Confieso que no me iba a lanzar a escribir este artículo. La idea me lleva rondando por la cabeza desde hace tiempo pero no daba el paso por un motivo muy simple: el tema me parecía tan obvio, tan sencillo, tan de sentido común, que no lo creía merecedor de un artículo. Y es que para cualquier politólogo, jurista o persona con mínimos conocimientos de política lo que se va a explicar en adelante es de cajón.
Entonces, ¿por qué decido lanzarme a escribir? Porque creo que vivimos en unos tiempos en los que hay que recordar hasta lo obvio, por si acaso; porque hay que combatir la desinformación desde todos los frentes para tener una esfera pública sana; y porque, simplemente, estoy harto y este enojo tiene que salir por algún lado. Espero no dejarme llevar por dicha sensación y que este artículo sea pedagógico. Quizá esto sea más un desahogo personal que un texto ilustrativo y académico, pero una cosa no está reñida con la otra mientras haya rigor; además, creo que en “mi gremio” –y no solo– mucha gente comparte este hartazgo.
Introducción
Vayamos al grano. ¿Qué me irrita? Entre otras muchas cosas, me molesta que en los medios de comunicación no se hable de política con propiedad. Más concretamente, me refiero a un fenómeno que vengo observando desde hace tiempo, sobre todo en las redes sociales de algunos medios, que cada vez que el Gobierno aprueba un proyecto de ley titulan la noticia con “El Gobierno aprueba la ley de… (tema en cuestión)”. No pondré ejemplos, con que el lector busque en Google “El Gobierno aprueba la ley” sabrá a lo que me refiero, es algo muy habitual. Estos titulares de prensa son, a todas luces, incorrectos. Un Gobierno no aprueba leyes, las leyes las aprueba el Parlamento; lo que el Gobierno hace es enviar un proyecto a las Cortes, donde estamos representados los ciudadanos, allí, el proyecto debe ser debatido y podrá sufrir cambios e incluso ser rechazado. Poder Ejecutivo = Gobierno. Poder Legislativo = Parlamento.
Esto es de cajón, y habrá quien diga que la equivocación periodística es nimia e inofensiva, pero hay mucho más en juego de lo que parece, defenderé por qué lo creo a lo largo del artículo. En paralelo, pretendo dar unas pinceladas sobre la posición del Gobierno como institución en nuestro ordenamiento constitucional, de forma superficial y pedagógica. Aunque antes quiero abrir un breve paréntesis para hacer dos aclaraciones:
- Estas equivocaciones periodísticas suceden desde hace tiempo, no solo con el actual Gobierno de España. También he visto esta confusión a la hora de informar sobre la política sub–estatal y los gobiernos autonómicos. Esto trasciende los colores políticos. Ni que decir tiene que es aún más reprochable cuando la confusión no es alimentada por los medios de comunicación sino que es generada por los propios gobiernos desde canales institucionales.
- Me dirijo a los periodistas, debo aclarar que no tengo absolutamente nada contra vosotros, no es nada personal. El periodismo es el guardián de la democracia, un oficio que respeto profundamente y que me parece admirable. Conozco las condiciones en las que trabajáis. Sé que muchas veces vuestros jefes os cambian los titulares de las noticias para adaptarlos a las exigencias de SEO. Sé que en los 280 caracteres de un tuit no cabe todo. También sé que lo que haga vuestro medio de comunicación en redes no es asunto vuestro. Cosas del periodismo en la era del click. Añado que sería injusto meter a todos los medios en el mismo saco.
Aclarado esto, recalco que no quiero que el presente artículo se perciba como un cabreo de un individuo más con los periodistas –o más bien, con quien cambia titulares y gestiona cuentas en redes sociales–. Esto no va de una guerra entre gremios, ni de si a mí me ofende o me deja de ofender algo, la ofensa es libre y depende del ofendido. Lo relevante no es que a mí y a cuatro frikis más de la política nos hierva la sangre ante la falta de rigor en un titular. Lo relevante es reflexionar sobre qué tipo de esfera pública estamos construyendo.
