La suspensión del autogobierno catalán es un error histórico del Estado que regala al independentismo el relato de la opresión.
La propuesta del Consejo de Ministros de cese del Presidente de la Generalitat y de todo el Govern, utilizando un mecanismo constitucional ambiguo y poco garantista, supone una injerencia tan extrema en el sistema institucional de nuestro país que más que solucionar el problema catalán, lo agrava hasta límites insospechados. Los errores políticos suelen tener detrás una incorrecta valoración de los efectos simbólicos y comunicativos de las medidas adoptadas.
El Estado de Derecho no es el fin. La garantía imprescindible del Estado de Derecho es el medio para hacer posible la articulación democrática de las sociedades. Una ceguera positivista puede generar un problema de legitimidad política que tardaríamos años en resolver, toda vez que el pacto social ha sido roto por las élites catalanas y españolas. La mayoría de los catalanes (aproximadamente un 60%) no quiere que el Procès acabe con una declaración de independencia y sí con un proceso negociado que aborde, de verdad, la renovación de los límites del autogobierno catalán.
¿Nadie ha pensado que los rupturistas querían precisamente la radicalidad legalista de Madrid? Si queremos derrotarles, porque creemos en un proyecto de España unida en la pluralidad de los pueblos, tenemos que jugar este desafío en el mismo campo de batalla, que no es otro que el comunicativo. El Gobierno de España como un niño pequeño ha caído en las provocaciones del movimiento rupturista permitiendo el encuadre perfecto para que las fuerzas de los extremos nacionales salgan ganando, a costa de un enfrentamiento social preocupante.
La intervención del Estado en Cataluña legitima, para el sistema de creencias independentista, una declaración unilateral de independencia como única vía posible. Poner en marcha el 155 no actúa contra políticos concretos que hayan podido incurrir en incumplimientos legales, al contrario, transmite un ataque íntegro a la comunidad catalana, cuando lo más necesario ahora era visualizar cómo Cataluña puede tener garantizada su identidad e independencia en un sistema político español que combate la división con ingeniería constitucional pluralista.
De todos los escenarios posibles, la elección del Gobierno ha generado el más negativo para la convivencia. Una respuesta dura, directa al centro de las instituciones, asienta el relato de que a España no le importa lo que los catalanes sentimos, ni lo que queremos, relato que el propio Rajoy generó cuando mandó a Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría a presentar un recurso contra el Estatuto de 2006 basado en una supuesta vulneración por parte del texto del espíritu constitucional al crear un modelo federal asimétrico cuando precisamente ésta, junto a la posibilidad de reconocimiento nacional, eran una de las expresiones más claras de la voluntad constituyente.
El Estado de las Autonomías crea sujetos populares soberanos en el imaginario colectivo (efectos simbólicos de la articulación institucional). Suspender el proceso político lógico y casi teleológico creado con la dotación de órganos de decisión, hace prácticamente inválido el consenso político de 1978. A los efectos comunicativos de la decisión, se suma una serie de dudas infinitas sobre las adecuación legal del paquete de medidas, algunas tan controvertidas como el control de los medios de comunicación públicos o de la jefatura de los Mossos. Incluso considerando que las medidas de injerencia tienen parapeto legal, ¿para qué sirven? El control institucional para preparar unas elecciones que nadie se tomará como arena limpia, en las que se corre el proceso de que muchos actores representativos ni siquiera concurran, eliminándoles validez, no soluciona ningún problema. Unas instituciones y una legalidad con una amplia desconexión respecto a la voluntad popular nos acerca a un modelo de Estado fallido por áreas. No se trata de que la Ley esté al servicio de una minoría con impacto mediático, pero más allá del independentismo, lo que a nadie se le debe escapar es que la gran mayoría de la sociedad catalana, rechaza esta decisión política excepcional de Rajoy.
Hay que parar al independentismo abriendo un debate sincero sobre el modelo de país que nos conviene, desde la Ley sí, pero con voluntad radical de cambio, no con titulares simplistas como la promesa federalista, sí con reformas profundas. El 155 no logra frenar el desafío, al contrario, refuerza a los rupturistas y debilita a nuestro sistema democrático e institucional. El unionismo insensible nos condena a la peor España posible y tratándose de nuestro país no nos lo podríamos perdonar jamás.