Parece ser que los partidos no encuentran solución al atolladero político en el que se encuentra inmerso ahora mismo Andalucía. Hace ya casi dos meses que se celebraron las elecciones autonómicas y a día de hoy no ha sido posible formar un gobierno.
Muchos achacan el problema a la fragmentación del voto. Argumentan que, dado que las tendencias políticas actuales son tan divergentes es muy difícil, por no decir imposible, que se llegue siquiera a una mayoría simple necesaria para poder investir un nuevo Gobierno. Esto se viene dando desde hace hoy cuatro años, cuando el 15-M empezó a dar sus primero coletazos y fueron viéndose los primeros sollozos de movimientos y partidos nuevos que hoy en día ocupan la primera plana de la tertulia política.
Por otra parte, otros dan un enfoque más partidista. Afirman que todos los partidos quieren ocupar el sillón, pero bajo sus propias convicciones, las cuales quieren imponer a toda costa al partido que ha ganado las elecciones. Como era de esperar, cuando no se llega al consenso en los puntos que marcan la esencia de cada partido, comienza el revoloteo de acusaciones. Ahora voto abstención, pero luego voto que no, y puede que vote que sí. Y entre tanta cháchara y tanto ruido, el tiempo pasa rápidamente y la fecha límite que marca la ley para la formación del gobierno se acerca.
Claro está que el partido que ha ganado las elecciones, dado que lleva más de treinta años gobernando y tras la mala experiencia de la legislatura pasada, parece no estar dispuesto a coaliciones más allá de las coyunturales. Una postura, a mi juicio bastante razonable porque, queramos o no, no deja de ser el partido que más votos ha obtenido en las pasadas elecciones.
A fin de cuentas, tanto los que se postulan en pro del primer argumento como los que se postulan en favor del segundo, llegan a la misma conclusión: la culpa es del otro. Mi partido lo está haciendo bien, y todas estas dificultades se deben a egoísmos partidistas.
Observando la situación, me doy cuenta de una circunstancia que, aunque obvia que es, parece no estar sobre la mesa en el debate. ¿No será que lo que yerra en todo este asunto no son los comportamientos de los distintos partidos, sino el propio sistema de elección del gobierno?
Los partidos políticos, desde su primera existencia, tienden a actuar conforme a sus propios intereses. Y no por una cuestión, a mi modo de ver, antipatriótica o irresponsable como los más críticos argumentan. Cada partido tiene como verdaderas e infalibles sus ideas, antagónicas en muchos casos a los de los demás partidos. Por lo tanto, a la hora de actuar todos lo hacen en el sentido que dictan tales ideas, haciendo ver bastante lejos el acuerdo general para llegar a formar un gobierno estable. Y esto se vio la pasada legislatura con PSOE e IU al frente del gobierno andaluz. En muchos aspectos económicos y sociales, ambos partidos llegaron a consensos que permitieron arrebatar al PP el gobierno durante los anteriores cuatro años. No obstante, llegó un punto en el que las diferencias afloraron y la Presidenta no tuvo más remedio, dada la situación de tensión política existente en la Junta, que convocar elecciones anticipadas.
Entonces, si sabemos que los partidos políticos por naturaleza son diversos en su manera de actuar y de difícil convergencia debido a sus múltiples intereses, llegamos a la conclusión de que el problema en la no formación del gobierno no reside en los partidos políticos.
Por lo tanto, el problema ha de residir en otra parte. El sistema de elección de gobierno, a mi modo de entender, es lo que está fallando en todo este asunto. La Constitución española proclama la separación de poderes, pero al mismo tiempo la limita (Vid. Art. 99 CE) al establecer que el Presidente del Gobierno deberá ser investido de la confianza del Congreso de los Diputados. Este sistema se ha extrapolado a las CCAA, que en sus Estatutos de Autonomía reflejan del mismo modo cómo el Presidente es designado por el Parlamento autonómico.
Es decir, el poder legislativo elige directamente al presidente, que decidirá la composición de su gobierno. En la práctica, lejos de ser esto lo que proclamó en su día Montesquieu de un contrapeso de poderes, lo que se ha convertido en el pasado ha sido en un refuerzo de poderes, viendo cómo el partido que dominaba el Parlamento era el que gobernaba. Por no hablar ya de la elección del CGPJ, órgano supremo de gobierno de los Jueces y Magistrados. La separación de poderes murió. Y esta muerte venía achacada en gran parte al bipartidismo. Los dos grandes partidos eran los que controlaban todas las instituciones, ergo el poder siempre está en las mismas manos.
Pero, ahora que el bipartidismo parece desfallecer, se ve del mismo modo que la separación de poderes sigue igual de muerta, y que la ruptura del bipartidismo no la va a resucitar. Ya no es que el partido que domina en el Parlamento directamente pase a gobernar, sino que es por la propia fragmentación del Parlamento por lo que no se puede formar un gobierno. ¿Qué clase de democracia es la que el poder legislativo impide formar un poder ejecutivo? Está clara la vinculación y la ausencia de separación en este caso.
A mi modo de ver, la solución radica en la profundización de la propia democracia representativa. La forma de acabar con el bloqueo del gobierno, o la magnanimidad de un partido concreto durante cuatro años en el poder pasa por la distinción de las elecciones a los poderes del estado.
El Parlamento, según su concepción original, es el Poder Legislativo, encargado de la elaboración y aprobación de las leyes. El error, a mi juicio, vino cuando además de estas se le atribuyeron competencias fundamentales en la investidura del Gobierno. Pues, de este modo, el Poder Ejecutivo, encargado de –valga la redundancia- ejecutar y aplicar las leyes en el desenvolvimiento normal del país, deja de ser libre y pasa a estar subordinado a los intereses del partido que ostenta la mayoría en el parlamento o, como está ocurriendo ahora, deja de ser libre incluso para poder formarse, ¡incluso habiendo ganado las elecciones!
Debe haber elecciones parlamentarias y elecciones gubernamentales, distintas entre sí. Los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de un gobierno libre e independiente, cuya única responsabilidad ante el parlamento sea ejecutar las leyes que este elabore y apruebe. Esta responsabilidad, puede sin problema controlada periódicamente por el propio Parlamento y por los Jueces y Tribunales, que en la aplicación de las normas a los casos concretos puedan observar contradicciones entre normas de distinta jerarquía.
Si seguimos así nunca llegaremos a disfrutar de una democracia plena, cuyos poderes no interfieran más de lo que deben entre sí, que funcionen como contrapesos y no como obstáculos para su normal funcionamiento.