El papel de los medios de comunicación
Los medios de comunicación y las redes sociales son la ventana a través de la cual mucha gente se asoma al mundo. Informar es una responsabilidad enorme. Habida cuenta de que ni la Constitución ni los elementos esenciales de nuestro sistema político se enseñan en el instituto –al menos que yo sepa, a mí nunca me hablaron de estas cosas hasta la carrera–, los medios de comunicación tienen una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de una formación política básica, los medios se convierten, quieran o no, en una suerte de escuela de ciudadanía, vehiculando la relación de mucha gente con la política, pudiendo trasladar ideas incorrectas como la de que “el Gobierno aprueba leyes”. Aclaro que he escogido esta última idea porque hoy he visto muchos titulares de prensa en esa línea y ello me ha inspirado a escribir este artículo, pero la lista de errores sería larga: confundir un real decreto con un real decreto–ley, lanzar campanas al vuelo titulando que el Congreso aprueba algo como si fuera a tener efectos inmediatos cuando se trata de una proposición no de ley sin mayor efecto que el de instar al Gobierno a que haga algo, etcétera.
Como decía, los medios de comunicación gestionan la relación de mucha gente con la política, pudiendo influir en el clima de opinión y en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el momento político. En ese sentido, me veo en la obligación de romper el cliché de que “todo es bronca”, conviene recordar que el trabajo del Parlamento no se limita al espectáculo que vemos en los plenos, ni muchísimo menos. Hay algo llamado comisiones, donde se trabaja mucho y se generan debates que por lo general son menos broncos y más técnicos. Recalco esto porque hay quien piensa que todo es bronca, si los medios ponen tanto el foco ahí es lógico que el cliché se extienda. La bronca vende.
Cuidar el lenguaje es cuidar la democracia
Volviendo a aquellos titulares de prensa que inspiraron este artículo… ¿Por qué quiero insistir tanto en la idea de que el Gobierno no aprueba leyes? ¿Por qué este asunto no puede despacharse como un error periodístico más? ¿Por qué me parece peligroso que la ciudadanía, debido a dichos titulares, pueda interiorizar esta idea errónea? Trataré de contestar a estas preguntas en los siguientes párrafos.
El Parlamento es la esencia de la democracia representativa. En el Parlamento está representado el pueblo, o al menos la parte del pueblo que acude a votar. Por cultura política, no podemos tolerar que se expanda lo más mínimo la idea de que el Gobierno legisla. Las leyes las aprueba el Parlamento, no el Gobierno –matizaré esta afirmación justo al final del artículo–. Comunicar que el Gobierno “aprueba una ley” cuando se trata de un proyecto de ley es comunicar que el Gobierno usurpa el papel del Parlamento, cuando no es así. En definitiva, es desinformar. El proyecto de ley sería una especie de borrador de ley, no es una ley; en otras palabras, es solo una propuesta de legislación que el Gobierno, en uso de su iniciativa legislativa, hace a las Cortes. Solo se puede hablar de ley cuando las Cortes dan su aprobación. Entiéndase “iniciativa legislativa” como capacidad para proponer legislación, capacidad para iniciar el proceso de elaboración de una ley; el Congreso y el Senado también tienen iniciativa legislativa y sus propuestas se llaman proposiciones de ley. Las proposiciones de ley deben superar el trámite de la toma en consideración, mientras que los proyectos gubernamentales están exentos del mismo.
Un pueblo mejor informado será más libre y menos manipulable. Cuando un medio de comunicación titula que el Gobierno “aprueba una ley” y en realidad es un proyecto de ley se presenta el texto como algo definitivo, como dando por hecho que se ha finalizado el proceso legislativo cuando este no ha hecho más que empezar. El lector puede inferir de ello que lo aprobado por el Gobierno es inamovible cuando no es así: el Gobierno solo ha aprobado un borrador de ley, un proyecto que debe pasar por las Cortes y que puede sufrir cambios o incluso no aprobarse. Evitemos el desconcierto y la incomprensión al ciudadano.
Una ciudadanía que conoce el sistema político tiene más elementos de juicio, puede formular críticas fundadas y cuenta con herramientas para realizar una atribución de responsabilidades. Es importante que los medios de comunicación, en tanto que pseudo–escuelas de ciudadanía, utilicen bien el lenguaje y no generen confusión sobre las funciones de las distintas instituciones de nuestro sistema político. Cuidar el lenguaje es cuidar la democracia. Huelga decir que aunque las dos oraciones anteriores sean recordatorios para el poder mediático son igualmente aplicables para el poder político.
