La situación es crítica para las mujeres en el continente americano. En América Latina se produce y se reproduce una violencia de género alarmante, las tasas de feminicidio son vergonzosas, y todo ante la impunidad judicial y la insultante indiferencia por parte de las instituciones.
Además de esto, los secuestros y las desapariciones de mujeres y niñas son frecuentes en una región asediada por la violencia, el tráfico de drogas y la pobreza. Esta última, además, como en todo el mundo, se ceba con la población femenina. Como si eso fuera poco, la ONU la ha declarado la zona más letal para las mujeres después de la guerra.
Escrito por Marta Buces y Ana Rosendo.
Los acuerdos regionales latinoamericanos
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado en 1999, es considerado el documento jurídico más importante de la historia en relación a la protección de los derechos de las mujeres. Chile, Cuba y El Salvador firmaron en su momento, pero nunca lo ratificaron, mientras que países como Puerto Rico, Honduras y Nicaragua nunca lo han firmado.
El acuerdo indica estrategias de acción para terminar con la discriminación y establece como causas influyentes los roles de género presentes en culturas y tradiciones. Los estados que firman el convenio tienen la obligación de incluir en sus legislaciones la violencia de género como delito específico, así como asegurar un servicio eficaz por parte de las instituciones públicas, implicadas en un proceso judicial que garantice la protección de las víctimas. Otros compromisos son: la creación de instituciones dedicadas a los derechos de la mujer, la modificación de constituciones o la inclusión de cuotas de género en la política.
Los feminicidios no son reconocidos como delito
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPALSTAT.
Cada dos horas una mujer es asesinada en Latinoamérica. Entre los 25 países del mundo donde se registran más feminicidios, 14 son latinoamericanos. 1200 fueron registrados únicamente en Brasil, pero El Salvador es el país que contabiliza más asesinatos porcentualmente. En total, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), casi 4000 mujeres fueron asesinadas durante el año 2018, aunque se desconocen los datos reales. La contabilización del número total real de feminicidios resulta entorpecida por la pobre catalogación del delito, a veces incluyéndose en el cómputo general de asesinatos. En Colombia en 2018, según el Observatorio de Feminicidios, fue frecuente que tanto víctimas como agresores ni siquiera fueran identificados.
A esto hay que sumar la siguiente devastadora conclusión, aportada en 2019 por el Defensor del Pueblo Argentino: “A lo largo del 2019, se han detectado muertes de niñas y mujeres que fueron abusadas sexualmente y que sufrieron violencia de género, y que tal estado de vulnerabilidad tuvo como desenlace un suicidio”. Ya en el año 2015, se planteaba la posibilidad de que muchas muertes de mujeres registradas como suicidio debían ser consideradas femicidios encubiertos, puesto que la causa de los mismos era la violencia machista.
La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos publicaba hace 12 años la Declaración de Feminicidio, estableciendo que la mayoría de ellos quedan impunes debido, entre otras, a causas como el “limitado acceso de las mujeres a la justicia, así como a los prejuicios de género durante los procesos judiciales, policiales y fiscales. Estos casos o son archivados por una supuesta falta de pruebas, o son sancionados como homicidios simples con penas menores, donde en muchas ocasiones se aplican los atenuantes de “emoción violenta” para disminuir la responsabilidad del victimario”.
Los casos de violencia de género no descienden
Hasta la actualidad, únicamente 9 de los 33 países latinoamericanos abordan diferentes tipos de violencia en su código civil o penal. Algunos de estos son: la violencia económica y patrimonial, la violencia en la calle y en el transporte o en espacios públicos, los conflictos, y aquélla derivada de las migraciones o actividades criminales como el narcotráfico o los gangs.
Según el Instituto Nacional de Estadística Argentino (INDEC), el país registró en el periodo 2013-2018 576.360 denuncias por agresiones ya fueran físicas o psicológicas, siendo el 70% de los agresores hombres con el que se había mantenido un vínculo. Aun así, las autoridades creen que únicamente el 10% de los casos son denunciados.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Bott et al., 2012)
En Colombia, donde también se estima que sólo un 10% denuncian, lo más importante es poner fin a la cultura de la impunidad según Ana Guezmes, jefa de ONU Mujeres en el país andino.
