El caso de Diana Quer ha conmocionado a toda España. En unas fiestas donde tendemos a reunirnos con la familia y estar más sentimentales de lo normal, nos llega la noticia del supuesto homicidio y violación por parte de un sujeto relacionado con narcos gallegos que, por su fuese poco, pretendió violar a otra mujer. Todo en un contexto donde las mujeres han dado un paso al frente contra las violaciones tras los abusos de personalidades como Harvey Weinstein.
José Ramón Sierra, el abogado de José Enrique Abuín, alias El Chicle, el detenido por el violento crimen rechazó continuar con la defensa de su cliente. Ante esto, hubo muestras en Twitter y otras redes sociales de alegría, y se encendió un virulento debate sobre el derecho a la defensa. Un usuario de Twitter argumentaba siendo el abogado de, por ejemplo, un violador, existe el riesgo de que gane el juicio, lo cual solo haría más daño a la víctima.
Otro usuario tuiteaba: El abogado del ASESINO de Diana Quer dimite porque asegura que no se fía de su cliente y que no puede defender algo que ni él mismo se cree. UN PUTO APLAUSO PARA ESTE ABOGADO, TODOS DEBERÍAN SER ASÍ. En un tuit con 12,2 k de retuits.
La cuenta de Izquierda Unida ponía el acento en que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurase, en su cargo oficial, un bufete de abogados, poniendo un acento en que estos defendían a defraudadores.
📰 El Gobierno responde a @agarzon que no ve irregular que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurase un bufete que defiende a defraudadores. 🤔 #LoMásNormalDelMundo #FelizMartes
👇https://t.co/NCYoaLe7pa— Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) January 16, 2018
¿Qué harías si tuvieses que defender a un asesino?
Cualquier estudiante de Derecho se ha encontrado con la incómoda pregunta ¿Qué harías si tuvieses defender a un asesino? en múltiples versiones. En primer lugar obvia las variadas salidas profesionales de la carrera de Derecho (jueces, fiscales, notarios y prácticamente cualquier funcionario de la Administración pública) así como las de la abogacía (el contacto con el Derecho Penal de un tributarista o de un laboralista es mínimo) y en segundo lugar el que lanza la pregunta está pensando en el abogado de las películas estadounidenses, de pie ante el estrado, buscando la pregunta precisa en el momento adecuado para tumbar la línea de defensa del fiscal, para que el juez deje libre al acusado con un golpe seco de su maza de madera.
Estas simplificaciones dificultan el acercamiento del ciudadano a la Justicia, y lo que es peor, hacen parecer que el derecho a la defensa entorpece la labor de ésta. Bajo esta óptica, una defensa letrada es un impedimento que hace caer la labor de la policía en saco roto y el Código Penal en papel mojado, aderezado además por unos jueces buenistas (ese magnífico neologismo para definir conductas no conservadoras), impidiendo la realización de la Justicia. El Derecho no es una ciencia exacta, pero experiencia histórica nos ha venido demostrado que un proceso contradictorio y la aplicación desapasionada de la ley es la mejor fórmula para evitar futuras venganzas y dormir con la conciencia tranquila.
El Derecho a la Defensa Letrada en la Historia
Los procesos contradictorios son realmente antiguos. Uno de los juicios penales más famosos de la Antigüedad fue el juicio contra Cayo Verres, gobernador de Sicilia, acusado de una panoplia de delitos que iban desde la corrupción y el saqueo hasta el asesinato ciudadanos romanos. Como abogado de la acusación estaba Cicerón (de ahí vienen los discursos del orador llamados verrinas) y en la defensa de Verres Hortensio Hórtalo, otro influyente abogado, Verres decidió exiliarse antes de que se dictase sentencia, probablemente aconsejado por Hortensio, del que por desgracia no se ha conservado su defensa legal.
Otro ejemplo interesante sobre el derecho a la defensa se dio en los procesos de Núremberg, donde se juzgó a los jerarcas nazis por sus crímenes cometidos. Aunque de por sí fueron unos procesos especialmente singulares (se infringía el principio de nulla poena sine lege –no hay castigo sin ley previa-, al no existir legislación que castigase el genocidio y el principio del juez natural, dado que era un tribunal ad hoc, es decir, puesto para ese caso) a los criminales de guerra nazis se les permitió escoger abogados alemanes y durante el procedimiento se pudo proceder al tachado de pruebas, para evitar un proceso inquisitorial.
El Derecho a la Defensa en la Constitución Española
Nuestra Constitución deja claro el derecho a la defensa, consagrándolo en su artículo 24, sobre la tutela judicial efectiva. Dice así:
Artículo 24
- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
- Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
¿Qué pasaría si el acusado no tuviera defensa?
Respecto a lo que sucedería si un abogado no nos defendiese, la respuesta está clara: se estaría vulnerando este artículo. La gente que no haya estudiado Derecho puede concebir un procedimiento judicial como algo lejano y kafkiano, lleno de tecnicismos y pasos a veces no del todo lógicos. Cualquier persona en España, extranjeros incluidos, va a disponer de un letrado que la defienda, siendo de oficio si no lo eligiese, gratuito a través de Asistencia Jurídica Gratuita si no gana unos ingresos mínimos. Este abogado, además, debe realizar su trabajo con ganas y diligencia.
[bctt tweet=”Aunque duela, negar la defensa a un asesino puede anular el procedimiento y que no se haga justicia.” username=”camaracivica”]
En la sentencia del Tribunal Constitucional de 37/1988 se fundamentaba que el acusado tiene derecho a gozar de una asistencia técnica efectiva. Esto significa que, tal y como temía la tuitera del principio del artículo, el abogado que lleve la defensa del Chicle, o de cualquier otro violador en España, deba intentar ganar, no ya por su reputación u honorarios, si no para cumplir su mandato constitucional.
En estos casos, la actuación del letrado podría ser objeto de un incidente de nulidad de actuaciones (art 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que podría terminar declarando nulo el acto o actos donde los letrados hayan realizado la actuación conscientemente mala a fin de garantizar que su mandante sea condenado.
Ganar… o perder el juicio
No se puede cerrar el artículo sin hacer una precisión: en las defensas penales, el concepto ganar es ciertamente difuso. ¿Qué es ganar? ¿Conseguir la absolución? ¿Obtener menos años de prisión? ¿Llegar a un pacto con la fiscalía? El concepto ganar para un abogado no es tan sencillo, Un abogado tiene una serie de obligaciones para con el cliente, pero también deontológicas y constitucionales (es de las pocas profesiones mencionadas directamente en la Carta Magna), que le impiden ganar a cualquier precio. Pero eso da para otro artículo.
Graduado en Derecho y máster en abogacía por la Universidad de Córdoba.