El fortalecimiento de la democracia se logra en el día a día. Cuidar el lenguaje es preventivo. Si la gente asume la idea errónea de que “las leyes las hace el Gobierno” el día que, de verdad, un Gobierno quiera suprimir el papel del Parlamento como legislador lo tendrá mucho más fácil. La ciudadanía debe conocer el papel de cada institución y los límites que tienen los gobiernos en sus actuaciones.
Otro motivo por el que cuando se presenta un proyecto de ley los medios deberían abandonar la coletilla de “El Gobierno aprueba la ley de (etc)” es de respeto al Parlamento. Y es que ese tipo de expresiones suponen un enorme desprecio al trabajo parlamentario que se realiza en el Congreso y el Senado –o en las Asambleas autonómicas–. Titulares así son casi una afrenta para las personas a las que nos apasiona el día a día parlamentario. Se trata de una invisibilización del trabajo que se realiza en el Parlamento cuando el Gobierno presenta un proyecto de ley, un trabajo que incluye labores como la formulación de enmiendas parciales con el objetivo de mejorar el texto, cada uno desde lo que su ideario político le marque que es mejor. Cuando estuve de prácticas en el Senado comprobé esto de primera mano. Viví la tramitación de leyes como la de regulación de la eutanasia, la del impuesto sobre las transacciones financieras o la ley de cambio climático y transición energética, sin ir más lejos, para esta última se presentaron… ¡más de 500 enmiendas al articulado! Ese trabajo de formulación de enmiendas, de pararse a pensar en cómo mejorar un proyecto de ley, tiene valor en sí mismo y merece visibilidad y respeto, independientemente de si al final las enmiendas se aprueban o no.
Esta manía que tienen algunos medios de comunicación con presentar como “ley” lo que es un proyecto de ley devalúa el papel del Parlamento. Si el Gobierno “aprueba una ley” entonces para qué queremos al Parlamento. ¿Solo para hacer control político al Gobierno? No, el Parlamento está también para legislar. Los Parlamentos están para mejorar los textos de los Gobiernos.
Matización y conclusiones
Por último, prometí una matización. Llevo todo el artículo repitiendo que el Gobierno no aprueba leyes, así en genérico, lo cual es cierto. Poder Ejecutivo = Gobierno. Poder Legislativo = Parlamento. “El Gobierno dirige la política interior y exterior, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria” (art. 97 Constitución); mientras que “las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno” (art. 66.2 Constitución). La Constitución distingue potestad reglamentaria de potestad legislativa, correspondiendo la primera al Gobierno y la segunda a las Cortes, siendo las leyes superiores jerárquicamente a los reglamentos –principio de jerarquía normativa–.
No obstante, hay ocasiones en las que esta teórica regla general se rompe y podríamos decir, grosso modo, que el Gobierno “legisla”. Esta es la matización que prometí antes. ¿Cuándo el Gobierno aprueba normas con rango de ley?Cuando aprueba un real decreto–ley o un real decreto legislativo. Estas figuras están previstas entre los artículos 82 y 86 de la Constitución, ambos incluidos, pero que yo constate esta realidad no puede ser utilizado como excusa para que los periodistas cometan el error del que hablaba antes. Una cosa es un decreto–ley o un decreto legislativo y otra un proyecto de ley.
El posible uso excesivo del decreto–ley por parte de los gobiernos –también autonómicos– es un debate interesante que excede los límites de este artículo. De todas formas, insisto, la función que la Constitución otorga a cada institución –Gobierno y Parlamento– es la que es y, además, que el decreto–ley gane peso frente a la ley al uso no excusa la falta de rigor en un titular de prensa. Todo lo contrario, precisamente porque desde hace muchos años el decreto–ley se ha tornado en habitual conviene que cuando se apruebe una ley se atribuya el protagonismo al legislador, que es el Parlamento, con más motivo en tiempos en los que ningún partido goza de mayoría absoluta.
En definitiva, cuando se aprueba un decreto–ley la prensa hace bien al decir que el Gobierno “legisla”, con la salvedad de que el Congreso tiene la última palabra y puede convalidar o no el decreto–ley; lo que no puede ser es que la prensa contribuya a extender la idea falsa de que la función del Gobierno es legislar, así, en genérico, esa confusión se extiende especialmente debido a los titulares de noticias como los que me inspiraron a escribir este artículo–desahogo. Flaco favor hace a la democracia el presentar como “ley aprobada” lo que es un simple proyecto de ley que inicia el proceso legislativo. Respetemos al Parlamento. Cuidemos el lenguaje, cuidemos la democracia.