En México, el Instituto Nacional de la Mujer desveló el año pasado que 8 de cada 10 mujeres en el país no se sienten segura. Y, sin embargo, en el Plan de Desarrollo Nacional de López Obrador para implementar entre el 2019 y el 2024 no hay ni una sola medida destinada a la protección de la mujer o a la persecución de la violencia contra la misma.
El periodo de confinamiento en estos países ha contribuido a un aumento de la violencia hacia las mujeres que tampoco ha sido contabilizada de manera eficiente.
Según el PNUD, “los países latinoamericanos han promulgado o reformado leyes para condenar la violencia doméstica y han avanzado en lo que se refiere a la implementación de una variedad de medidas para detenerla —por ejemplo, la provisión de servicios para las víctimas (asistencia legal, asesoría, refugios y centros de crisis, entre otros), o la creación de unidades especializadas en el manejo de casos de violencia de este tipo (tales como tribunales, fuerzas policiales o fiscalías)”.
Sin embargo, las reformas resultan insuficientes o de ejecución dudosa. Además de una penalización torpemente implementada, la prevención es, si no inexistente, escasa. Los gobiernos “no han combinado dichos esfuerzos con iniciativas comparables dirigidas a disponer de información adecuada y sistemática sobre la prevalencia del problema que se busca resolver”, asegura también el PNUD. Además, estos servicios se establecen en las capitales, impidiendo que mujeres de otras ciudades, áreas rurales y zonas indígenas puedan acceder a los mismos.
No incluyen una formación de género en la educación, no se fomenta una concienciación en las nuevas generaciones que cooperen por el cambio. Los datos demuestran que la cantidad de mujeres que aseguran haber sufrido algún tipo de violencia no disminuyen generacionalmente. Los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 25 años demuestran una arraigada normalización de la violencia. Si nos centramos en países como Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador, Cuba, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, 8 de cada 10 jóvenes considera normal la violencia machista y un 65% piensa que cuando una mujer dice no a una relación sexual, en realidad quiere decir sí, además de considerar un 40% de ellos que si ha consumido alcohol, se presta a que un hombre tenga relaciones sexuales con ella, aunque esté inconsciente. Y el 70% aseguran que en caso de ser víctimas de manoseos o acorralamientos, la culpa es de la víctima por la ropa que usa.
A todo esto hay que sumar la violencia sexual, que según la OMS, únicamente es denunciada en el 5% de los casos. Esta es la mayor consecuencia de todo lo anterior, la población femenina no denuncia a sus agresores ante un estado que ni ofrece garantías ni otorga confianza.
La independencia económica
La mujer se ha enfrentado al problema de la falta de tiempo designado para llevar a cabo actividades que promuevan su participación, autonomía y desarrollo en otros ámbitos sociales. Esto ha sido consecuencia de las prácticas culturales y los roles tradicionales de género que han condicionado a la mujer a responsabilizarse de la totalidad de las actividades domésticas, que son no remuneradas. Aunque la población femenina se está incorporando a la vida laboral, no implica que deje de lado las labores del hogar, sino que aquellas que no se dedican exclusivamente a ellas cuentan con una autonomía económica.
Aun así, tan solo un 53,1% de las mujeres mayores de 15 años son económicamente activas, y sus ingresos son inferiores a los de los hombres.
En la política, la participación de la mujer se reduce a menos de un 40% en la mayor parte de los casos tanto a nivel nacional como local, aunque se aprecia un aumento general en el porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres.
En el caso de los gobiernos locales (2018) nos encontramos con tan solo un caso destacable que lo supera: Bolivia. Los datos en este país nos muestran que la representación entre ambos sexos es prácticamente equitativa. Mientras que datos como los de Guatemala o Panamá muestran las representaciones de mujeres en gobiernos locales más bajas de la región.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPALSTAT.
El movimiento feminista
A mediados de los setenta en Latinoamérica comienza a surgir el Movimiento Feminista y de Mujeres. Ante lo injusto, siempre se organiza una resistencia.
Aunque los derechos deberían darse por sobreentendidos y algunos son denominados “naturales”, la verdad es que en la historia se ha tenido que luchar por su aplicación. Parece que así es como va a conseguirse la paz y el trato igualitario que las mujeres de América Latina anhelan desde hace tanto.
Y es que, como dejaron claro en Chile, la culpa no es de ellas.
Ni dónde estaban.
Ni cómo vestían.
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