El procès ya está tomando dimensiones surrealistas. Tras un vaivén y un pequeño coqueteo entre Puigdemont y el Gobierno en el que se prometían convocar elecciones a cambio de no aplicar el art. 155 CE, todo se fue al traste, y al final Puigdemont no convocó elecciones, declaró la independencia de forma unilateral (DUI) y el Gobierno acabó aplicando el art. 155 CE. Para el remate total, a los pocos días el ya cesado Puigdemont decide autoexiliarse a Bruselas. Según él, para internacionalizar un conflicto que atañe directamente a los Derechos Humanos del pueblo catalán.
Sinceramente, si hace un año alguien hubiera venido del futuro a decirme que ahora mismo Cataluña estaría intervenida y que Puigdemont estaría de viaje por Bruselas, yo me lo hubiera tomado a risa. Los acontecimientos políticos han ido desenvolviéndose de forma libre e inesperada, sin atender a ningún otro patrón que no sea el electoral.
Sin embargo, si esa misma persona del futuro me hubiera dicho que hoy habría siete exconsejeros en prisión provisional y otros cuatro en busca y captura internacional, sí me lo hubiera creído. Y la razón es muy simple: en los Estados de Derecho modernos, existen unas normas públicas accesibles a todos los ciudadanos. En nuestro caso, solo hace falta echar un ojo al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adivinar que antes o después los artífices del progresivo golpe de Estado iban a terminar a la sombra.
Y es que, a diferencia de lo que siempre se ha afirmado por los juristas y politólogos, en los Estados de Derecho (y particularmente en España) no existen tres poderes. La noción de legislativo, ejecutivo y judicial está bien para los manuales de los estudiantes de primero de Derecho que se inician en estos menesteres. Pero no es real.
Los dos poderes del Estado que existen son el político-jurídico y el jurídico-político. Además de estos dos poderes institucionales está el poder socioinformativo, que evidentemente influye de forma determinante sobre los otros dos. Pero el análisis de este último lo dejaremos para otro día.
Aunque tengan nombres parecidos y puedan confundirse, la relación que existe entre ellos a la hora de tomar decisiones es nula. En los Estados de Derecho modernos, el poder jurídico-político no se somete a ningún mandato del poder político-jurídico. Pasamos a ver cuáles son.
El poder político-jurídico
El poder político-jurídico está compuesto por el Gobierno y el Parlamento (ejecutivo y legislativo). Esto es así porque, desde la misma elección del Presidente del Gobierno, el Parlamento tiene una función esencial. Todas las decisiones que se toman en estas dos instituciones del Estado están coordinadas bajo un único paraguas ideológico. El Gobierno no puede tomar ninguna decisión que contraríe los deseos del Parlamento, o si no corre el riesgo de ser destituido.
Este poder es eminentemente político, porque toma sus decisiones con un ojo puesto en las siguientes elecciones. Cada cuatro años hay que renovar Parlamento y Gobierno, y tomar alguna decisión desacertada puede hacerles perder votos. Como poder político, su función es solucionar los problemas políticos. Pero, este poder también tiene una misión jurídica. Al fin y al cabo, es en el Parlamento donde se aprueban las leyes y son los gobiernos los que las ejecutan. Pero en tiempos de zozobra política, este carácter jurídico pasa a un segundo plano. Los ciudadanos no esperan grandes leyes que solucionen todos los problemas del país. Esperan diálogo, entendimiento y puentes entre diferentes.
El poder jurídico-político
El poder jurídico-político es de una naturaleza completamente diferente al anterior. No somete sus decisiones a la voluntad popular (no de forma directa) porque no tiene que presentarse a unas elecciones. Todos los caminos seguidos por este poder son los estrictamente marcados por el Derecho. Salirse de él puede hacerles prevaricar y ser expulsados de su puesto, o si no que le pregunten al Juez Garzón.
Evidentemente, me estoy refiriendo a lo que hoy conocemos como Poder judicial. Este poder tiene como objetivo último hacer que las leyes del Estado se cumplan. No mira por los intereses electorales de nadie, ni atiende a imposición o sugerencia de nadie que no sea su propia conciencia y buen hacer jurídico. Si toma una decisión, la toma con base en la ley y en los principios generales del Derecho.
Pero este poder, al tomar sus decisiones aunque no lo busque, también genera repercusiones políticas. En mayor o menor grado, cuando un Juez toma una decisión siempre habrá gente que esté a favor y gente que esté en contra. Si la situación es muy grave, la decisión judicial se acaba politizando.
El encarcelamiento del Gobierno cesado
El encarcelamiento de los miembros del Gobierno cesado de Cataluña ha sido una decisión tomada por una Juez con base en criterios estrictamente jurídicos. Por supuesto, se puede estar más o menos de acuerdo en los criterios interpretativos utilizados por la Juez para enviar a prisión a este grupo de personas. Hay juristas que suscriben completamente el Auto de la Juez Lamela, mientras que hay otros que piensan que está completamente errado.
Por supuesto que el problema generado por el procès no se va a solucionar con encarcelamientos. De hecho, lo más posible es que se agrave. Los nacionalistas ya tienen un mártir público. Este problema lo tiene que solucionar el poder político-jurídico, buscando dialogar y reconstruir unas relaciones políticas y sociales totalmente fracturadas. Para ello, antes o después, habrá que reformar la Constitución.
Los encarcelamientos son producto de una decisión jurídica, y el no reformar la Constitución de una decisión política. La grave no es la primera, es la segunda. Hemos de ser consecuentes con nuestros actos y saber que si practicamos acciones constitutivas de delito, aunque mucha gente esté de acuerdo con ellas, seguirán siendo delito. Y casi con total seguridad el poder jurídico-político intentará reprenderalas.
Pero igual que tenemos que ser consecuentes, también debemos ser críticos. Es evidente que el poder político-jurídico no ha hecho su trabajo, y que hemos llegado a una situación insostenible. Centremos nuestro foco de atención en los actores que tiene la culpa de este desaguisado y no en quienes tienen que aplicar la ley. De no ser así, estaremos socavando la esencia de un Estado de Derecho: la división de los dos poderes.
