Ayer Podemos presentó sus propuestas para un gobierno de coalición con el PSOE. Si bien la agenda mediática se mueve en lo relativo al modelo territorial y económico, la Justicia es un poder del Estado que también ha sufrido los efectos de la crisis y el deterioro institucional. Resumimos diez propuestas clave que, de cumplirse, afectarían a ciudadanos y profesionales de la Justicia:
1) Derogación de algunas leyes aprobadas en la legislatura del Partido Popular. Estas leyes son leyes tan polémicas como la llamada Ley Mordaza, la Ley que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma de la justicia universal. Estas leyes son sumamente polémicas: la primera restringe el derecho de manifestación; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constreñía en plazos imposibles la instrucción de casos y la reforma de la justicia universal impedía juzgar cualquier violación de los Derechos Humanos.
2) En materia penal, se crearán nuevos tipos delictivos y se reformarán otros, todos en la línea de la lucha contra la corrupción. Así, el límite para los delitos fiscales sería de 50.000 euros, estando el actual en 120.000, y se introduciría la figura del “enriquecimiento injusto” para aquellas personas que, sin cometer un delito dentro de su actuación política, se enriquezcan con él.
3) Creación de una Ley de Defensa y Protección del Denunciante. Se trata de una ley que anime a denunciar los casos de corrupción y proteja a quienes quieran hacerlo.
4) Dignificación del turno de oficio. Sin embargo, el texto hace una remisión a un texto futuro consensuado con los colegios profesionales.
5) Reformas para la Administración de Justicia. Creación de una oficina judicial con medios y auditorías para evaluar el estado del sistema judicial en base a su eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
También se incluye la creación de la Secretaría de Estado de Lucha Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, entre cuyas atribuciones está la de coordinar al personal de las administraciones en la lucha contra la corrupción, incluyendo los jueces. En las últimas horas, Podemos ha rectificado dichas medidas debido a la queja de jueces y fiscales, puesto que los profesionales lo consideran un atentado contra la independencia judicial.
6) Reforma de la fiscalía. La reforma de la fiscalía ocupa buena parte de las medidas de Podemos en materia de Justicia, pero se pueden reducir a dos: independencia y transparencia. Actualmente, el ministerio fiscal está sujeto al principio de jerarquía, situándose el Fiscal General del Estado en la cúspide de la escala.
7) Cambiar la forma de elegir al Fiscal General del Estado. El texto no aclara hacia qué sistema hay que avanzar, aunque advierte que hay que dotar a este órgano de un programa de cumplimiento previo.
8) Eliminación de los aforamientos. Bajo el párrafo de los privilegios procesales la formación morada pretende eliminar esta polémica figura, si bien no aclaran a qué cargos públicos en concreto se refiere (habla solo de “actividad parlamentaria”), y además promete mantenerlos para aquellos delitos que se puedan derivar de la actividad parlamentaria.
9) Modificación de una buena parte de la legislación civil en materia de vivienda. Se modificaría la Ley Hipotecaria para contemplar la dación en pago y la Ley de Arrendamientos Urbanos para que la prórroga vuelva a ser de cinco años. Se crearía un procedimiento para reestructurar las hipotecas de aquellas personas en peligro de exclusión social.
10) Cierre de los CIE´s en seis meses. Los Centros de Internamiento de Extranjeros son polémicos debido a que suponen una detención por cuestiones administrativas. En la práctica, suponen una cárcel para algo que no es delito, que es estar en situación irregular en España.
BIBLIOGRAFÍA
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/02/15/propuesta_gobierno_cambio.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2016/02/17/56c4c28cca474139118b45d2.html
