La compra del Banco Popular por el Santander a cambio de la simbólica cantidad de 1 euro ha dado mucho que hablar. Con mucha sorna y poca seriedad se ha tratado este asunto por parte de la izquierda más radical de este país, lanzando a la opinión pública mensajes tan banales como que para facilitar la concentración de capitales en las manos de unos malvados señores con sombrero de copa y bigote blanco, el Estado ha obligado a unos pobres e indefensos accionistas a perder todos sus ahorros. En este artículo explicaré porqué esto no ha sido así, y qué hemos aprendido con respecto al rescate financiero de 2012.
En primer lugar, hemos de diferenciar dos conceptos que en este asunto son esenciales:
- Bail-out: supone la capitalización de una entidad financiera a través de la inyección de recursos de un agente externo a la misma, generalmente el Estado. El Estado se hace propietario del 51% del banco y asume todas las deudas que este tiene contraídos. De este modo, el riesgo se socializa y somos todos los contribuyentes los que cargamos con las consecuencias de una mala gestión de una empresa privada.
- Bail-in: son los propietarios, bonistas y depositantes los que asumen las consecuencias de una mala o buena gestión por parte de la entidad. El riesgo de las decisiones empresariales queda restringido al ámbito privado empresarial.
Una vez sabemos qué es cada cosa, estamos capacitados para afirmar que el rescate y posterior liquidación que ha sufrido el Popular ha sido un Bail-in, que se ha articulado a través del Mecanismo Único de Resolución (MUR). En virtud de este, quienes han asumido los costes de la mala gestión empresarial que ha hecho durante los años anteriores a la crisis y durante la crisis han sido los accionistas, los propietarios de bonos convertibles contingentes (CoCos) y los propietarios de deuda subordinada. Estos han sido obligados a vender sus activos por el precio de 1 euros al Grupo Santander.
El Banco Santander, que fue la única entidad que se ofreció a pujar, tiene que hacerse cargo ahora de un pasivo que se estima ronda entre los 2000 y 8000 millones de euros. Evidentemente, el hecho de venderse la entidad por 1 euro no es más que la excusa para asumir tal cantidad de deudas, quedando bajo su responsabilidad la gestión de los depósitos de los antiguos clientes del Popular y la planificación de la plantilla de trabajadores.
Una máxima del capitalismo es que quienes asumen los riesgos de una inversión han de asumir también las consecuencias.
Esta operación dista mucho de la que vivimos en 2012 con el rescate de las Cajas de Ahorro. En aquel caso se utilizó la fórmula del Bail-out. El Estado inyectó unos 45000 millones de euros de dinero público en las entidades insolventes a fin de que estas no acabaran quebrando. Con ese mecanismo todos los ciudadanos nos hicimos cargo de varias entidades mal gestionadas por políticos y asumimos los riesgos sin que ni siquiera se nos consultara. Ayer el Banco de España reconoció que el 70% de esas ayudas jamás se devolverán, por lo que la mala gestión de una empresa con capital privado la hemos asumido todos los ciudadanos con nuestro dinero. La entidad que más capital necesitó fue Bankia, en la que se inyectaron más de 24000 millones.
Como es fácil adivinar, las diferencias entre lo que ocurrió en 2012 y lo que ha pasado con el Popular son notables. Una máxima del capitalismo es que quienes asumen los riesgos de una inversión han de asumir también las consecuencias. O dicho de otro modo, quienes se juegan su dinero tienen que soportar las hipotéticas pérdidas o las posibles ganancias. Lo que no es admisible en ningún caso es que, cuando el inversor obtenga ganancias, el Estado se despreocupe por completo de la entidad y que cuando por el contrario obtenga pérdidas, obligue a todos los ciudadanos a cubrir los costes de una inversión no rentable o mal gestionada. Se crean de esta forma incentivos perversos para acometer inversiones de dudosa viabilidad.
La excusa de que el sector financiero es tan importante que tiene que ser rescatado sí o sí se ha descubierto completamente falsa. Con la resolución del Popular se ha visto que sí hay alternativa al rescate público y que no es necesario obligar a los ciudadanos a compensar las malas decisiones de directivos irresponsables. Quienes han perdido todo han sido aquellos que voluntariamente confiaron en la gestión de la junta directiva. Ahora es un trago amargo el que han de pasar, pero igual que legítimamente no compartían la rentabilidad de sus bonos o acciones con el resto de la comunidad, sería ilegítimo que sí tuviéramos que compartir las pérdidas.
Con la resolución del Popular se ha visto que sí hay alternativa al rescate público y que no es necesario obligar a los ciudadanos a compensar las malas decisiones de directivos irresponsables.
Lo único que nos queda ahora es ver el contagio que pueden sufrir otras entidades financieras. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha prohibido las operaciones en corto de Liberbank ante la gran volatilidad que estaban sufriendo sus acciones tras el suceso del Popular. Esto es mirar al dedo cuando este está señalando a la luna, porque lo que ha puesto de manifiesto este caso es que ciertas formas de hacer banca de forma irresponsable no son aptas para competir en el mercado financiero tras la eliminación del gran riesgo moral introducido en 2012 con los rescates públicos. Quizás Liberbank sea la siguiente entidad en pasar por las manos del MUR, o no.
