Venezuela está sumida en la miseria. Un país que posee uno de los yacimientos de petróleo más importantes del mundo, una riqueza natural impresionante y una sociedad del todo envidiable, está dando los últimos bandazos antes de abocarse a lo que probablemente pueda ser una cruenta guerra civil. La nación que en los años sesenta se encontraba entre las diez más ricas del planeta hoy es una de las más depauperadas de todas. Según algunos economistas, Venezuela ha perdido ya más (en términos relativos de PIB) de lo que perdió España en la guerra civil o de lo que perdió EEUU con el crack del 29. Una situación lamentable que tendrá una lenta solución.
Pero el problema de Venezuela, además de económico, es también político y jurídico. Ahora mismo nos encontramos con un Estado gobernado por dos Presidentes que se consideran a sí mismo legitimados por el pueblo para liderarlo. Trataré en las siguientes líneas de poner un poco de claridad sobre este asunto para ver en qué situación se encuentra esta nación hermana y qué alternativas tiene.
¿Qué dice la constitución de Venezuela sobre la legitimidad del gobierno de Maduro?
A día de la fecha, en Venezuela rige la Constitución de 1999. Una carta magna que ampara el resultado de las elecciones a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, órgano legislativo unicameral, de mayoría esencialmente opositora al régimen de Maduro. Su Presidente, Juan Guaidó, es quien ejerce en la actualidad las funciones interinas (provisionales) de la Presidencia de la República, ya que según el artículo 138, «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos». O dicho de otra manera, todas las actuaciones llevadas a cabo por Nicolás Maduro y su gabinete son nulas de pleno derecho, y por lo tanto no han de producir ningún efecto jurídico. Pero bien, ¿en qué nos basamos para decir que Maduro está usurpando el poder?
La noche del 23 de diciembre de 2015, la A.N.R.B. de Venezuela, que por entonces tenía mayoría chavista, decidió nombrar a todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de forma exprés y sin seguir el largo procedimiento que establecen sus leyes a tal efecto. Como era de esperar, todos los jueces designados en aquél prostituido proceso son de simpatía chavista, y en todo momento han mostrado su apoyo al régimen. El hecho de no haber seguido el procedimiento establecido en las leyes para designar a estos magistrados hace que su elección sea nula de pleno derecho, y por lo tanto todas las decisiones judiciales que han tomado carecen de valor jurídico alguno.
Por este espurio acto, el chavismo se hizo con el poder judicial, ya que el TSJ de Venezuela es el equivalente a nuestro Tribunal Supremo. Controlarlo es, de facto, controlar a todo el poder judicial, ya que su jurisprudencia es la que han de seguir todos los jueces de inferior rango, no solo en cuanto a la interpretación de las leyes, sino sobre todo qué leyes han de aplicar.
Esta última cuestión no es baladí si tenemos en cuenta que el 1 de mayo de 2017, tras perder en las urnas de forma contundente el poder legislativo, Maduro dictó un Decreto en virtud del cual desposeía a la A.N.R.B. de Venezuela de todas sus facultades legislativas, y convocaba nuevas elecciones para establecer una Asamblea Nacional Constituyente, que se encargaría de elaborar una nueva Constitución a medida del PSUV. A día de la fecha la nueva Constitución de Venezuela no ha visto la luz. No obstante, caso de hacerlo, carecería del más mínimo valor jurídico, ya que la fuente de la que emana es íntegramente ilegítima.
La separación de poderes ha desaparecido en Venezuela
La base del Estado de Derecho es la separación de poderes. Esto fue teorizado por los franceses revolucionarios, subrayando la obra de Montesquieu El espíritu de las leyes. El objetivo primero y último de dicha separación está en evitar a toda costa la concentración del poder en una sola persona o institución. Como dijo Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuantas menos esferas de poder sea capaz de intervenir un sujeto, más limpio será. La naturaleza humana es proclive al abuso del poder cuando este se mantiene de forma prolongada en el tiempo.
Y esto es precisamente lo que han violado Maduro y el chavismo durante todo este tiempo. El poder que ha usurpado Maduro y su camarilla es total:
- El poder judicial controlado de forma ilegítima a través del TSJ, aplicando las leyes chavistas.
- El poder legislativo, también usurpado en la Asamblea Constituyente, del que han de emanar las normas que aplicará el TSJ.
- El poder ejecutivo, que ya venía ejerciendo con anterioridad.
Ante tal situación de ilegítima (y por lo tanto nula) concentración de poder, entra en juego lo dispuesto en los artículos 233 y 333 de la Constitución de 1999. En virtud de dichos artículos, «… (la) Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella», como es su derogación por la Asamblea Constituyente que pretende imponer Maduro. Como Maduro ha desobedecido el mandato del pueblo venezolano dado en la Constitución de 1999, ha hecho dejación de sus funciones. En tal caso, « Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.», el cual es a día de hoy Juan Guaidó.
Por esto mismo Guaidó es el verdadero Presidente legítimo de Venezuela, siendo ilegítima e ilegalmente autoproclamado Nicolás Maduro, y no al revés. Esto es muy importante dejarlo claro, ya que hay partidos como Izquierda Unida o Podemos que advierten que el Presidente Guaidó está dando un golpe de Estado, cuando en realidad lo que está haciendo es defenderse con los mecanismos que la Constitución le da del verdadero golpe de Estado que lleva dando el chavismo desde su llegada al poder.
Esperemos que la tensión se calme y la presión de la comunidad internacional haga desistir a Maduro de sus pretensiones más totalitarias. Los venezolanos se merecen vivir en libertad, prosperar, y no tener que soportar una cadena perpetua de miseria y hambre a la que les ha condenado el chavismo.
