oficialmente el “Partido de Unión Nacional Saharaui” (PUNS) en la provincia del Sahara español, para contrarrestar el poder creciente del Frente Polisario.
Habría que señalar que con la creación y legalización del PUNS por parte de las autoridades españoles se contravenía, además, la propia legislación española vigente hasta el momento en materia de partidos políticos.
Según las ondas de Radio Sahara, dependiente de las autoridades españolas, eran a los saharauis a quienes correspondía en exclusiva ejercer la autodeterminación y luchar contra las ambiciones territoriales de los marroquíes sobre su territorio.
El 12 de mayo de 1975 llegaba la Misión Visitadora de la ONU a El Aaiún.
El 23 de mayo de 1975, España anunciaba oficialmente sus intenciones de abandonar el Sahara Occidental lo antes posible.
Las conclusiones finales de la Misión Visitadora comenzarán hacerse públicas a partir del día 13 de octubre de 1975.
El Informe recomendaba de forma clara y sin ninguna otra interpretación posible, que se debía aplicar, para el Sahara Occidental, el principio de autodeterminación, el cual se debería realizar mediante un referéndum bajo la dirección y control de las Naciones Unidas.
En cuanto al Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia este llegaría el 16 de octubre, después de meses de audiencias públicas en La Haya, en la que España había defendido el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, aportando una documentación amplia para reforzar este derecho que incluían toda una serie de pruebas y argumentos que respaldarían su postura.
El dictamen dejaba bien claro que no había constatado la existencia de vínculos jurídicos de naturaleza que modificasen el derecho de autodeterminación de los saharauis.
El mismo día 16 de octubre, justo unas horas después que se hubiera hecho público dicho dictamen, el rey Hassan II la convocatoria de la “Marcha Verde”.
El gobierno español reaccionará de dos formas bien diferenciadas.
Por una parte, y ajustándose a la legalidad internacional, el Gobierno español solicitaría el 18 de octubre la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Por otra, negociando directamente con Marruecos.
El día 21 el ministro-secretario general del Movimiento José Solís viajaría a Marruecos para reunirse con Hassan II.
José Solís, en nombre de España, fue claro al expresarse en estos términos ante Hassan II: “Digo solemnemente a Vuestra Majestad que no queremos la independencia. Que lo que necesitamos es cubrir las formas y salvar nuestros compromisos y en que estamos de acuerdo para que el Sahara sea para Marruecos”.
El día 3 de noviembre, en Washington, el secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, se reuniría con el diplomático español Manuel Prado y Colón de Carvajal en el cual se señalaba que el príncipe Juan Carlos quería ayudar a Hassan II.
El 9 de noviembre, Hassan II declaraba oficialmente la retirada de La Marcha Verde del Sahara a su punto de partida al haber conseguido, los objetivos que se habían propuesto.
Mientras tanto Radio Sahara seguía emitiendo sus comentarios políticos diarios repitiendo que España nunca abandonaría a los saharauis y que cumpliría sus obligaciones con ellos hasta el final.
El 14 de noviembre se firmaban los “Acuerdos de Madrid”.
Con la publicación en el BOE, el 20 de noviembre de “Ley de Descolonización del Sahara Occidental”, el Sahara español, dejaba no solo de ser provincia, sino que, además, incluso se negaría, como se indicaba en el texto introductorio de la Ley, que hubiera formado parte del territorio nacional.
Una más de las numerosas contradicciones españoles.
Dejación de funciones
España se retiraría definitivamente del Sahara Occidental, el 26 de febrero de 1976.
En un comunicado que se emitiría el mismo día de la retirada española, la Oficina de Información diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores español expondría, con toda la cara del mundo, que España con esta salida se desligaba de “toda responsabilidad con relación a la administración del territorio. Para España, la descolonización del Sahara occidental no culminará en tanto la opinión de la población saharaui no se haya expresado válidamente”. Otra de las múltiples contradicciones españoles en este tema.
España gastó recursos y tiempo en preparar el referéndum de autodeterminación. Defendió en La Haya y en la ONU a los saharauis y luego se desliga de toda responsabilidad y no se le cae la cara de vergüenza al afirmar que la descolonización se efectuará cuando el pueblo saharaui se pronuncie mediante un referéndum que prometió hacer.
