Tras hacer unos breves comentarios al programa económico del PP, hoy centraré el análisis en el partido que representa actualmente la antítesis ideológica al partido del Gobierno: Unidos Podemos, coalición de IU y Podemos.
Así, mientras el PP proponía medidas de cuasiliberales, UP pone sobre el tapete electoral una cuestión radicalmente distinta: el intervencionismo público, a través del incremento del gasto público como motor de reactivación de la economía. Tal y como se recoge en el programa presentado a modo de catálogo de Ikea (páginas 181-187), entre los años 2016-2019, un hipotético gobierno de UP aumentaría el gasto en 60.000 millones de euros. Para que se hagan ustedes una idea, es un importe equivalente al déficit presupuestario actual, o el incremento de gasto público efectuado durante los años de la burbuja en España. Pero, ¿qué fundamento encuentra UP a la hora de proponer tal cosa? La respuesta nos la Keynes, célebre economista británico del siglo XX y su teoría del efecto multiplicador. Según Keynes, en épocas de depresión (como las acontecidas tras el crack del 29), es el Estado el que debe encargarse de encender la chispa del motor de la economía. A través de unos procedimientos matemáticos, Keynes demostraba que una unidad monetaria podría tener un efecto multiplicador en el conjunto de la economía, o dicho de otra forma, si el gobierno gastaba más dinero en, por ejemplo, obras públicas, los obreros tendrían salarios que gastar en bienes y servicios que a su vez serían producidos por empresas que se verían beneficiadas y obtendrían ganancias. Empresas que ante los aumentos de la demanda incrementarían la producción, contratando a más empleados, etc. Como trato de hacer ver, Keynes propuso que, con una unidad monetaria, se creaba un círculo virtuoso que ayudaría a la economía a abandonar la recesión.
Haciendo pues uso de la econometría (ciencia que estudia las predicciones sobre los sistemas económicos), UP ha calculado que con un incremento del gasto público en 60.000 millones, el impacto sería un crecimiento del 1% del PIB, que unido a las previsiones del gobierno de un 2,5%, supondría un crecimiento total del 3,5%.
No obstante, estas predicciones posiblemente disten de ser lo reales que los números quieren mostrar. La razón es muy sencilla: la economía somos personas que actuamos según patrones aleatorios, no constantes, por lo que las predicciones matemáticas hechas con una hoja de Excel hay que tomarlas con mucha cautela, porque la cuestión fundamental no es gastar, sino en qué y para qué gastar.
El destino que la coalición del cardium propone a esos 60.000 millones es el siguiente:
- Inversiones públicas: se pretende gastar en tres años la nada desdeñable cantidad de 12.000 (4.000 al año) millones de euros en un Plan Nacional de Transición Energética, que tendría como objetivo conseguir un sistema eficiente y un mayor protagonismo de las energías renovables. A este particular me gustaría hacer dos objeciones: una inversión per se no genera valor añadido. Es necesario que sea una inversión rentable, para lo que tiene que cumplir dos condiciones: 1) ser amortizada en un periodo de tiempo razonable; 2) tener una tasa de retorno superior a la de otras posibles inversiones, pues en caso contrario no se estaría minimizando el coste de oportunidad. Tal y como aparece en el programa, el Plan tendría una duración de 20 años, y estaría catapultado por esos 4.000 millones anuales de ayudas públicas. A esto solo diré que España desde el año 2000 está aplicando un proyecto similar de ayudas públicas al desarrollo de las renovables con pobres resultados. Parece entonces que la tasa de retorno no es la más óptima, por lo que quizás sería conveniente replantearse si la inversión compensa o no. Una inversión mal hecha es dinero tirado a la basura.
- Gasto corriente, es decir el gasto de materiales para la prestación de servicios de la administración. El objetivo es volver a los niveles de gasto en sanidad y educación anteriores a la crisis (6,8% y 4,6% sobre el PIB en 2019 frente a 6,2% y 4% actuales, respectivamente). Y de nuevo, quizás sea una medida más política que económica. España gasta en educación más que la media de la OCDE y los resultados son penosos. De nuevo la cuestión será no en gastar, sino en cómo gastar, y es evidente que si seguimos echando dinero en el sistema educativo actual los resultados no mejorarán sustancialmente. Quizás lo que haya que plantearse es cambiar el modelo educativo y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.
Este programa de gasto pretende cambiar el modelo productivo del país. Otro error que comete, desde mi punto de vista, la formación liderada por Pablo Iglesias. La estructura productiva es la composición de la oferta de un país, o dicho de otra manera qué se produce y qué se vende, y esta es resultado de los procesos de mercado que se encargan de ajustar la oferta a la demanda. Hacerlo de forma centralizada y planificada posiblemente traiga más perjuicios que beneficios. Nos encontraremos ante una descoordinación de la oferta y la demanda que traerá consigo una merma del crecimiento real a largo plazo.
Por último, tras esta batería de medidas de gasto y crecimiento propuesto por UP, se afirma que es un programa completamente financiable sin atentar contra los objetivos de déficit: serán el propio crecimiento económico, la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal y el incremento de los impuestos a los ricos los que paguen todo esto. Tres vías de financiación que, desde mi punto de vista, presentan serias dudas y endebleces. El crecimiento económico ya veremos si se cumple, los ingresos por la lucha contra el fraude podríamos catalogarlos de extraordinario, y en España no hay más de 600.000 personas con una renta superior a 60.000€. No hay tantos ricos. La solución para financiar todo esto será subirnos los impuestos a todos los ciudadanos.
