Publicado originalmente en Ad Absurdum.
Para muchos la prohibición de las corridas de toros en la actualidad es un supuesto impensable, para muchos otros es una necesidad moral. Sin embargo, lo que la mayoría ignora es que las reivindicaciones por el fin de este espectáculo es una realidad prácticamente desde sus propios orígenes. Advertimos que para leer esta entrada se deben dejar a un lado los prejuicios: vais a leer argumentos que parecen de plena actualidad y que sin embargo se esgrimían siglos atrás.
Aunque algunos se remontan a la Edad del Bronce y a Micenas, los espectáculos taurinos como hoy los conocemos se consolidan a partir del siglo XIII en los territorios peninsulares bajo dominio cristiano. Y tenemos conocimiento de las primeras referencias negativas por parte de la religión ya en ese mismo siglo, y más concretamente en el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, donde desaconseja a los clérigos cristianos asistir a las corridas de toros, y califica de inmoral a los toreros que cobran por lidiar. En la misma línea, en el siglo XVI, la Iglesia Católica desaconsejó al clero asistir a los espectáculos taurinos en distintos sínodos (Burgos, 1503; Sevilla, 1512; Orense, 1539; Oviedo, 1553). Aunque en estos casos la condena se hacía en el mismo sentido que la condena a los juegos de azar, los bailes, etc. En cualquier caso, algunos textos ya dejan entrever el rechazo al toreo llegando a calificar al torero de persona indigna y deshonrosa.
Así pues, el antitaurinismo estuvo en sus orígenes ligado a la Iglesia Católica, y quizás el mejor ejemplo de ello sea Pío V, que en 1567, promulgó una bula que condenaba ipso facto a excomunión a todos los asistentes a todos los príncipes cristianos que celebrasen corridas de toros. Su sucesor levantó la excomunión, pero Sixto V restableció la medida para que, de nuevo su sucesor, levantase la prohibición. En aquellos años llegaron incluso a producirse roces entre la Corona Española y el Papado, al desoír los primeros las instrucciones de los segundos. De hecho, aquí ya podemos encontrar uno de los típicos argumentos taurinos más típicos en boca del rey Felipe II, que en respuesta a una petición de prohibir las corridas en España, respondió lo siguiente: “que en quanto al correr de los dichos toros, esta es una antigua y general costumbre destos nuestros Reynos, y para la quitar será menester mirar más en ello, y ansí por agora no conviene se haga novedad.” En aquellos siglos, aunque no se llevaron a cabo prohibiciones civiles de las corridas, algunos monarcas y gobernadores sí que tomaron medidas para evitar la muerte del toro o para disminuir los daños al animal.
Las prohibiciones más duras vinieron de mano de Carlos III y de Carlos IV, que llegaron incluso a dar orden de cesar todas las licencias (curiosamente, a excepción de Madrid). Ambos monarcas estuvieron muy influidos por los ilustrados del momento, el primero por el conde de Aranda, y el segundo por Godoy, que en sus memorias esgrimió otro argumento aún muy citado, el del “pan y circo” al referirse a la restauración posterior de las corridas: “Arribados mis enemigos a la plenitud del poder, restablecieron estos espectáculos sangrientos… No se dio pan a nadie, pero se dieron toros… las desdichadas plebes se creyeron bien pagadas”.
Pero sin duda, uno de los mayores críticos con la tauromaquia y que más influencia tuvo en este ámbito, fue el ilustrado español Vargas Ponce, que llegó a decir que las corridas de toros dejaban “una juventud atolondrada, falta de educación como de luces y experiencias, los preocupados que la encarecieron sin hacer uso de la facultad de pensar, los viciosos por hábito, hambrientos siempre de desórdenes y, en una palabra, la hez de todas las jerarquías”.
En contra de lo que se pueda pensar, la llegada del francés José Bonaparte al trono de España no supuso una continuidad al proceso antitaurino, sino que durante su breve reinado se favoreció la celebración de corridas, quizás en un intento por ganarse la simpatía de los españoles.
Aunque el decreto de 1805 de Carlos IV nunca fue derogado, tras la Guerra de Independencia la prohibición fue totalmente ignorada a nivel popular pero también a nivel institucional. En la segunda mitad del siglo XIX, se registraron varias peticiones de prohibición en las Cortes, siendo el más insistente el marqués de San Carlos, que no solo pedía la prohibición de las corridas, sino también de “las algaradas o diversiones de acosar toros con vara larga en campo abierto o en el monte”. Llama la atención también en esta época que en Cádiz, que curiosamente se convirtió en capital del antitaurinismo durante todo el siglo XVIII, la Sociedad Protectora de Animales de Cádiz convocó en 1875 un concurso de trabajos contra la fiesta de los toros.
Tampoco la Segunda República logró volver a prohibir estos espectáculos pese a un intento inicial en forma de orden que prohibía las corridas por “razones de humanidad y porque el Gobierno de la República tiene que cumplir una misión de cultura”, y permitía a los gobernadores civiles destituir a los alcaldes que celebrasen corridas en sus localidades, pero un año después, se recuperó la fiesta siempre que fuera en recintos cerrados y con toreros profesionales.
Así pues, no encontramos ninguna prohibición efectiva desde la de Carlos IV hasta tiempos recientes, cuando Cataluña aprobó la iniciativa legislativa popular que prohibió los toros en la comunidad autónoma. Pero todo esto viene a demostrar que, desde luego, el debate sobre la prohibición de los toros no es un tema de actualidad en exclusiva, sino que viene de muy atrás, y a menudo de quien menos cabría esperar.
Bibliografía:
- SÁNCHEZ-OCAÑA VARA, A. L. (2013): “Las prohibiciones históricas de la fiesta de los toros”, en Arbor, vol. 189, nº 763, ed. CSIC.
- BADORREY MARTÍN, B. (2009): “Principales prohibiciones canónicas y civiles de las corridas de toros”, en Provincia, nº 22.