En el ámbito de las relaciones internacionales es un panorama complicado: España estaría reconociendo de facto que la justicia marroquí comete arbitrariedades y no respeta los derechos más básicos de un Estado de Derecho, como el habeas corpus o el derecho a la tutela judicial efectiva. Los juicios contra activistas saharauis a menudo se hacen sin que éstos estén presentes en el juicio y puedan defenderse, se les acusa bajo testimonios falsos y, en muchos casos, tras confesión bajo tortura (tal y como relatan los numerosos informes de los observadores internacionales que han acudido a juicios contra presos políticos saharauis en Marruecos). En este caso, conceder asilo político para Hassanna, condenado a cadena perpetua, sería reconocer públicamente que Marruecos vulnera sistemáticamente los Derechos Humanos en su territorio, lo cual supodría entrar de lleno en la cuestión acerca del Sáhara Occidental, un tema que es tabú para las autoridades españolas e internacionales.

En conclusión, al gobierno de España no le interesa lo más mínimo entrar en polémicas con su vecino magrebí, con el que tiene importantes acuerdos comerciales y que además hace de «policía fronterizo» para la Unión Europea y los países del espacio Schenghen. Por desgracia, este es uno de esos casos en los que la diplomacia y la economía va por delante del respeto a los Derechos Humanos…